Oficina de la ONU para los D.H. en Colombia pide explicaciones
A través de una carta en la que resalta su preocupación y recuerda que existe un acuerdo vigente con el Gobierno, la oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos le pidió al procurador general de la Nación, Edgardo José Maya Villazón, asumir el poder preferente e investigar 37 casos de aparentes ejecuciones extrajudiciales de personas que, en la mayoría de casos, han sido presentadas como guerrilleros muertos en combate.
La directora encargada de la oficina en Colombia, Carmen Rosa Villa, expresó en su misiva que en algunos casos se vislumbra el propósito de "dar muerte arbitraria a personas socialmente estigmatizadas", y que causa preocupación el hecho de que las investigaciones de varios de los episodios reportados hayan sido asumidas por la jurisdicción penal militar, con desconocimiento de los principios internacionales y de la propia Constitución colombiana.
La relación de casos documentados por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas en Colombia, apoyada en "informaciones dignas de crédito, contrastadas con otras fuentes y observación directa", tiene que ver con supuestas ejecuciones extrajudiciales atribuidas a miembros del Ejército durante el año 2005 y los primeros meses de 2006. Los hechos ocurrieron en ocho departamentos del país y uno de los episodios reportados sucedió en el Distrito Capital de Bogotá.
Según la carta enviada al Procurador, la oficina de la ONU en Colombia le pide al Jefe del Ministerio Público ejercer el poder preferente consagrado en el artículo 277 de la Constitución, y que intervenga procesalmente en las actuaciones, "a fin de defender el orden jurídico y los derechos fundamentales de las víctimas". La oficina reiteró que en ningún caso una ejecución extrajudicial puede considerarse como "un delito en relación con el servicio".
El caso en Bogotá tiene que ver con la muerte en el área de San Juan del Sumapaz de los jóvenes campesinos Javier Cubillos Torres, Wílder Cubillos Torres y Heriberto Delgado Morales. La versión del Ejército es que eran guerrilleros y fueron muertos en combate en marzo de 2005. La información recibida por la ONU es que desaparecieron de la zona donde habitaban y sus cadáveres fueron encontrados en la morgue de Fusagasugá, una semana después de su deceso.
Los cuerpos de las víctimas estaban en bolsas plásticas, desnudos e indocumentados, y personal del Ejército los reseñó como muertos en combate. No obstante, no hay hechos que respalden esa afirmación. Hasta junio de 2005, el caso se encontraba en el Juzgado 69 de Instrucción Penal Militar, pero la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía le solicitó a este juzgado que le remitiera las diligencias, planteando una colisión de competencia judicial.
Otros dos casos reportados a la Procuraduría ocurrieron en el departamento de Bolívar. El primero en inmediaciones del municipio de Tiquisio en febrero de 2005, cuando fue muerto Éver Darío Benavides Roget, presentado como guerrillero del Eln muerto en combate. Según informaciones recogidas por la ONU, soldados vestidos de civil lo detuvieron en la carretera y luego le dispararon al borde de la vía. El expediente lo conoce un juzgado penal militar.
El otro episodio ocurrió en mayo de 2005 en la vereda Canónico, del municipio de Río Viejo, donde murió Gregorio Sajonero Estrada, quien fue sepultado como N.N. Por reiterada solicitud de sus familiares, se exhumó el cadáver y presentaba tres impactos de bala. Un testigo acusó a miembros del Batallón Nº 4 de la Segunda Brigada. El expediente está en un juzgado penal militar, pero hay quejas ante la Procuraduría y denuncia formal ante la Fiscalía.
El caso más reciente tiene que ver con la muerte de Hermes Sibo Velandia, ocurrida en marzo de 2006, en el municipio de Támara, Casanare. Según la madre de la víctima, los responsables de su muerte fueron soldados de la Brigada XVI, y según la oficina de la ONU, existen testigos del hecho. Las autoridades militares han manifestado desconocer completamente el caso. En la actualidad no se sabe si exista una investigación judicial sobre el episodio.
