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LA SITUACIÓN DE LOS REFUGIADOS I N D U S T R I A L I Z A D O | |
El asilo en el mundo industrializado 
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La Convención sobre el Estatuto
de los Refugiados, adoptada por las Naciones Unidas en 1951, se
redactó fundamentalmente para responder al desplazamiento
masivo que tuvo lugar en Europa al término de la Segunda
Guerra Mundial. Medio siglo después, es en Europa y en los
otros países industrializados del mundo donde la institución
del asilo se enfrenta a algunos de sus mayores desafíos.
Deseosos de proteger sus fronteras de la inmigración no deseada
y desconfiando de las motivaciones de muchas de las personas que
solicitan asilo, los gobiernos de los países industrializados
han adoptado una serie de nuevas medidas para controlar y restringir
el acceso a su territorio. Para los refugiados que huyen de la persecución,
estas medias han afectado gravemente en muchos casos a su capacidad
para conseguir el acceso a los procedimientos de asilo y a la seguridad.
En este capítulo se examina la evolución de la política de refugiados en Europa, América del Norte, Australia, Nueva Zelanda y Japón. En la primera sección se evalúan los enfoques de la protección a los refugiados en los países europeos, centrándose en los hechos acaecidos en las décadas de 1980 y 1990. Se inscriben en este apartado las iniciativas para combatir la migración ilegal y sus consecuencias para los refugiados y solicitantes de asilo, las iniciativas para armonizar las políticas de asilo dentro de la Unión Europea y las respuestas al desplazamiento masivo derivado de la guerra en los Balcanes. Se analiza también la transformación que han experimentado desde |
En las secciones segunda y tercera se expone cómo en los Estados Unidos, Canadá y Australia, que son países tradicionales de inmigración, programas de reasentamiento respaldados por los respectivos gobiernos han ofrecido a millones de refugiados la posibilidad de rehacer su vida desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. En estas secciones se examina cómo, a pesar de la hospitalidad mostrada hacia los refugiados a través de esos programas, los intereses políticos han amenazado reiteradamente con menoscabar las obligaciones de los gobiernos para con los solicitantes de asilo. En América del Norte y en Australia, las políticas gubernamentales se han visto influidas cada vez más por la necesidad de responder al número creciente de solicitantes de asilo que llegaban espontáneamente.
Uno de los principales desafíos que ahora tienen ante sí todos los Estados industrializados para cumplir con sus obligaciones hacia los refugiados es el de ocuparse del fenómeno de los «flujos mixtos» de refugiados y otros migrantes, así como el fenómeno relacionado de la «migración por motivos mixtos». Muchas personas dejan su país de origen por una combinación de razones políticas, económicas y de otra índole.1 Esta mezcla de motivaciones es uno de los factores que generan una imagen de abuso generalizado por parte de los solicitantes de asilo, que a menudo es manipulada por los políticos y los medios de comunicación.
Además, el tráfico ilegal y el contrabando de personas se ha convertido gradualmente en una característica agravante del panorama de la migración. Al cerrarse las vías de llegada regulares, muchos refugiados acuden a contrabandistas para alcanzar la seguridad, pese a los peligros y los costes económicos que ello implica. Los solicitantes de asilo que recurren a traficantes de seres humanos ponen en grave peligro sus reivindicaciones a juicio de muchos Estados. Cuando esto se une a la creciente tendencia de los Estados a detener a los solicitantes de asilo, la consecuencia es estigmatizar aún más a los solicitantes de asilo como delincuentes ante la opinión pública.
Los Estados tienen un interés legítimo en controlar el acceso a su territorio, pero también tienen obligaciones legales internacionales de dar protección a las personas que huyen de la persecución. Los Estados industrializados tienen responsabilidades concretas en materia de protección de los refugiados. No sólo desempeñaron un papel decisivo hace medio siglo en la redacción de los grandes instrumentos internacionales sobre refugiados y derechos humanos, sino que, lo que es más importante, el ejemplo que den influirá inevitablemente en el trato que otros Estados dispensen a los refugiados en los años venideros.
