Al principio, los líderes de los campamentos tuvieron el control de la distribución de alimentos y de otros artículos de ayuda de emergencia. Sin embargo, pronto quedó patente que la ayuda no era su principal fuente de apoyo, ya que adquirían recursos más importantes mediante su control sobre la economía de los campamentos, pues administraban negocios al por menor y recaudaban impuestos entre la población, especialmente a los refugiados empleados de las organizaciones humanitarias que ganaban un salario regular. Por tanto, los campamentos de Goma se convirtieron en una reproducción a escala de la Ruanda anterior a 1994, y en una importante amenaza militar para el nuevo gobierno de Ruanda. Los líderes también se habían llevado consigo la mayoría del contenido del Banco de Ruanda y gran parte de la flota de transporte público.

A finales de agosto, la Alta Comisionada Ogata escribió al Secretario General de la ONU pidiendo la adopción de varias medidas de emergencia, dado que las autoridades zaireñas no habían emprendido las acciones necesarias. Estas medidas incluían cuatro elementos clave: en primer lugar, «desarmar totalmente a las antiguas tropas de las FAR, recoger todas las armas y el equipo militar y reunirlo en un lugar seguro lejos de la frontera»; en segundo lugar, «aislar y neutralizar a los líderes civiles»; en tercer lugar, «establecer un mecanismo que se ocupe de los autores de delitos»; y en cuarto lugar, «garantizar el mantenimiento del orden público en los campamentos mediante el despliegue de la policía».6 Pero los miembros del Consejo de Seguridad y otros Estados no respaldaron estas medidas, y las organizaciones humanitarias que trabajaban en los campamentos siguieron inermes. Se estaba gestando otra catástrofe.

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La titubeante respuesta internacional

El nuevo gobierno de Ruanda criticó con dureza la situación de los campamentos y pidió en reiteradas ocasiones la repatriación inmediata de los refugiados o su traslado al interior del Zaire, lejos de la frontera. Pero era más fácil decirlo que hacerlo. Había entre los zaireños una oposición generalizada a su presencia, y en la atmósfera política del Zaire, cada vez más inestable, esta oposición podía convertirse en violencia en cualquier momento. En un memorándum dirigido al ACNUR poco después del éxodo, las fuerzas políticas de la oposición del Zaire amenazaron con la violencia. Los refugiados, decían,

Refugiados de Ruanda en la región de los Grandes Lagos, a 31 de agosto de 1994	Gráfico 10.2

Sin embargo, para el débil gobierno de Kinshasa, los refugiados eran, en potencia, una fuerza por poderes, útil para contribuir a reafirmar el control de las provincias orientales. Para el presidente Mobutu, la cuestión de los refugiados desviaba la atención de la mala gestión de su gobierno y, por tanto, le ofrecía una oportunidad para recuperar la talla internacional que había perdido tras el final de la Guerra Fría.

El campamento de Kibeho para hutus ruandeses desplazados en el sudoeste de Ruanda, que sería el escenario de matanzas masivas en abril de 1995. (S. SALGADO/1994)

Los países donantes occidentales que participaban en el esfuerzo de asistir a los refugiados estaban divididos. Las delegaciones que se desplazaban hasta Kinshasa pedían rutinariamente que el presidente Mobutu negociase con las diversas fuerzas implicadas, pero no estaba claro quién debía participar en esas negociaciones ni lo que había que negociar. Se hablaba de la repatriación de los refugiados, pero ningún gobierno donante la respaldaba con la fuerza suficiente para asumir los riesgos políticos necesarios para impulsarla. El sentimiento de culpa occidental por la inacción de la ONU ante el genocidio complicaba los intereses políticos y económicos arraigados en la región. El resultado fue la incoherencia en el ámbito político. El gobierno del Zaire, titular de la responsabilidad del bienestar de los refugiados, mostraba señales de un hundimiento inminente, y sus miembros se contradecían entre ellos. El nuevo gobierno ruandés también emitía señales contradictorias. Oficialmente, sus  represen-

Para el ACNUR, había problemas prácticos urgentes, pero su solución se veía frustrada en todo momento por la creciente inestabilidad política de la región. Goma se estaba convirtiendo no tanto en un lugar de refugio, sino en una zona de guerra de baja intensidad. Un funcionario del ACNUR en el terreno escribió desde Goma: «Ni nuestro mandato ni los medios de que disponemos son suficientes para abordar la crisis de la región».8

