Los mandatarios locales solían aducir razones presupuestales para delegar la solución del problema al Gobierno Nacional.
La Ley 1190, sancionada por el presidente Álvaro Uribe y que declaró el 2008 como el año de la promoción de los derechos de los desplazados, no plantea derechos adicionales para los aproximadamente 2 millones 500 mil desterrados por la violencia del país, sino que hace énfasis en la coordinación de los entes territoriales para prevenir y mejorar su situación.
La Ley, impulsada por la senadora Marta Lucía Ramírez,
exige planes integrales únicos de atención a la población desplazada.
La Ley busca una coordinación entre las política nacional y la de los gobiernos locales, especialmente para que se incluyan programas de atención a la población desplazada como prioridad en los planes de desarrollo, con partidas presupuestales concretas, según explicó la senadora Ramírez.
Se espera que con esta norma sea más notorio el impacto de los recursos asignados por el Gobierno, que ha multiplicado por 6 la inversión para los desplazados desde el 2005, por exigencia de la sentencia T-025 de la Corte Constitucional.
Precisamente, la agencia presidencial de Acción Social destacó que se esté reconociendo el esfuerzo del Gobierno frente al tema.
Compromete a empresa privada
También el sector privado deberá asumir compromisos económicos, sobre todo en generación de ingresos. La Ley da derecho a las organizaciones de desplazados para participar en el diseño de estrategias regionales.
Gustavo Valdivieso, vocero de la Agencia para los Refugiados de Naciones Unidas (Acnur), manifestó que "en la medida en que se logre mejorar la coordinación y se haga realidad la participación del sector privado, se habrá dado pasos importantes para que las personas desplazadas sientan el efecto de la gestión pública".
También Jorge Rojas, de la Consultoría para el Desplazamiento Forzado y los Derechos Humanos (Codhes), destaca la Ley porque descentraliza la política pública para el tema.
Sin embargo, llama la atención sobre el hecho de que dos leyes en los últimos diez años lo que demuestran es que hay una persistencia del desplazamiento.
Y adelanta cifras sobre el informe que Codhes presentará la próxima semana acerca del comportamiento del fenómeno en el primer trimestre de este año.
Estas dicen que 113.053 personas se desplazaron en los tres primeros meses, 18 por ciento más que en el mismo periodo del 2007.
Lo que cambia con la ley
ASÍ ERA ANTES
Había planes Integrales Únicos de Atención a Población Desplazada, pero no en todas las regiones.
No había articulación entre Planes Integrales Únicos, Planes de Desarrollo y presupuesto.
Solo en algunos municipios había participación de organizaciones de la población desplazada en el diseño de estrategias.
La participación del sector privado era por iniciativas individuales.
ASÍ SERÁ AHORA
Estos planes son obligatorios y con la participación del Mininterior, Acción Social y Planeación Nacional. Se articulan los tres.
Es obligatoria la participación de estas organizaciones en el diseño de estrategias para el nivel territorial.
La participación del sector privado será política de todas las entidades que conforman el Sistema de Atención a la Población Desplazada.
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Publicación: El Tiempo(Bogotá)
Fecha: 5 Junio 2008
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