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Guatemala

CEJIL Y FAMDEGUA solicitan a la CIDH que continúe el trámite del caso de la Masacre de las Dos Erres de Guatemala
Fuente: Centro por la Justicia y el Derecho Internacional - CEJIL
Tipo de Documento: Comunicados de prensa
Fecha: 02 de Marzo, 2005

Washington, D.C. 2 de marzo de 2005

El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y la Asociación de Familiares de Detenidos-Desaparecidos de Guatemala (FAMDEGUA) mantuvieron una reunión de trabajo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Estado de Guatemala referida al caso de la Masacre de la Aldea Las Dos Erres ocurrida en diciembre de 1982. Los hechos de la masacre se remontan al 5 de diciembre de 1982, cuando llegó un pelotón del Ejército de Guatemala a la aldea Las Dos Erres, ubicada en el Petén, y sacó con violencia a la gente de sus casas, las separó en grupos e inició una ejecución extrajudicial sistemática de todos los pobladores. Como resultado, más de 300 personas fueron asesinadas.

CEJIL y FAMDEGUA, organizaciones peticionarias, presentaron el caso de Las Dos Erres a la Comisión Interamericana en 1996 y en el 2000 acordaron con el Estado guatemalteco una solución amistosa. En dicho acuerdo Guatemala asumió varios compromisos, entre ellos, la investigación efectiva de los hechos, la determinación y sanción a los responsables y la reparación a los familiares de las víctimas. En esta reunión, los peticionarios informaron sobre el incumplimiento de algunos de los compromisos asumidos y manifestaron asimismo su preocupación por un retroceso en la administración de justicia, debido a los recursos de amparo presentados por la defensa y los últimos pronunciamientos de la Corte de Constitucionalidad en relación al caso. En febrero de 2005 la Corte de Constitucionalidad notificó una resolución acogiendo un amparo que dejó sin efecto todo lo actuado en el proceso judicial desde 1996, lo que incluía las órdenes de detención contra los militares involucrados en la masacre y las declaraciones de algunos militares –en calidad de prueba anticipada- que reconocieron su participación en los hechos. Esta medida generó manifestaciones públicas a nivel nacional e internacional y, ante dicha presión, la Corte hizo una aclaratoria de su resolución contrariando lo que había dicho previamente en su fallo.

En la reunión con la CIDH y en presencia de los representantes del Estado guatemalteco, CEJIL y FAMDEGUA le solicitaron a la CIDH que continúe con el trámite del caso y que eventualmente considere enviar el caso a la Corte Interamericana.

“Tras cinco años de haber firmado el acuerdo de solución amistosa y de los compromisos asumidos por el Estado, no sólo hay asuntos prioritarios que no se han cumplido todavía sino que también han habido retrocesos, sobre todo en lo que respecta a la administración de justicia”, dijo Soraya Long, directora de CEJIL Mesoamérica.

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