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Los retornados nigerianos se enfrentan a falta de albergue, retos económicos y escasez de alimentos

Notas de prensa

Los retornados nigerianos se enfrentan a falta de albergue, retos económicos y escasez de alimentos

23 Septiembre 2016 Disponible también en:

Mientras el Gobierno nigeriano sigue recuperando áreas que antes controlaba Boko Haram y facilita el retorno de miles de personas a sus hogares en el noreste del país, la magnitud de los daños es cada vez más evidente y están surgiendo nuevos retos humanitarios.

Desde finales de agosto, el Gobierno ha facilitado el retorno de varios miles de personas desde Maiduguri, la capital del estado de Borno, a las ciudades de Dikwa, Konduga y Mafa. Las autoridades locales han comunicado que el martes reubicaron 1.120 personas en Dikwa y que están previstos más traslados a lo largo de los próximos días y semanas.

Algunos de los desplazados internos en Maiduguri han realizado breves visitas a sus hogares con la asistencia del gobierno para evaluar la situación. Uno de esos grupos, originario de Mafa, apuntó que estaban preparados para volver de manera permanente tan pronto como el gobierno organizase otro convoy con escolta armada.

No obstante, algunos han decidido permanecer en Mafa y no regresar a Maiduguri. Estos retornos facilitados se están organizando principalmente hacia las ciudades, ya que la situación de seguridad en los pueblos sigue siendo sumamente incierta. En este sentido, se está aconsejando a todos aquellos que regresan a pueblos y aldeas que permanezcan en un radio máximo de 15 kilómetros de las ciudades.

Los retos son inmensos para aquellos que retornan, tal y como pudo observar ACNUR durante una reciente visita a la ciudad de Gwoza, situada a unos 150 km al sudeste de Maiduguri, y a la que se puede acceder desde hace poco tiempo. La mayor parte de sus 300.000 habitantes huyó a Maiduguri entre 2015 y 2016 para escapar del régimen que durante 8 meses mantuvo Boko Haram en la ciudad, así como de los combates posteriores. Hoy, las autoridades locales afirman que 70.000 personas (retornados y desplazados internos de pueblos vecinos) han regresado desde que se recuperó la ciudad el pasado marzo.

Al volver, los desplazados se han encontrado una ciudad muy dañada, arrasada en un 70%. Aunque el gobierno ha comenzado la reconstrucción de infraestructuras –como el hospital – y que organizaciones como UNICEF y MSF están ofreciendo asistencia sanitaria, algunos retornados y desplazados de otras zonas están viviendo donde pueden. Esta situación podría ocasionar problemas en un futuro, a medida que la población retorne a Gwoza y encuentre sus casas ocupadas por extraños.

ACNUR, la OIM (Organización Internacional para las Migraciones) y otras organizaciones socias trabajan con las autoridades para ofrecer asistencia en materia de albergue. ACNUR está ayudando a desarrollar un nuevo campamento para las que personas desplazadas que ya están llegando a Gwoza encuentren albergue. Actualmente hay tres campamentos para desplazados internos en Gwoza que son gestionados por el ejército.

El bienestar de los niños también es motivo de preocupación. Muchos padecen deshidratación y malaria, si bien UNICEF, MSF y los militares está proporcionando asistencia médica. UNICEF ha levantado dos tiendas de campaña de gran tamaño que están funcionando como aulas, aunque ya han superado su capacidad al estar acogiendo a 130 alumnos por tienda. Solo unos pocos profesores han vuelto y los soldados están enseñando inglés a algunos niños en Gwoza y en otras zonas.

En general, según los comentarios que ha recibido ACNUR por parte de la población retornada, estos se sienten seguros en Gwoza con la presencia militar. No obstante, muchos no están preparados para regresar a sus hogares, por lo que ACNUR reitera que el retorno debe ser voluntario y que las personas deben contar con la suficiente información sobre la situación en su hogar para así poder tomar una decisión fundada sobre su posible retorno. ACNUR ha redactado un marco normativo de actuación sobre los retornados que pone de relieve este aspecto y lo está analizando con el gobierno y otros socios, a fin de buscar apoyo para su desarrollo y sus fines.

Muchas personas en Maiduguri y en zonas de reciente acceso en el estado de Borno han puesto en conocimiento de ACNUR su preocupación por la situación de seguridad, la escasez de alimentos, las constantes perturbaciones económicas y el acceso limitado a alimentos, agua, albergue e infraestructuras sanitarias. La temporada de siembra ya ha terminado y las familias temen no disponer de comida suficiente para satisfacer sus necesidades, a pesar de que el gobierno proporciona a los retornados 25 kilos de arroz y otros productos básicos. El PMA también proporciona alimentos.

Otros están desanimados por la presencia de minas terrestres y artefactos explosivos improvisados, lo que unido a la inseguridad en las carreteras más importantes, está contribuyendo a paralizar el comercio regional y la economía. Algunas mujeres desplazadas en Maiduguri han contado a ACNUR que tenían miedo de regresar a sus hogares debido a la presencia de Boko Haram. Algunas fueron secuestradas por los insurgentes en 2014 y 2015, obligadas a casarse y retenidas durante meses antes que lograran de escapar o fueran liberadas por el ejército.

En Maiduguri, las autoridades siguen trasladando a los desplazados internos desde centros educativos hacia campamentos. Así, más de 4.000 personas han sido reubicadas en la última semana desde el Colegio de Enseñanza Árabe al campamento de Bakassi, que ya estaba ocupado por 17.000 personas.

ACNUR sigue aumentando su presencia en el noreste del país con el despliegue de personal adicional (9 personas a fecha 20 de septiembre). La Agencia de la ONU para los Refugiados tiene previsto construir 1.400 refugios de emergencia adicionales y distribuir 2.500 paquetes de albergue en las zonas del gobierno local en Borno a lo largo de las próximas semanas.

Más de dos millones de personas han sido desplazadas forzadamente en Nigeria, de las cuales 1,87 millones huyeron de la violencia de Boko Haram, desde 2014. Aproximadamente 169.000 personas han buscado protección en los fronterizos Camerún, Chad y Níger.