Durante toda la década de 1980, el uso de los «pueblos de refugiados» en Pakistán como bases por diversos grupos armados la resistencia islámica afgana —conocidos colectivamente como muyahidín— fue un importante motivo de preocupación para el ACNUR. Los Estados Unidos, sus aliados y diversos países islámicos proporcionaban a los muyahidín una enorme cantidad de ayuda militar y económica. Se calcula que, entre 1982 y 1991, sólo los Estados Unidos les dieron más de 2.000 millones de dólares en ayuda.21 Dado que apoyaban a los muyahidín en su lucha contra el régimen de Kabul, respaldado por los soviéticos, muchos donantes estaban dispuestos a no darse por enterados de la presencia de combatientes armados en los «pueblos de refugiados». También estaban dispuestos a tolerar una desviación sustancial de la ayuda humanitaria para fines militares. Esto hizo que algunos observadores calificaran en aquel período los «pueblos de refugiados» de «comunidades de refugiados-combatientes».22

En 1984, el deterioro de la situación de la seguridad en muchos de los «pueblos de refugiados» hizo que el ACNUR buscara formas de trasladar a estos refugiados lejos de la frontera, tanto para protegerlos de los ataques de las fuerzas gubernamentales afganas o soviéticas como para reducir la capacidad de los rebeldes de utilizar los «pueblos» como bases. Para entonces, era habitual en muchos de estos «pueblos» la presencia de armas antiaéreas y de otras armas pesadas. En julio de 1984, el Director de Protección Internacional del ACNUR sugirió que la organización pusiera fin a la asistencia a los «pueblos» que no tomaran medidas para impedir esta militarización: «La preservación del carácter civil de los `pueblos de refugiados' que reciben la asistencia del ACNUR es esencial para salvaguardar el carácter apolítico y humanitario de la Oficina [...] En casos en los que no se hayan adoptado las necesarias medidas correctivas [retirada de las armas], seríamos partidarios del cese de la asistencia del ACNUR a los pueblos en cuestión».23 Asimismo, instó al personal del ACNUR que trabajaba sobre el terreno a que hiciera «todo lo posible para animar a los refugiados [...] a que se trasladen por su propia seguridad a lugares alternativos adecuados», aunque advertía que sería «desaconsejable y contraproducente recurrir a ningún tipo de coacción».24

El temor del ACNUR por la seguridad de los refugiados resultó fundado. A mediados de 1984, las fuerzas gubernamentales soviéticas y afganas realizaron varios ataques desde Afganistán contra Pakistán, en los que murieron o resultaron heridos numerosos refugiados. En 1986 y 1987 se lanzaron nuevos ataques que causaron la muerte a cientos de refugiados más. Las fuerzas gubernamentales soviéticas y afganas también realizaron ataques contra civiles paquistaníes, lo que reavivó las tensiones entre la población local y los refugiados. A finales de 1986, aparentemente para aplacar a los airados habitantes locales, las autoridades paquistaníes reunieron a más de 50.000 afganos que vivían sin autorización en la ciudad de Peshawar y los devolvieron a sus «pueblos de refugiados».

En esa misma época, las autoridades paquistaníes adoptaron otras medidas contundentes para reagrupar a los refugiados, principalmente por motivos de seguridad. En una ocasión, las autoridades locales de Karachi, la mayor ciudad de Pakistán, detuvieron a más de 18.500 refugiados afganos de etnia tayika y uzbeka y de origen turcomano, destruyeron sus alojamientos improvisados, los expulsaron de la ciudad y los llevaron a un lugar situado a unos diez kilómetros, donde se estableció para ellos un nuevo «pueblo de refugiados». Aunque el ACNUR había denunciado el trato que se dio a los refugiados, la organización entregó finalmente más de 400.000 dólares para ayudar a crear infraestructuras esenciales para este «pueblo».

Mientras tanto, más cerca de la frontera, los motivos de preocupación del ACNUR en relación con la seguridad de los refugiados no se tradujeron en medidas concretas para desmilitarizar los «pueblos de refugiados». Los muyahidín siguieron saliendo y entrando de ellos durante toda la década de 1980. Aunque finalmente las fuerzas soviéticas se retiraron de Afganistán en 1989, la guerra entre los muyahidín y el régimen comunista de Kabul continuó. Después de que los primeros se hicieron con el control del país en 1992, prosiguieron los combates en muchas partes del país entre diversas facciones muyahidín, muchas de las cuales operaban desde bases situadas en Pakistán, y continuaron los problemas de seguridad en los «pueblos de refugiados».

Desplazamientos masivos en Centroamérica

Durante la década de 1980, el ACNUR también intervino por primera vez en Centroamérica, lugar donde se desarrollaban sendas guerras civiles en Nicaragua, El Salvador y Guatemala. En cada una de ellas, la insurgencia y la contrainsurgencia provocaron enormes cifras de pérdidas de vidas y desplazamientos a gran escala. En total, fueron expulsados de sus hogares más de dos millones de personas en los tres países. Durante las décadas anteriores se habían desatado luchas violentas en la región entre los campesinos pobres sin tierras que querían la reforma social y agraria, y las élites propietarias de tierras respaldadas por el ejército. Los sucesivos gobiernos de los Estados Unidos habían apoyado a los gobiernos de derechas de la región en un esfuerzo por detener lo que consideraban la propagación del comunismo cerca de las fronteras estadounidenses, así como para proteger sus intereses económicos en la región. Los movimientos rebeldes que surgieron en ella estaban bajo la influencia del régimen comunista de Cuba, y contaban con el relativo respaldo de éste.