En términos generales, los 37 casos documentados guardan similitudes en cuanto a los hechos. Cuatro ocurrieron en Arauca, en los municipios de Saravena y Fortul, donde perdieron la vida Antonio Cheneque, Orlando Santos, Mario Buitrago, Cristian Buitrago, José Osía Rincón y Alirio Sepúlveda. De igual modo, en el Caquetá hay documentados tres casos, ocurridos en San Vicente del Caguán. Las víctimas fueron Luis Darío Franco, José Vidal y Eicenover Montoya.
En Norte de Santander la relación alude a tres episodios y ocho víctimas. Los dos primeros casos tienen que ver con la muerte de Luis Francisco Ricardo, Edison Martínez y Edith Salcedo, y el caso más grave ocurrió en el corregimiento de Oripaya del municipio de Cúcuta, donde murieron Agustín Celi, Henry Serrano, Édgar Barreto, Carlos Ortiz y Eduardo Solano, quienes según el Ejército eran paramilitares y murieron en un cruce de disparos con la tropa.
Las situaciones más críticas se presentan en el departamento de Antioquia, con quince casos reportados, y seis en el departamento del Chocó (ver recuadros). Los casos restantes fueron referenciados en Gigante, Huila, donde murió Arbey Pascuas Mora, y en el Casanare, donde perdió la vida Siervo Fernández. Para la ONU, la relación de casos es grave, pues en su último informe ya había advertido sobre el aumento significativo de ejecuciones extrajudiciales.
El caso del Chocó
Seis episodios reportó la oficina de la ONU ocurridos en el Chocó. El primer caso, por la muerte de David Mosquera, cerca de Quibdó, en crimen atribuido a miembros de la IV Brigada. El segundo, por la muerte de Pedro Murillo en Jiguamiandó, presuntamente por acción de miembros de la Brigada XVII. El tercero en Quibdó, donde murieron Octavio Espinosa y Erlin Ortiz. Todos los casos fueron reportados como guerrilleros muertos en combate.
Los tres casos restantes tienen que ver con la muerte de Julián Guevara, en la cabecera municipal de Lloró; de John Javier Salazar, ocurrida en el municipio de San José del Palmar, y de William Arriga, Yeferson Moreno, Frannery Arboleda y Hamilton Moreno, ocurridos en el municipio de Condoto. La mayoría de casos los conoce la Fiscalía General de la Nación pero aún hay expedientes que siguen en la justicia penal militar.
Situación en Antioquia
Entre enero y marzo de 2006 ocurrieron 15 episodios de presuntas ejecuciones extrajudiciales, que dejaron como saldo 24 personas muertas. El primer hecho ocurrió en enero en el municipio de Montebello, donde perdieron la vida los vendedores ambulantes Edimer Hernández, Ricardo Jaramillo y John Jairo Guzmán. El caso es investigado por una jueza de instrucción penal militar y están sindicados miembros del Batallón Pedro Nel Ospina, de la IV Brigada.
Otros episodios relacionados en el informe de la oficina de la ONU tienen que ver con la muerte de Edilberto Vásquez en San José de Apartadó, presuntamente atribuida a miembros de la XVII Brigada; de Ómar Torres y Nelson Zamara muertos en Ituango; de Hernán Darío Galeano, muerto en Cañasgordas; de Ramiro Agudelo en Marinilla, de Víctor Manuel Molina y Eusebio Duque en Nechí, de Susana Galeano en Argelia, de Justino Quintero en Cocorná y de Nelly Durango en San José de Apartadó.
Asimismo, se reporta la muerte de Duvián López en Ituango, de Juan Guillermo Vallena en Abejorral, de John Jairo Gómez en Bello, de Óscar Muñoz y Raúl González en Medellín, y de Isaías Moreno y Mauricio Parra también en Medellín. En todos los casos, la versión del Ejército es que fueron sujetos dados de baja en combate. Y la mayoría de esta relación de casos está investigada por la justicia penal militar.
El episodio más grave tuvo lugar en Angostura, en marzo de 2006, donde perdieron la vida Daniel Piedrahíta, Edison Galeano, Alberto Londoño y Juan Darío Arroyave. Según la información, estas personas fueron sacadas por los militares de sus casas en distintas veredas y aparecieron muertas cerca del basurero de Yarumal. Según el Ejército, eran guerrilleros del frente 36 de las Farc y murieron en combate. La Fiscalía y la Procuraduría investigan el caso.
Publicación: El Espectador(Bogotá)
Fecha: 12 Junio 2006
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