Tamaño del texto A A A

Las amenazas de las pandillas provocan mayor desplazamiento dentro de Honduras

Entre 2004 y 2014, un estimado de 174.000 hondureños se convirtieron en desplazados dentro de su país debido a la violencia de las pandillas, y muchos continúan en necesidad de protección.

TEGUCIGALPA, Honduras, 05 de septiembre de 2016 (ACNUR) – Yessenia* daba la vuelta en la esquina una tarde de marzo, cuando vio un grupo de cuatro jóvenes golpeando a otro. Ellos la vieron a ella también. “¡Es la maestra!” recuerda que gritó uno de ellos antes de dispersarse.

El chico que dejaron estaba tan golpeado que en un principio Yessenia no lo pudo reconocer, era un estudiante de la escuela donde ella enseñaba en Tegucigalpa, capital hondureña.

“Si yo no hubiera aparecido, lo hubieran matado”, dice ella.

Pero cualquier consuelo de saber que ella pudo salvar la vida del chico duró poco. Dos días después, ella vio a otro grupo de jóvenes que no reconoció cerca de la escuela donde trabajaba. Incapaz de evitarlos en la calle, ella dijo “Buenas tardes”, y mantuvo sus ojos bajos.

Más tarde esa noche oyó a los presuntos miembros de una banda callejera o "mara", que cometen delitos que van desde extorsión hasta robo y asesinato, y que habían tratado de secuestrar a un hombre de 21 años de edad, antes que la policía llegara a rescatar a la posible la víctima.

Todos tienen una historia sobre una familia a quien le quemaron la casa, o a cuyo hijo lo reclutaron las pandillas.

Las pandillas frecuentemente asesinan a los testigos de sus crímenes. Yessenia había sido testigo de dos crímenes en varios días, y ella sabía que la verían como colaboradora de la policía si presentaba cargos.

Por el miedo y la ansiedad, dejó de comer y dormir, y empezó a desarrollar presión alta. Ella solicitó ser transferida y huyó de la escuela donde había enseñado por 12 años sin decirle a nadie la razón real.

La maestra de 56 años es ahora parte de las decenas de miles de hondureños desplazados dentro del país Centroamericano, tomada por la embravecida violencia de las pandillas. Un informe del Gobierno, publicado el año anterior estimó que 174.000 personas fueron desplazadas internas entre 2004 y 2014. Un creciente número también ha solicitado asilo en otros países.

Mientras continuaba en la escuela, Yessenia recibió llamadas de padres de estudiantes desesperados por transferir a sus hijos a escuelas fuera del vecindario destruido por el crimen. Ella dice que 60 estudiantes dejaron la escuela entre marzo y mayo, cerca de la mitad de los registrados en la clase. El director de la escuela también huyó.

Familias en San Pedro Sula, la segunda ciudad más grande del país, que registró el nivel más alto de homicidios en el mundo en el 2014, viven con el mismo miedo. Residentes del barrio Rivera Hernández, golpeado por el crimen, dijeron que muchos vecinos estaban abandonando sus hogares y huyeron a Estados Unidos y México.

Hablando con miembros de esta comunidad, casi todos tienen una historia sobre una familia a quien le quemaron la casa, o a cuyo hijo lo reclutaron las pandillas, un pariente que fue asesinado o que huyó.

San Pedro Sula, la segunda ciudad más grande del país, registró el nivel más alto de homicidios en el mundo en el 2014.

“Salían como manadas”, contó Dolores*, directora de la escuela de la comunidad. Según cuenta, en estos días ellos pierden cerca de diez estudiantes al año, quienes abandonan la escuela por amenazas o violencia de parte de las maras.

Una de esas estudiantes es María* de 16 años. Ella amaba ir a la escuela, pero tuvo que abandonar su sueño de estudiar finanzas cuando un pandillero local quiso que fuera su novia.

“Yo sabía que si salía con él y las cosas iban mal, sería muy malo para mí”, dice ella. Hay siete pandillas disputándose el control de Rivera Hernández. En un lugar donde las pandillas luchan por territorio cuadra a cuadra para extorsionar negocios, asociarse con una mara puede ser una sentencia de muerte si ella caminaba por la calle equivocada.

María intentó rechazar los avances del marero, pero él era persistente. Él la esperaba fuera de la escuela. La seguía. Temiendo que podría terminar obligada a una relación con él o siendo violada, María hizo lo único que pudo para evitarlo: dejó de asistir a la escuela.

Andrés Celis, Representante del ACNUR en Honduras, dice que el tipo de violencia que crea desplazamiento, o que interrumpe las vidas de personas como Yessenia y María, es un desafío que tiene que abordar el Gobierno. Existen mecanismos para que alguien busque protección del Estado, pero cada caso se debe manejar con base ad hoc.

Por esta razón, Chaloka Beyani, Relator Especial sobre los Derechos Humanos de los Desplazados Internos, recomendó que Honduras tome pasos para crear un sistema que especifique la respuesta del Gobierno para alguien que huye de la violencia, incluyendo una forma segura en la que se puedan declarar a sí mismos como desplazados, y que se les brinde albergue y reubicación.

Pero antes de que este sistema pueda ser exitoso, el Gobierno debe trabajar para reestablecer la confianza entre la policía y las comunidades. El mismo temor que hace que las personas huyan de sus hogares, evita que busquen ayuda, creyendo que cualquier acción para visibilizar podría amenazar sus vidas. Esto es especialmente verdad cuando los desplazados ven a la policía y otras autoridades de Gobierno como cómplices de los Maras.

El mismo temor que hace que las personas huyan de sus hogares, evita que busquen ayuda.

Hasta ahora, Honduras es el único país en Centroamérica que reconoce formalmente el desplazamiento forzado de sus ciudadanos debido a la violencia de las pandillas. Se ha comprometido a elaborar una legislación a finales de este año para la formalización de mecanismos para proporcionar protección a las personas que huyen de la violencia. Entre tanto, sin embargo, el Estado enfrenta vacíos en su capacidad de brindar protección y recursos básicos a quienes están en necesidad.

La Agencia de la ONU para los Refugiados está respondiendo con pasos, que incluyen brindar asistencia técnica para las autoridades gubernamentales y locales para desarrollar e implementar marcos legales y políticas públicas para la protección de personas desplazadas por la violencia. Otros pasos incluyen el monitoreo de áreas de alto riesgo de desplazamiento interno, así como el trabajo por la mejora en las condiciones de recepción.

“No podemos esperar a que la situación continúe intensificándose”, dijo Celis. “El Gobierno de Honduras hizo un llamado al ACNUR, y reconoció que existe un problema de desplazamiento forzado. Cuando ellos llaman, nosotros debemos contestar”.

*Los nombres han sido cambiado por razones de protección.

Por Zach Dyer