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Colombia: El Estatuto de los Apátridas y la Convención para Reducir los Casos de Apatridia se ajustan a los postulados constitucionales

Comunicado No. 36. Corte Constitucional. Septiembre 10 y 11 de 2013

Comunicado No. 36. Corte Constitucional de Colombia. Septiembre 10 y 11 de 2013

EL ESTATUTO DE LOS APÁTRIDAS Y LA CONVENCIÓN PARA REDUCIR LOS CASOS DE APATRIDIA SE AJUSTAN A LOS POSTULADOS CONSTITUCIONALES

II. EXPEDIENTE LAT-400 - SENTENCIA C-622/13 (septiembre 10)

M.P. Mauricio González Cuervo

1. Norma revisada

LEY 1588 DE 2012. Por medio de la cual se aprueba la “Convención sobre el Estatuto de los Apátridas”, adoptada en Nueva York, el 28 de septiembre de 1954 y la “Convención para reducir los casos de Apatridia ”, adoptada en Nueva York, el 30 de agosto de 1961. El texto de la ley fue publicado en el Diario Oficial No. 48.619 de 19 de noviembre de 2012.

2. Decisión

Primero.- Declarar EXEQUIBLES la “Convención sobre el Estatuto de los Apátridas”, adoptada en Nueva York, el 28 de septiembre de 1954 y la “Convención para reducir los casos de Apatridia ”, adoptada en Nueva York, el 30 de agosto de 1961.

Segundo.- Declarar EXEQUIBLE la Ley 1588 de, 19 de noviembre de 2012, por medio de la cual se prueba la “Convención sobre el Estatuto de los Apátridas”, adoptada en Nueva York, el 28 de septiembre de 1954 y la “Convención para reducir los casos de Apatridia”, adoptada en Nueva York, el 30 de agosto de 1961.

3. Síntesis de los fundamentos

Examinado el trámite surtido por el proyecto que culminó en la expedición de la Ley 1588 de 2012, la Corte concluyó que cumplía a cabalidad con los requisitos, etapas y procedimiento previsto en la Constitución y en el Reglamento del Congreso, en particular, en lo relacionado con (i) la realización de los cuatro debates de aprobación con el quórum exigido y las mayorías necesarias; (ii) publicación oportuna del proyecto de ley y de las ponencias para cada debate; (iii) avisos previos a cada votación; (iv) cumplimiento de los términos que deben mediar entre las votaciones en comisión y plenaria de ambas cámaras y entre Senado y Cámara de Representantes y (v) su trámite no excedió el límite de dos legislaturas establecido en la Constitución.

Las dos Convenciones que se revisaron, corresponden a los esfuerzos emprendidos por la comunidad internacional, con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial, para codificar respuestas a la apatridia en casos concretos. Inicialmente, más que dar una solución a dicho fenómeno, en los primeros convenios se buscaba dar una salida a aspectos prácticos, como permitir la utilización de documentos de viaje. Posteriormente, la Convención de 1954 sobre la Apatridia, buscó establecer un Estatuto que comprenda las disposiciones generales y la condición jurídica de los apátridas, para asegurar la no discriminación, la regularización y la garantía del pleno goce de los derechos humanos de esta población. Después, la Convención para la disminución de los casos de Apatridia de 1961, consolidó los principios de igualdad, no discriminación, protección de minorías, derechos de los niños, integridad territorial y el derecho a una nacionalidad. La Convención no exige que un Estado Contratante otorgue la nacionalidad incondicionalmente, sino que en un esfuerzo para evitar la apatridia, busca equilibrar los factores de nacimiento, residencia y transmisión hereditaria, para reflejar el vínculo genuino entre un individuo y un Estado.

Aunque pudiera pensarse que dadas las condiciones actuales de los Estados, el fenómeno de la apatridia es poco frecuente, la Corte encontró que debido a los cambios geopolíticos, a sistemas deficientes de registro de nacimientos, a leyes deficientemente diseñadas, a creencias culturales, a problemas de discriminación racial y de género, se trata de una condición que actualmente la padecen aproximadamente 15 millones de personas en el mundo, según cifras de la Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR.

