El conflicto se extiende

A mediados de 1996, la situación en la región de los Grandes Lagos era de enorme tensión. En Burundi, también se habían intensificado las tensiones entre tutsis y hutus. En octubre de 1993, unos soldados tutsis habían asesinado al presidente Melchior Ndadaye, elegido democráticamente, lo que había provocado un estallido de violencia en el que murieron miles de personas, tanto tutsis como hutus. También había causado la huida, sobre todo hacia Ruanda, de alrededor de 700.000 hutus, algunos de los cuales participaron activamente después en el genocidio de Ruanda.

El 26 de julio de 1996, el ex presidente comandante Pierre Buyoya, tutsi, derrocó al débil gobierno civil encabezado por el presidente Sylvestre Ntibantunganya. Algunos lo consideraron un intento de reimponer el control del Estado, pero otros pensaban que sólo era otro golpe de Estado militar más. Los países vecinos convocaron una reunión urgente y decretaron un embargo económico contra Burundi. En otra zona de la región, las relaciones entre Uganda y Sudán se estaban deteriorando. Kampala acusaba a Jartum de armar a grupos guerrilleros y de alentarlos para que atacasen Uganda tanto desde Sudán como desde el nordeste del Zaire (con el apoyo de Kinshasa).

Por último, en la región oriental del Zaire, el conflicto en Kivu Septentrional se estaba extendiendo a Kivu Meridional. Allí, los banyamulenges, un grupo tutsi zaireño, también afrontaban problemas derivados de los cambios introducidos en 1981 en las leyes de ciudadanía zaireñas. Los políticos locales, que actuaban en nombre del presidente Mobutu, fomentaron la locura nacionalista, y los banyamulenges fueron atacados por elementos armados. A mediados de septiembre, grupos de refugiados comenzaron a llegar al puesto de Cyangugu, en la frontera con Ruanda. También hubo ataques de represalia de las milicias banyamulenges contra diversos objetivos civiles y militares en Kivu Meridional. Se recibieron informes según los cuales algunos soldados del Ejército Patriótico Ruandés (EPR) habían entrado en el Zaire desde Ruanda y combatían junto con la milicia banyamulenge y otros grupos armados de oposición que, para entonces, se habían alzado contra el régimen del presidente Mobutu.

Un año después, el vicepresidente de Ruanda, Paul Kagame, confirmó las noticias según las cuales el gobierno ruandés había proporcionado un apoyo fundamental a los banyamulenges y a otros grupos de oposición zaireños en su rebelión. La justificación que alegó Ruanda para atacar territorio zaireño y los campamentos de refugiados de Kivu Septentrional y Kivu Meridional era la necesidad de poner fin a las incursiones armadas de los extremistas hutus que tenían sus bases en estos campos de refugiados.

La ya difícil posición del ACNUR y de otras organizaciones humanitarias en las provincias de Kivu empeoró aún más. Rara vez, si es que la hubo, se había identificado con tanta claridad a este tipo de organizaciones con el principal objetivo militar de una guerra: el desmantelamiento de los campamentos de refugiados que habían construido y apoyado en los dos años anteriores. Esto se complicó aún más con la presencia del Contingente Zaireño, a quien el ACNUR pagaba para mantener el orden público en los campamentos, pero que —al ser una fuerza militar zaireña— intentó defenderse de los ataques. Los antiguos miembros de las FAR también ofrecieron resistencia a los avances militares de las fuerzas rebeldes, que contaban con un fuerte apoyo del gobierno ruandés.

Así pues, el gobierno ruandés y sus aliados afirmaban que el ACNUR respaldaba no tanto a los refugiados como a los génocidaires y a su valedor, el régimen del presidente Mobutu. Los refugiados también criticaban al ACNUR, y cuando la Alta Comisionada exhortó a los ruandeses atrapados en el conflicto a que regresasen a su país, los grupos extremistas acusaron al ACNUR de colaborar con los agresores. El gobierno del Zaire lo acusó incluso de haber tomado parte en lo que calificó de «invasión» de Kivu Meridional.

El ACNUR y otras organizaciones humanitarias se encontraron en una situación no sólo difícil políticamente, sino cada vez más peligrosa. El argumento de que la ayuda humanitaria, en una situación en la que no se toman medidas políticas, puede prolongar, y a veces exacerbar, un conflicto armado, cobró fuerza por los hechos acaecidos en la región oriental del Zaire. Como declaró la Alta Comisionada Sadako Ogata a principios de octubre de 1996:

Ataques contra los campamentos de refugiados de Goma

Al principio fue difícil identificar a las fuerzas armadas que actuaban contra los campamentos de refugiados ruandeses (y burundeses) de Kivu Meridional. Inicialmente se las llamó a todas ellas banyamulenges. Pero a partir de mediados de octubre, se mencionaba cada vez más a la Alianza de Fuerzas Democráticas para la Liberación del Zaire/Congo (Alliance des forces démocratiques pour la libération du Zaire/Congo, AFDL/ZC), nombre que daba a entender la participación de zaireños en la nueva guerra y una agenda política más amplia.

