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El desplazamiento interno es la manifestación más seria de la crisis humanitaria en Colombia. De 1996 al 2004, entre dos y tres millones de personas fueron desplazadas internamente. Algunos desplazados internos han sido forzados repetidamente a nuevos traslados, pues los grupos armados irregulares tienen la capacidad de localizarlos incluso después de su desplazamiento. No hay estadísticas confiables sobre la magnitud de tales desplazamientos secundarios ni de ataques contra los desplazados internos.
De acuerdo con fuentes oficiales, 219.361 personas fueron desplazadas internamente en Colombia en el año 2003. Fuentes gubernamentales y no gubernamentales, indican que los nuevos desplazamientos disminuyeron un 50% de 2002 a 2003. A comienzos del año 2005 el gobierno informó de otra declinación de un 37% en los nuevos desplazamientos el año anterior (137.315 nuevos desplazados internos en 2004 frente a los 219.469 en 2003), pero también advirtió que las estadísticas oficiales podrían ser revisadas al alza. De acuerdo con la organización de la sociedad civil Consultoría para los derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES), 287.581 personas fueron desplazadas internamente durante 2004, unas 780 personas cada día.
De acuerdo con el gobierno, los nuevos desplazamientos internos disminuyeron como resultado de la Política de Seguridad Democrática, y especialmente hubo reducción en homicidios, masacres y secuestros. Sin duda, hay una relación entre la reducción en los índices de violencia y la reducción en los nuevos desplazamientos internos, en el tanto en que el desplazamiento es una respuesta de la población a la violencia asociada al conflicto armado. Sin embargo, la disminución en el desplazamiento interno también surge de cambios en la dinámica del conflicto, en particular del aparente “retiro estratégico” de las FARC, la reducción de las violaciones de parte de los grupos paramilitares después de la declaración unilateral de cese al fuego de 2002 y la práctica de confinar comunidades (Véase arriba Sección II.2).
De acuerdo con cifras oficiales, el temor generalizado entre la población debido a la violencia y a la presencia de grupos armados irregulares seguía siendo la principal causa de desplazamiento interno. entre el año 2000 y el 2003, el 51% de la población desplazada internamente declaraba que había sido forzada al desplazamiento por amenazas en general; el 25.5% declaró que lo había hecho como resultado de combates entre las partes en conflicto, y el 12.3% como resultado de amenazas individualizadas.
Como resultado de la cambiante dinámica del conflicto armado interno, también cambió el grado de presunta responsabilidad de cada grupo armado en el desplazamiento interno. En el 2001 la principal responsabilidad se le atribuyó a los grupos paramilitares (48.2%) mientras que se creía que la guerrilla era responsable del 12% de los casos, y los paramilitares y la guerrilla compartieron la responsabilidad en el 37% de los casos. Para fines de 2003 las acciones de la guerrilla y los paramilitares en conjunto causaron el 42% del desplazamiento forzado, mientras que se creía que los paramilitares eran responsables del 32.7% de los casos (15% menos que en el 2001) y la guerrilla del 22% (un 8% más que en el 2001).
Otra variación en la dinámica del conflicto que cuenta en parte en la disminución de los nuevos desplazamientos, es el incremento de la práctica por parte de los grupos armados irregulares de bloquear comunidades. Por lo menos desde 1999 muchas comunidades han sido incapaces de abandonar su lugar de residencia para buscar protección. Estas comunidades están afectadas por una variedad de situaciones. Mientras que algunas deciden permanecer en su lugar de origen a pesar de la limitada comunicación con el mundo exterior y los peligros que implica el conflicto, otras comunidades son forzadas a permanecer allí por los grupos armados irregulares. Todas estas comunidades experimentaron emergencias alimenticias y tuvieron limitado acceso a la ayuda humanitaria. Muchas de las comunidades que han escogido permanecer, lo han hecho para defender sus territorios porque han optado por “resistir” los efectos del conflicto armado, al no participar en él o porque no desean volver a pasar por las dificultades encontradas durante anteriores desplazamientos forzados.
