Tamaño del texto A A A

La lucha del pueblo indígena Sikuani en Colombia, por la pervivencia y su derecho ancestral al territorio

Para los indígenas Sikuani, uno de los 87 pueblos indígenas reconocidos en el territorio colombiano, el desplazamiento sigue afectándolos igual que hace años. A causa del conflicto armado han visto vulnerado su derecho ancestral a la tierra, sus tradiciones y costumbres, su lengua y hasta el deseo de regresar a sus territorios.

MAPIRIPÁN, Colombia, 19 de abril de 2017 (ACNUR) - Aunque en el pasado los Sikuani se caracterizaron por una historia de nomadismo en la región de la Orinoquía, hoy, a causa de procesos forzados de sedentarización, sus 23.000 miembros viven en los departamentos de Vichada, Guainía, Meta, Casanare y Arauca, en Colombia, y en otras regiones de Venezuela.

En el asentamiento Chaparral, municipio de Mapiripán, Meta, habita una pequeña comunidad Sikuani conformada por 104 indígenas. 11 horas en transporte terrestre desde Villavicencio, capital del Meta, hacen falta para llegar a su territorio. Otras implicaciones tiene para los indígenas Sikuani salir de su comunidad, pues no cuentan con ningún medio de transporte, lo que significa que se movilizan solo a pie en jornadas de 9 o más horas de camino. 

En la planicie de los llanos, rodeados de un verde sin igual, este grupo de indígenas lucha hoy porque el Estado colombiano reconozca su derecho ancestral al territorio. Sin saber que les asistía el derecho a que se les reconociera como resguardo indígena, los Sikuani además de desplazamiento forzado y despojo de tierras, han sido víctimas de confinamiento, siembra de minas antipersonal en sus territorios, reclutamiento forzado de sus hijos e hijas, violencia sexual contra mujeres y niñas, inseguridad alimentaria, entre otros.

Presionados por hechos como las masacres de Mapiripán y Puerto Alvira, Meta, en 1997 y 1998, donde fueron asesinadas más de 80 personas, la constante presencia en su territorio de grupos armados ilegales, el reclutamiento de 5 de sus niños en el 2002 y las acusaciones a sus miembros de ser auxiliadores de estos grupos, los Sikuani del asentamiento Chaparral tuvieron que huir forzadamente de su territorio. 

De las más de 7.4 millones de personas víctimas de desplazamiento forzado en Colombia, cerca del 3% son indígenas. © ACNUR/ A. Méndez

Divagaron durante seis años buscando salvaguardar sus vidas en un departamento cada vez más afectado por el conflicto armado. Fue entonces cuando en 2008, sin rendirse y seguros que Chaparral era el lugar donde querían permanecer y donde podrían sanar sus heridas, regresaron sin acompañamiento alguno y desconociendo las leyes que los protegían. Nunca tuvieron orientación de las entidades encargadas, por lo que nunca pudieron declarar sus desplazamientos ni los demás hechos de los que habían sido víctimas.

Encontraron sus casas quemadas, sus enseres habían sido robados al igual que el ganado y otros animales. Ahora, además, estaban reducidos a vivir en una pequeña parte de las más de 7,000 hectáreas que consideran les pertenecen ancestralmente, pero que ahora un extranjero alega como suyas.

Desde entonces han tratado de reconstruir sus vidas en lo profundo de la selva llanera haciendo admirables esfuerzos para que sus derechos sobre el territorio les sean reconocidos. De esta manera, en la Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, “hemos hecho un trabajo de incidencia para que las entidades competentes reconocieran a esta comunidad como víctimas de conflicto armado, que era su necesidad principal. Luego iniciamos otros procesos para mejorar las condiciones de vida de estas familias, como capacitarles para que puedan ejercer sus derechos y solicitar la presencia de las instituciones de Estado en la zona”, menciona Giovanny Vélez, Oficial de protección de ACNUR. 

ACNUR apoyó la construcción de 17 alojamientos con el fin de mejorar las condiciones de vida de estas familias indígenas. © ACNUR/ A. Méndez

Así, ACNUR facilitó y acompañó a la Defensoría del Pueblo en el asentamiento, para que se iniciara el proceso legal de reconocimiento como víctimas del conflicto armado. Además apoyó la construcción de 17 alojamientos con el fin de mejorar las condiciones de vida de estas familias y actualmente apoya la instalación de sistemas de recolección de agua potable, instalación de sistemas alternativos de energía, proyectos de seguridad alimentaria y trabajo de recuperación de tradiciones ancestrales con las mujeres de la comunidad.

Con el fin de avanzar en el proceso de restitución y formalización del territorio, en 2017 ACNUR facilitó la llegada de la Unidad de Restitución de Tierras (URT) en la zona. Lograr la presencia de esta entidad en la vereda Chaparral es muy importante, pues se da inicio al proceso de reconocimiento y restitución de derechos sobre el territorio. “La vida de las comunidades indígenas es la tierra y el territorio, allí se desarrollan culturalmente y desarrollan sus proyectos de vida, por lo que lograr que los reconozcan como un resguardo les permitirá fortalecerse no solo a nivel cultural sino también a nivel de gobierno propio” agrega Giovanny.

“Le pedimos al Estado colombiano que nos constituya como resguardo indígena, porque para los Sikuani, la tierra lo es todo y como dice el dicho, un Sikuani sin tierra no es nada, no existe”, menciona Wilmer García Rodriguez, líder de la comunidad.

Los pueblos indígenas están en riesgo inminente de extinción física y cultural en el país, razón por la cual la Corte Constitucional, a través del Auto 004 de 2009, los consideró sujetos de especial protección constitucional, instando al Gobierno Colombiano a tomar todas las medidas necesarias para garantizar sus derechos fundamentales y pervivencia. De las más de 7,4 millones de personas víctimas de desplazamiento forzado en Colombia, cerca del 3% son indígenas.

En el contexto actual, tras la firma del acuerdo de paz, las esperanzas del pueblo Sikuani están en que su derecho sobre el territorio sea reconocido jurídicamente y puedan constituirse como un resguardo indígena, lo que les permitirá seguir avanzando en el mejoramiento de sus condiciones de vida y en el acceso y goce efectivo de sus derechos fundamentales. Es por ello que la acción de ACNUR seguirá enfocada en fortalecer la presencia de la institucionalidad en su territorio.

Por Ángela María Méndez, desde Mapiripán, Meta, Colombia.