Pero, aun cuando hubiera una agenda más amplia, los campamentos de refugiados fueron el blanco inicial. Los primeros atacados fueron los del sur, en la zona de Uvira, que albergaban a la mayor parte de los refugiados burundeses. Estos campamentos habían sufrido la infiltración de las Fuerzas para la Defensa de la Democracia (Forces de défense de la démocratie, FDD), integradas por guerrilleros hutus que luchaban contra el gobierno del presidente Buyoya, que había tomado el poder a mediados de 1996. En octubre de 1996, los campamentos fueron invadidos con sorprendente facilidad y los refugiados empujados al otro lado de la frontera, a Burundi. Las FDD sufrieron grandes pérdidas en la operación. Estos ataques ayudaron al presidente Buyoya en Burundi en una situación crítica. El ataque contra Uvira obligó al ACNUR y a las organizaciones asociadas con él a suspender sus actividades; el personal expatriado fue evacuado, dejando tras de sí a sus colegas zaireños y a decenas de miles de refugiados. Las instalaciones del ACNUR fueron saqueadas y destrozadas.

Tras el principal ataque en Uvira, los refugiados ruandeses supervivientes fueron empujados hacia el norte, hacia Bukavu. Para entonces, Bukavu también había sido atacado. Los últimos trabajadores de las organizaciones internacionales de ayuda de emergencia fueron evacuados de Bukavu en medio de intensos combates el 29 de octubre, cuando el ACNUR y sus asociados suspendieron sus actividades. Una vez más, los refugiados ruandeses se vieron obligados a marcharse, trasladandose hacia el oeste o hacia el norte, en un intento de reunirse con el principal contingente de refugiados en la zona de Goma.

Pero Kivu Septentrional tampoco estaba exento de peligro. La rebelión se extendía a gran velocidad, tomando por sorpresa a zaireños y observadores internacionales. Las fuerzas rebeldes atacaron dos de los campamentos situados al norte de Goma, Katale y Kahindo, y cientos de miles de personas tuvieron que huir hacia los dos últimos bastiones seguros, los campamentos de Mugunga y Kibumba. Pocos días después, Kibumba sufrió un ataque directo, y más de 200.000 refugiados huyeron a la ciudad de Goma y a Mugunga. El 31 de octubre, la propia ciudad de Goma fue atacada. El 2 de noviembre, el personal del ACNUR y de otras organizaciones humanitarias que aún permanecía en Goma fue evacuado a la vecina Ruanda, bajo la protección del EPR.20

Estos hechos constituían un dramático fracaso de la comunidad internacional en la protección de los refugiados. También representaron una de las crisis más graves de la historia del ACNUR. En unos días, el ACNUR y las organizaciones asociadas a él se habían visto obligadas a abandonar a cientos de miles de refugiados en una situación de conflicto intensificado. Fueron aislados del único campamento de refugiados que quedaba y habían perdido el contacto con la mayoría de los refugiados que ahora se desplazaban desordenadamente en las dos provincias de Kivu. El sufrimiento de estos refugiados, muchos de los cuales huyeron a través de los densos bosques tropicales de la región oriental del Zaire, exigía una acción urgente. Al igual que en 1994, el ACNUR pidió una fuerza internacional para proteger el acceso humanitario a los refugiados. Pero si movilizar una fuerza de estas características había sido difícil en 1994, ahora era casi imposible. Los refugiados, lo quisieran o no, estaban bajo el control total de elementos armados. Las dificultades y contradicciones de los años anteriores habían alcanzado su punto culminante. Una vez más, hubo en las capitales occidentales un prolongado debate sobre la conveniencia de enviar una fuerza multinacional y sobre su misión, pero nada ocurrió en el terreno.

Aunque la suspensión de las operaciones humanitarias había sido espectacular, el ACNUR y sus asociados pudieron reanudar algunas actividades apenas unos días después. Con las fuerzas rebeldes, ahora conocidas como AFDL, ocupando la mayor parte de la región oriental de las provincias de Kivu, las Naciones Unidas comenzaron a negociar la reanudación de las actividades humanitarias en las zonas controladas por ellas. Una delegación de la ONU se reunió en Goma con el líder de la Alianza, Laurent-Désiré Kabila, que más tarde se convertiría en el presidente de la República Democrática del Congo. La AFDL, adoptando una técnica que utilizaría una y otra vez en los meses siguientes, anunció que permitiría que el ACNUR tuviera acceso a los refugiados, aunque en realidad limitaba dicho acceso a las zonas que habían quedado bajo su control. Invariablemente, el ACNUR sólo obtenía el acceso una vez que se había dado muerte a los presuntos elementos armados, en procesos en los que a menudo también perdían la vida algunos refugiados.

Los días 12 y 13 de noviembre, el EPR bombardeó el campamento de Mugunga. Los refugiados trataron de huir hacia el oeste, al interior del Zaire. Algunos lo consiguieron, pero la mayoría fueron bloqueados por las fuerzas rebeldes. La única vía hacia la seguridad era la carretera que los llevaba de regreso a Ruanda. Un gran número de refugiados comenzó a dirigirse en tropel hacia la frontera. Mientras tanto, la AFDL había autorizado al ACNUR a que reanudase las actividades en Goma. Sin embargo, lo único que pudo hacer su personal era ver cómo cientos de miles de personas caminaban en un silencio sobrecogedor de regreso al país de donde —bajo un tipo de presión diferente, pero de forma igualmente involuntaria— habían huido en un éxodo masivo sólo dos años antes.