Los grupos armados irregulares buscan controlar a la población para garantizar un flujo estable de provisiones y reclutas, para permitir a los guerrilleros “mezclarse” entre la gente y para usarla como escudos humanos. Asimismo, el control del territorio y de la población son necesarios para las actividades económicas, tanto legales como ilícitas, que incluyen la siembra y producción de drogas así como cultivos legales tales como la palma africana.
En los primeros años de la década del 2000 hubo un notable incremento del número de localidades donde los actores armados bloquearon el suministro de bienes básicos tales como alimentos, medicinas y combustible. Según cifras de mediados de 2004, por lo menos 70 aldeas en nueve departamentos estuvieron sujetas a restricciones de este tipo. Esto sucedió en departamentos donde se había intensificado el conflicto, tales como Antioquia, Sucre, Magdalena, la Guajira, Putumayo, Casanare, Guaviare, Caquetá y Meta.
Según la ley colombiana, los desplazados internos deben registrarse como tales para calificar para la ayuda humanitaria y otros beneficios. El sistema de registro de desplazados internos, por lo tanto, ofrece un indicador confiable de las tendencias del desplazamiento interno. Sin embargo, muchos desplazados internos no se registran y por lo tanto las estadísticas oficiales tienden subestimar el número real de personas desplazadas internamente. Este subregistro de desplazados internos es resultado del temor a registrarse ante las autoridades, el temor a ser obligados a regresar, el aparente incremento de desplazamientos entre aldeas no reportados y los criterios restrictivos para el reconocimiento de la condición de desplazado interno.
Al asumir la administración en el año 2002 el gobierno [del Presidente Uribe] estableció el objetivo de regresar a 30 mil familias desplazadas internas para el año 2006. Para octubre de 2004, habían regresado 14.128 familias (59.842 personas). El seguimiento en el campo hecho por el ACNUR indica que la mayoría de estas personas regresaron casi inmediatamente después de haber sido desplazadas, aunque en el área de retorno persistían las amenazas que dieron lugar al desplazamiento interno. De los retornos a los cuales el ACNUR les dio seguimiento, muchas áreas continuaban bajo el control de por lo menos un grupo armado irregular y se informó entre agosto de 2002 y octubre de 2004 de unos 20 casos de homicidio de desplazados internos que habían regresado. Por ejemplo, en julio en el departamento de Antioquia las FARC atacaron un camión en el que viajaban campesinos que regresaban, matando a siete personas porque no se les había dado autorización para regresar.
El Estado ofrece ayuda básica a los desplazados registrados, pero muchos aún están pendientes de alcanzar una solución duradera. Como resultado de las condiciones inestables en las áreas de retorno y la naturaleza dinámica del conflicto, no se puede decir que la mayoría de los desplazados que han regresado alcanzaran una solución duradera. De hecho, un número indeterminado de desplazados que ya habían retornado, de nuevo han sido forzados al desplazamiento. A finales de 2004 el Estado aún estaba por diseñar y ejecutar una política integral sobre soluciones duraderas, que incluya no solo el retorno voluntario sino también la integración local y la reubicación.
Como ha declarado la Corte Constitucional de Colombia, las medidas tomadas para enfrentar las consecuencias del desplazamiento forzado han sido insuficientes. En una sentencia reciente, la Corte Constitucional declaró la existencia de un “estado de cosas inconstitucional” como resultado de múltiples y masivas violaciones de los derechos humanos de los desplazados, cuya responsabilidad la Corte atribuyó a una amplia gama de agencias del Estado. En esencia, la Corte Constitucional encontró que había una falla a lo largo de todo el sistema para respetar, proteger y satisfacer los derechos de los colombianos desplazados internamente y de aquellos en riesgo de convertirse en desplazados internos. La Corte le ordenó al Estado cumplir sus obligaciones con la población desplazada interna, destinando suficientes recursos financieros para el disfrute efectivo de los derechos básicos.
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