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Alternativas locales de restitución de tierras para los desplazados en Colombia

155 familias que han estado por más de dos décadas desposeídas, adquieren de forma alternativa y en acto público los títulos de propiedad de sus predios.

MOCOA, Putumayo, Colombia, 21 de septiembre de 2017 (ACNUR) - Los relatos de la llegada de la población desplazada a comienzos del siglo XXI al municipio de Mocoa, capital del departamento del Putumayo al sur de Colombia, contienen angustias comunes: el desalojo arbitrario de sus tierras, la pérdida de bienes, la ruptura de lazos familiares, sociales y culturales, y en especial la sensación prolongada de no ser parte de ningún lugar.

Ante la zozobra de más de 36 mil personas desplazadas que hoy habitan Mocoa, lo sucedido en el asentamiento de  Nueva Esperanza se erige como un hito histórico: 155 familias que han estado por más de dos décadas desposeídas, adquieren de forma alternativa y en acto público los títulos de propiedad de sus predios.

En Nueva Esperanza los desplazados han sido los protagonistas de acontecimientos reparadores. Lograron superar el desarraigo y reconstruir sus hogares y comunidad haciendo uso de sus prácticas culturales campesinas e indígenas e integrando esfuerzos de la institucionalidad local y los organismos de cooperación internacional.

En este contexto, la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), siempre con el interés de empoderar a los sujetos de derecho, ha trabajado por años de la mano de la población local, con el fin de concretar soluciones que dignifiquen sus vidas. El reto de formalizar los asentamientos ha sido entonces prioritario en la región. Para el jefe de oficina del ACNUR Putumayo, Federico Sersale, “La titulación de los predios es el camino estructurado y la puerta segura para el acceso a otros derechos de la población desplazada”.

Bajo esa línea estratégica de integración local, el ACNUR, en asocio con Corporación Opción Legal, asesoran técnica y jurídicamente a la entidad territorial de Mocoa con el fin de asegurar el derecho a la propiedad de las familias desplazadas y vulnerables de Nueva Esperanza, Cabildo Yanacona, 15 de Mayo y Porvenir. Este reto, ha implicado afrontar y resolver cuatro desafíos entrelazados:

“La articulación interinstitucional fue un primer desafió”, dice Federico Sersale. “Logramos consolidar una mesa técnica integrada por Alcaldía municipal, (Secretaría de Planeación, Gobierno, Jurídica), Superintendencia de Notariado y Registro, IGAC, Opción Legal, Fundación Makikuna y la participación activa de las comunidades”, añade. Con ellos se trabajó de manera ardua por más de 3 años resolviendo temas jurídicos, técnicos y de concertación comunitaria. 

“¡Hoy somos propietarios!”, dice Raúl Torres, líder comunitario. © ACNUR

Un segundo desafío, tuvo que ver con la instalación de un orden jurídico alternativo, en el cual se integró y relacionó leyes de víctimas, de ordenamiento territorial, de acceso a la propiedad y políticas nacionales de titulación masiva de predios, hasta llegar a consolidar una ruta técnica viable.

Asumir una cultura de lo propio y común fue un tercer desafío: lograr conciencia sobre el valor de la propiedad individual y el  respeto de la propiedad del otro, de los espacios ambientales y comunitarios, las normas mínimas de urbanismo, y las instancias de regulación del suelo. El presidente de la Asociación de Víctimas, Raúl Torres, lo expresa de manera clara: “para llegar a este resultado tuvimos que resolver riñas por linderos, ocupaciones injustas, gente que se tomó parte de una vía; esto era un desorden, por eso, había que ordenar al espacio y a la gente”.

El último desafío, exigía concretar un resultado específico. Sanear jurídicamente los predios, crear un expediente urbanístico y asegurar la división material a favor de las comunidades y adjudicar los títulos de propiedad a nivel familiar. Labranza comunitaria e institucional que comenzó a proveer los primeros frutos.  

El día 24 de Agosto de 2017 en el centro Comunitario de Nueva Esperanza fueron entregados a las familias, bajo la euforia institucional y social, más de cien títulos de propiedad.

“El día de hoy se cambia la historia,” dice Beatriz Niño, delegada de la Superintendencia de Notariado y Registro, “el registro de sus títulos los vuelve propietarios”, añadió. El ACNUR complementó: “la entrega de títulos de propiedad es clave para la integración de los desplazados en Mocoa. Es clave como derecho y como vía para alcanzar  otros derechos, ahora la población puede tener posibilidades de crédito, servicios públicos, vivienda, entre otros temas.  

Las expresiones de júbilo fueron abundantes, pero lo más acertado fue el momento en que doña Nelly Rodríguez recibía su título del Alcalde de Mocoa. Ella dijo a viva voz: “esto es lo que necesitamos”, miró a todos y siguió, “que el conocimiento de los profesionales y funcionarios esté al servicio de las víctimas”.

Con los 155 títulos de propiedad entregados (87 a madres cabeza de hogar), Nueva Esperanza le dice a la sociedad: los desplazados tenemos derechos, y en condiciones de igualdad para todos y todas. El Cabido indígena Yanacona se unió también a la celebración puesto que fue la primera comunidad en obtener un título colectivo para sus 62 familias.  

“¡Hoy somos propietarios!”, dice Raúl Torres, líder comunitario; y cierra Emilce Perdomo: “hoy aquí no solo ganaron los desplazados, sino también el Estado, integrando a las víctimas en un país de propietarios”.

Por: Harold Juajibioy, oficina de ACNUR en Mocoa, Putumayo.