Revisado el contenido de las disposiciones de la la “Convención sobre el Estatuto de los Apátridas”, adoptada en Nueva York, el 28 de septiembre de 1954 y de la “Convención para reducir los casos de Apatridia”, adoptada en Nueva York, el 30 de agosto de 1961, la Corte Constitucional constató que se ajustan a los postulados constitucionales relativos a la integración con otros Estados, a la soberanía nacional y a la autodeterminación (art. 9 C.Po.), el deber del Estado de garantizar el respeto por la dignidad humana, la solidaridad de las personas que la integran (art. 2º C.P.), el deber de las autoridades de proteger a todas las personas residentes en Colombia, de garantizar el ejercicio de sus derechos fundamentales, así como la protección de los derechos de los extranjeros (art. 100 C.Po.) y de las normas de nacionalidad (art. 96 C.Po.), a la facultad del Presidente de la República de dirigir las relaciones internacionales (art. 189.2 C.Po.), a la potestad legislativa en materia de contribuciones fiscales 8art. 338 C.Po.), a la función de aprobar e improbar los tratados que celebre el Gobierno Nacional con otros Estados y organismos internacionales (art. 150.16 C.Po.) y a la efectividad de los principios y derechos consagrados en la Constitución, así como con el deber de protección de la vida de todas las personas residentes en Colombia.

Con fundamento en el examen de validez formal y del contenido materia de las mencionadas Convenciones, la Corporación declaró su exequibilidad, así como, las de la Ley 1588 de 2012 que las aprueba.

4. Salvamentos de voto

Los magistrados María Victoria Calle Correa y Luis Ernesto Vargas Silva formularon salvamentos de voto respecto de la decisión adoptada por la Sala Plena, por considerar que en el trámite de este proyecto en la Comisión 2ª de la Cámara se rompió la cadena de anuncios.

En la sesión del 30 de mayo de 2012 se anunció la votación de este proyecto “en la próxima sesión donde se discutan y aprueben proyectos de ley”. La sesión siguiente, realizada el 5 de junio, fue dedicada al control político y en la del 7 de junio se llevó a cabo la votación de proyectos, entre ellos del que hoy es objeto de control. Visto así, la tesis sostenida por la Sala Plena al desestimar la existencia del vicio de procedimiento parecería razonable, puesto que, en efecto, el proyecto fue votado en la primera sesión, con posterioridad a la fecha del anuncio, en la que se discutieron y aprobaron proyectos de ley. Sin embargo, esta tesis elude dar cuenta de un dato relevante: en la sesión intermedia del 5 de junio se efectuó el anuncio de un proyecto para la próxima sesión1. La realización de este único anuncio permitía suponer que, salvo información en contrario (que no se suministró) este sería el único proyecto de ley a discutir y aprobar en la sesión citada para el 7 de junio. La omisión de anunciar los demás proyectos que efectivamente fueron debatidos y aprobados en esta sesión, supone una ruptura en la cadena de anuncios de dichos proyectos.

Si el sentido de respetar la cadena de anuncios es garantizar que los integrantes de la respectiva célula legislativa puedan tener certeza sobre los proyectos que efectivamente serán debatidos en cada sesión, con el fin de tener oportunidad de prepararse para el debate y no ser sorprendidos con la votación de proyectos no anunciados en la sesión anterior, cabe concluir que en este caso se menoscabó dicha certeza, en tanto al efectuar el anuncio de un único proyecto en la sesión del 5 de junio, no quedaba claro que además fueran a debatirse otros que no fueron anunciados en dicha oportunidad.

Por lo anterior, los magistrados Calle Correa y Vargas Silva consideraron que en el presente caso se verificaba un vicio en el trámite legislativo que impedía a esta Corporación emitir un pronunciamiento de fondo, sin antes devolver al Congreso la Ley 1588 de 2012 a fin de subsanar el defecto señalado.

Enlace al documento original, en el sitio web de la Corte Constitucional de Colombia [PDF].