En Nicaragua, los Estados Unidos habían apoyado al régimen de Somoza durante tres generaciones. Durante la década de 1970, partidos políticos, estudiantes, sindicatos y muchos ciudadanos de clase media, así como la Iglesia católica, se habían opuesto al último de estos dictadores, Anastasio Somoza Debayle. El Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), de izquierdas, hizo avances significativos y, en julio de 1979, Somoza huyó del país, que quedó bajo el control de los sandinistas.

En unas semanas, muchos nicaragüenses adinerados y de clase media y miles de miembros del gobierno de Somoza y de las fuerzas armadas abandonaron el país. Mientras tanto, la mayoría de los nicaragüenses que se habían exiliado empezó a regresar a sus casas.25 Algunos de los nicaragüenses que huyeron a Honduras crearon un grupo armado de oposición conocido como los «contras» (contrarrevolucionarios), que durante la guerra de los años ochenta recibieron un apoyo considerable de los Estados Unidos, que consideraban el gobierno sandinista de Nicaragua una amenaza para sus intereses.

En El Salvador, que desde la independencia venía sufriendo frecuentes golpes de Estado y la violencia política, los grupos rebeldes, aunque fragmentados, también se impusieron durante los años setenta. Alentados a menudo por el clero católico, miles de campesinos se unieron a organizaciones que pedían la reforma agraria y más justicia social. El gobierno respondió aumentando la represión y se cometieron miles de homicidios políticos.

En lugar de acabar con la disidencia, estos ataques estimularon un mayor apoyo a los insurgentes, especialmente en las zonas rurales. En enero de 1981, una gran diversidad de grupos de la oposición se unieron para formar el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), que se estableció como una importante presencia militar en muchas zonas del país y que se convirtió en una seria fuerza política tanto dentro como fuera de sus fronteras. En respuesta, los Estados Unidos aumentaron la ayuda militar al gobierno salvadoreño y se implicaron de forma más directa en la campaña de las fuerzas armadas salvadoreñas contra el FMLN. El conflicto entre el ejército salvadoreño y el FMLN continuó a lo largo de toda la década de 1980.

Principales movimientos de refugiados en América Central, década de 1980 Mapa 5.3

En Guatemala también se alzaron grupos rebeldes contra el régimen militar en los años setenta. Estos grupos contaban con el respaldo de gran parte de los indígenas del país que, aunque constituían la mayoría de la población, estaban excluidos de la vida política y económica. A finales de 1981, el ejército inició una campaña de contrainsurgencia de 18 meses que no sólo se dirigió contra la guerrilla, sino también contra las comunidades indígenas, a las que consideraban base de apoyo de los rebeldes. Decenas de miles de civiles, en su mayoría indígenas, murieron o desaparecieron.26 Se calcula que, en el punto álgido de la violencia, un millón de personas se convirtieron en desplazados internos como consecuencia de esta campaña militar. Unos meses después, los diversos grupos guerrilleros se unieron para crear la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG). Pese al apoyo popular, la URNG no pudo convertirse en un desafío serio para las tropas del gobierno. Para 1983, el ejército guatemalteco la había obligado a retirarse a las zonas montañosas más remotas, donde permaneció hasta que comenzaron las conversaciones de paz, al final de la década.

La mayoría de los dos millones de personas que huyeron de sus hogares como consecuencia de estos conflictos armados en Nicaragua, El Salvador y Guatemala se convirtieron en desplazados internos o en extranjeros indocumentados en otros países de América Central o del Norte, como Honduras, México, Costa Rica, Belice y Panamá, así como los Estados Unidos y Canadá. De los que salieron de su país, sólo alrededor de 150.000 fueron reconocidos como refugiados en América Central y México. De los cientos de miles de personas que huyeron a los Estados Unidos, sólo un número relativamente pequeño fueron reconocidos como refugiados. La mayoría no tuvo la oportunidad de solicitar el estatuto de refugiado o no lo pidió por miedo a ser expulsados en el caso de que se les denegase.

De los más de 500.000 centroamericanos que huyeron a los Estados Unidos, la mayor parte no recibió protección como refugiados. La respuesta de las autoridades estadounidenses a los refugiados centroamericanos estaba muy influida por las consideraciones de carácter político. Los nicaragüenses eran en general bien recibidos y recibían asilo, mientras que a un gran número de guatemaltecos y salvadoreños se les denegó el asilo y fueron expulsados, aunque algunos grupos se beneficiaron de aplazamientos de la expulsión. Costa Rica, Honduras y México recibieron también a varios cientos de miles de centroamericanos, de los que sólo 143.000 fueron reconocidos como refugiados .27

Principales poblaciones de refugiados registradas en América Central y México, 1980-1999. Gráfico 5.3

Para el ACNUR, los esfuerzos para proporcionar protección y asistencia a los dos grupos de refugiados en Honduras sufrieron restricciones a causa de la política de la Guerra Fría y de otras consideraciones políticas. El gobierno de Honduras, que dependía de la ayuda estadounidense, daba la bienvenida a los refugiados nicaragüenses que huían del gobierno sandinista, pero se mostraba muy suspicaz ante los refugiados salvadoreños. El trato desigual que dispensaban las autoridades hondureñas a ambos grupos de refugiados planteó serios desafíos para el ACNUR. Aunque la mayoría de los refugiados reconocidos oficialmente como tales vivían en campamentos administrados por el ACNUR, las condiciones de dichos campamentos variaban considerablemente. Mientras los refugiados nicaragüenses podían salir y entrar de los suyos libremente, los salvadoreños se veían obligados a permanecer en campamentos cerrados, custodiados por las fuerzas armadas hondureñas.

Temas de interés: "La Declaración de Cartagena de 1984"