Las tensiones étnicas y los conflictos armados en la región de los Grandes Lagos del África central vienen siendo causa de reiterados desplazamientos humanos. Los acontecimientos de los últimos 50 años tienen su raíz en una larga historia de violencia, pero constituyen también una sucesión de oportunidades perdidas, tanto por parte de los protagonistas locales como de la comunidad internacional en general. El hecho de no buscar soluciones justas a motivos de queja antiguos desemboca, en demasiados casos por no decir en todos ellos, en la reaparición, años o décadas más tarde, de la violencia y de los derramamientos de sangre a una escala incluso mayor. El legado de la crisis de Ruanda de 1959-1963 (expuesta en el Capítulo 2) fue la presencia de refugiados tutsis en todos los países vecinos. Aunque estos refugiados no tuvieron la posibilidad de regresar a su país en las tres décadas siguientes, mantuvieron sus vínculos con los tutsis de Ruanda. A finales de los años ochenta, los exiliados tutsis en Uganda, que se habían unido al Ejército de Resistencia Nacional (ERN) de Yoweri Museveni para combatir contra el régimen de Milton Obote, y que se integraron en las fuerzas armadas nacionales ugandesas cuando el ERN llegó al poder, comenzaron a planear un regreso militar y crearon el Frente Patriótico Ruandés (Front patriotique rwandais, FPR). El FPR atacó Ruanda en 1990. El conflicto armado que siguió y la presión política interna desembocaron en el Acuerdo de   Arusha de agosto de  1993, por el que se

Huida de refugiados ruandeses a Goma, en el este de Zires. Entre abril y agosto de 1994 entraron en Zaire aproximadamente 1,2 millones de ruandeses. (ACNUR/J.STJERNEKLAR/1994)

Entre abril y julio de 1994 fueron asesinadas aproximadamente 800.000 personas. Pese a que en octubre de 1993 se había desplegado una fuerza multinacional de la ONU para el mantenimiento de la paz, la Misión de Asistencia de las Naciones Unidas a Ruanda (UNAMIR), con un mandato limitado para ayudar a las partes a implementar el Acuerdo de Arusha, el grueso de esta fuerza se retiró poco después del estallido de violencia. El hecho de que las Naciones Unidas y la comunidad internacional no protegieran del genocidio a la población civil fue examinado y reconocido en un informe de la ONU publicado en diciembre de 1999.1

Las fuerzas del FPR en Ruanda se hicieron con el control de Kigali rápidamente y, en unas semanas, de la mayor parte del país. Ahora les tocaba huir a los hutus, y lo hicieron más de dos millones, que se refugiaron en los mismos países a los que habían obligado a huir a los tutsis más de 30 años antes. La inexistencia de una acción concertada de la comunidad internacional en el ámbito político y la despiadada manipulación de las poblaciones de refugiados por los combatientes hicieron que el ACNUR y otras organizaciones humanitarias afrontaran algunos de los dilemas más difíciles que habían vivido hasta entonces.

El genocidio ruandés desencadenó una serie de hechos a los que aún no se ha puesto punto final. Entre ellos están no sólo el éxodo del país de hutus ruandeses, sino también la caída del régimen del presidente Mobutu Sese Seko y la guerra civil, que continúa desarrollándose, en el Zaire (rebautizado como República Democrática del Congo en mayo de 1997). Esta guerra provocó la intervención, militar en su mayor parte, de muchas otras naciones africanas y quedó conectada a las guerras que estaban librándose en Angola, Burundi y Sudán.

