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Ser desplazado no garantiza la educación

Una sentencia de la Corte Constitucional indica que por el sólo hecho de ser desplazado, una persona no puede pretender acceder a la educación superior, sino que debe demostrar como todos los aspirantes, su mérito académico. No es inconstitucional que una institución tenga cupos especiales para reinsertados y no para desplazados, porque abrir las puertas para éstos últimos aportan “al propósito de paz que prohíja la Constitución”.

Para la Corte que una institución de educación superior tenga un cupo especial para los reinsertados, es su cuota particular a la "obtener la paz mediante la creación de un estímulo en el escenario académico con el fin de que los miembros de los grupos al margen de la ley se reincorporen a la vida civil".

Sin embargo, otorgarle un cupo a un desplazado, no es un aporte a la paz, sino que "comporta una acción afirmativa dirigida a favorecer a un grupo de personas con el fin de reducir las desigualdades a que se vieron avocadas como consecuencia del conflicto interno".

El Alto Tribunal negó el amparo a los derechos de un menor de edad, que tuteló para obtener su cupo en la carrera de derecho en la Universidad de Cartagena. El apoderado del menor, su padre, indicó que por su calidad de desplazado, debía otorgársele un cupo dentro de las minorías, como se hacía en el caso de las comunidades negras, indígenas y, en el caso particular de esa institución educativa, para reinsertados.

Sin embargo la Universidad negó el acceso a la universidad del aspirante, porque el puntaje obtenido en las pruebas de admisión fue insuficiente.

Fue cuando el padre decidió tutelar para garantizar el derecho la educación de su hijo, indicando que la Universidad de Cartagena tenía cupos especiales para reinsertados y no para desplazados, lo que él consideraba una violación al derecho a la igualdad.

El Tribunal desistió de entrar en el debate sobre ese asunto en particular, porque "considera que si bien tanto los reinsertados como los desplazados son susceptibles de tratamiento diferenciado, los fundamentos y alcances de tales acciones difieren sustancialmente".

La negativa de la Corte a otorgarle el cupo al estudiante en la Universidad se debió a "las acciones afirmativas si bien son deseables y convenientes para ciertos grupos marginados, en principio, no son exigibles por vía de una acción de tutela, como quiera que su implementación debe atender a un proceso de valoración de la necesidad, impacto y alcance de la medida, así como de los recursos necesarios para su efectiva realización y de otros elementos que competen a los órganos encargados de desarrollar ese tipo de políticas que, en el caso de la asignación de cupos especiales en la Universidad de Cartagena son las autoridades administrativas nacionales y locales, al tiempo con los órganos de decisión internos de la institución".

En últimas, para el Tribunal, el joven, aunque fue víctima de desplazamiento forzado en su momento, "logró reasentarse en otro municipio, adaptarse al nuevo núcleo social, adelantar exitosamente sus estudios de bachillerato y optar a la temprana edad de 17 años por el ingreso a la educación superior [...] la negativa en la adjudicación del cupo académico solicitado no tiene el alcance de lesionar sus derechos fundamentales".

El menor había sido víctima de desplazamiento forzado en el año 2003 junto con su padre y hermana, del corregimiento de Taganga, Santa Marta. En marzo del mismo año la familia se reasentó en Cartagena, retomando el en ese entonces niño, sus estudios. Obtuvo el grado como bachiller del Colegio Nuestra Señora de la Consolata.

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