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La intensificación del conflicto en la región oriental del Zaire

Desde principios de 1995, los grupos militares ruandeses en la región oriental del Zaire, en su mayoría antiguos combatientes de las FAR, organizaron una serie de ataques transfronterizos contra Ruanda. Después, el EPR lanzó una serie de contraataques contra el Zaire, y atacó el campamento de Birava el 11 de abril y el de Mugunga el 26 de abril de 1995, causando la muerte de 33 personas. El ACNUR se encontró en el centro de un conflicto entre los dos ejércitos ruandeses. En el Zaire, el presidente Mobutu apoyaba el rearme y el reciclaje de las ex FAR. Las baratas armas ligeras procedentes de los antiguos países comunistas de Europa oriental también contribuyeron al rearme de los antiguos génocidaires.9 Los combatientes de las ex FAR y la milicia estaban cada vez en mejores condiciones para utilizar los campamentos como centros de reclutamiento y bases de retaguardia para infiltrarse en Ruanda.

Mientras tanto, en Ruanda la situación política se había deteriorado. En el campamento de Kibeho, en el suroeste del país, miles de desplazados internos hutus murieron a manos de las fuerzas del FPR en abril de 1995. Entre julio y agosto de 1994, el campamento de Kibeho había formado parte de una «zona de protección humanitaria» creada por una fuerza militar multinacional dirigida por Francia en el marco de la «Operación Turquesa», autorizada por el Consejo de Seguridad de la ONU.10 En agosto de 1995, el FPR había marginado a los miembros del gabinete ruandés más independientes, y fueron obligados a dimitir el primer ministro Faustin Twagiramungu, el ministro del Interior Seth Sendashonga y el ministro de Justicia Alphonse-Marie Nkubito. La principal preocupación del nuevo gobierno era la amenaza militar que constituían los antiguos miembros de las FAR que actuaban desde los campamentos de refugiados del Zaire.

El ACNUR pidió al Consejo de Seguridad en reiteradas ocasiones que tomase medidas para garantizar la naturaleza civil y humanitaria de los campamentos de refugiados. La Alta Comisionada solicitó «un contingente multinacional compuesto por policías y gendarmes de los países francófonos africanos y quizá del Canadá, apoyo logístico en el transporte y equipamiento de los países no africanos y apoyo económico de otros países».11 Pero nada de esto llegó. La mayoría de los países donantes estaba alarmada ante la inestabilidad en la región y el alto coste del despliegue de tropas. La indecisión en el seno del Consejo de Seguridad impidió también que se abordara la cuestión con seriedad.

El ACNUR tuvo que contentarse con los recursos del país de acogida. Se creó una fuerza especial, el Contingente Zaireño para la Seguridad de los Campamentos, compuesta por 1.500 hombres de la División Especial Presidencial de Mobutu, a quienes el ACNUR pagó y volvió a equipar. La fuerza tenía asesores internacionales de los Países Bajos y de varios países del África occidental, y comenzó a actuar a principios de 1995. Su labor fue razonablemente positiva, para sorpresa de algunos observadores escépticos. Aunque su mandato no se extendía a la seguridad en la frontera, mantuvo al menos mínimamente el orden público en los campamentos y sirvió para debilitar en cierto modo la autoridad de los líderes refugiados y aumentar así la libertad de éstos para decidir el retorno.

Sin embargo, y tras un comienzo tan prometedor, el Contingente Zaireño tuvo finalmente problemas de disciplina. Al depender directamente del presidente Mobutu, por medio de su ministro de Defensa, y no del primer ministro, se convirtió en un factor que amplió la división política en el Zaire, y pronto se contagió de la corrupción endémica que aquejaba a la administración en las provincias de Kivu y en otras zonas del país. A principios de 1996, la Alta Comisionada Ogata escribió al primer ministro zaireño Kengo Wa Dondo:

Como antes, la ausencia de un apoyo diplomático internacional concertado hizo que el presidente Mobutu pudiera seguir jugando a dos barajas, reconociendo públicamente las preocupaciones del ACNUR sobre la creciente violencia en las zonas fronterizas, y tolerando ésta en privado, o incluso apoyándola. Pero el propio presidente Mobutu erró sus cálculos y se convirtió en la siguiente víctima de las fuerzas desatadas en la región oriental de su país.