El éxodo masivo desde Ruanda

El genocidio de 1994 y el posterior derrocamiento del gobierno genocida, ese mismo año, por el FPR, provocó el éxodo masivo del país de más de dos millones de personas.2 Pero este éxodo no fue en absoluto espontáneo. En parte fue motivado por el deseo de escapar de la reanudación de los combates, y en parte por el temor a la venganza del FPR que avanzaba. También fue consecuencia de un pánico cuidadosamente orquestado por el régimen que se estaba viniendo abajo, con la esperanza de vaciar el país y de utilizar como escudo humano al mayor número posible de habitantes. A finales de agosto de 1994, el ACNUR calculaba que había más de dos millones de refugiados en los países vecinos, de los que 1,2 millones estaban en el Zaire, 580.000 en Tanzania, 270.000 en Burundi y 10.000 en Uganda.3

Los grandes campamentos de Goma, en las provincias de Kivu de la región oriental del Zaire, estaban próximos a la frontera con Ruanda y se convirtieron rápidamente en la base principal de las derrotadas Fuerzas Armadas Ruandesas (Forces armées rwandaises, FAR) y de los miembros de la milicia hutu, los Interahamwe. Estos grupos fueron conocidos a menudo con el nombre colectivo de génocidaires (genocidas). Los campos se convirtieron también en la base principal de la actividad militar contra el nuevo gobierno de Kigali. Desde el principio, los refugiados se convirtieron en rehenes políticos del antiguo gobierno de Ruanda y de su ejército, las ex FAR. El control de los campamentos por éstas, especialmente de los situados alrededor de Goma, era abierto, lo que creó graves problemas de seguridad para los propios refugiados y planteó dilemas de difícil solución para el ACNUR, que intentaba garantizar su protección eficaz.

A finales de 1994, las víctimas de la crisis de Ruanda se contaban por millones. Además de las 800.000 víctimas del genocidio y de los dos millones de refugiados que habían salido del país, había alrededor de 1,5 millones de desplazados internos.

De una población de siete millones de habitantes, más de la mitad estaba afectada. El terreno estaba abonado para que comenzara una nueva fase de la tragedia ruandesa.

En los campamentos de refugiados, especialmente en los ubicados en la región oriental del Zaire, al principio la confusión era total. En julio de 1994, la Alta Comisionada Sadako Ogata describió así la situación:

En julio de 1994, estallaron el cólera y otras enfermedades, que causaron la muerte de decenas de miles de personas antes de que fueran controladas.5 Los campamentos de Goma fueron los más afectados. En ellos vivía cerca de un millón de refugiados, repartidos inicialmente en tres grandes asentamientos. Hubo muchos otros problemas. La autoridad del gobierno central del Zaire en la región oriental, alejada de la capital, Kinshasa, era débil. Los génocidaires ruandeses tenían aliados en la administración local en las provincias de Kivu, y el control efectivo de los campamentos quedó en manos de antiguos oficiales de las FAR. Los trabajadores de las organizaciones de ayuda de emergencia no estaban en condiciones de enfrentarse a ellos. En Goma, las tiendas de campaña se agrupaban por sectores, comunas, subprefecturas y prefecturas, siguiendo el modelo de la organización administrativa del país del que procedían los refugiados. La presencia de los antiguos dirigentes de Ruanda equivalía a un gobierno en el exilio. Finalmente, los altos mandos de las antiguas FAR fueron trasladados a otro campamento, y se convenció a los soldados rasos para que se despojaran de sus uniformes, pero la población siguió claramente bajo su control y el de los Interahamwe. En Kivu Meridional, la situación física de los refugiados era mejor, pues su número era inferior y los campamentos eran más reducidos, aunque también había elementos armados infiltrados en ellos. Sólo en Tanzania lograron las autoridades desarmarlos y lograr un mínimo de control sobre los campos.

Poblaciones de refugiados de Ruanda y Burundi. 1993 - 1999 Gráfico 10.1 Nota: A 31 de diciembre de cada año indicado

En los primeros días de la crisis de refugiados, los trabajadores de las organizaciones de ayuda de emergencia se encontraron cooperando con estas autoridades militares y con los líderes de la milicia Interahamwe. La estructura administrativa que habían creado era la forma más rápida y aparentemente más eficaz de distribuir la ayuda. Aunque este sistema de distribución se modificó en cuanto fue posible para garantizar que los alimentos y otros productos se repartieran directamente entre los refugiados, fueron legítimas las críticas de que los génocidaires estaban utilizando a los organismos humanitarios para reforzar su posición frente a la población refugiada.