La evolución
de la política de asilo en Europa
Al término de la Segunda Guerra Mundial, Europa hubo de hacer frente a un desafío humanitario de enormes proporciones. Mientras el continente luchaba por reconstruir sus maltrechas infraestructuras y economías, más de 40 millones de personas desplazadas debían ser repatriadas o reasentadas. Por añadidura, en 1956, unas 200.000 personas huyeron tras el aplastamiento del levantamiento de Hungría por la Unión soviética, y en 1968 un número menor abandonó Checoslovaquia después de la represión soviética de la «primavera de Praga». Aunque la Convención de la ONU sobre el Estatuto de los Refugiados, de 1951, ofrecía el marco legal internacional para la protección de esos refugiados, el asilo en Europa —y, de hecho, en Occidente en general— tenía también una connotación ideológica. Reflejaba un compromiso político general de acoger refugiados procedentes de los países comunistas.
Refugiados de otros continentes comenzaron por primera vez a llegar a Europa en gran número en la década de 1970. Había refugiados que huían de América Latina como consecuencia de los golpes de Estado militares de Chile y Uruguay en 1973 y de Argentina en 1976. Los refugiados procedentes de estos países encontraron refugio tanto en Europa occidental como en Europa oriental (véase recuadro 5.4). Asimismo, aunque la mayoría de los refugiados que huyeron de países de Indochina después de 1975 fueron reasentados en América del Norte, unos 230.000 fueron reasentados en Europa occidental.
Se debía también a cambios en la política de inmigración durante la recesión económica que siguió a las conmociones provocadas por los precios del petróleo en la década de 1970. Al no necesitar ya a los trabajadores inmigrantes, muchos países europeos dejaron de fomentar la migración de mano de obra, aunque la reunión familiar continuó. En consecuencia, al menos algunos posibles migrantes recurrieron al cauce del asilo. Otros factores importantes fueron la mejora de las comunicaciones, el más fácil acceso al transporte aéreo y el número creciente de personas que buscaban mejores oportunidades económicas y sociales en todo el mundo.2
Estos nuevos solicitantes de asilo no europeos rara vez encajaban en el molde de la Guerra Fría. Los solicitantes de asilo tamiles procedentes de Sri Lanka fueron uno de los primeros grupos que llegaron por su cuenta en gran número, y plantearon problemas concretos a los Estados europeos en la década de 1980. Había personas que huían por diversos motivos, incluidos la persecución y los efectos indiscriminados de una guerra civil mal conocida.3 Su llegada generó un intenso debate acerca de las obligaciones de los Estados hacia las personas que recorren medio mundo para pedir asilo, cuando podrían haber hallado una alternativa más cerca de su hogar, en este caso en el estado indio de Tamil Nadu. Muchos gobiernos europeos sospechaban, en muchos casos injustamente, que la motivación fundamental de estos solicitantes de asilo era de índole económica. En consecuencia, la mayoría de los gobiernos europeos impusieron requisitos de visado a los ciudadanos de Sri Lanka. Sin embargo, se suscitó una gran controversia en relación con las propuestas de repatriar a los solicitantes de asilo tamiles a un país todavía dividido por una encarnizada guerra civil.
En comparación con el número de refugiados en el mundo en vías de desarrollo, la proporción que llegaba a Europa occidental seguía siendo moderada. Pero la determinación caso por caso del estatuto de refugiado exigida por los procedimientos de asilo europeos, así como la necesidad de prestar al menos una mínima asistencia social a los solicitantes de asilo, significó un gran aumento de la carga administrativa y económica. Según una estimación, el coste total de la administración de los procedimientos de asilo y de la prestación de servicios sociales a los solicitantes de asilo en 13 de los principales Estados industrializados se elevó desde 500 millones de dólares de EE UU en 1983 a unos 7.000 millones de dólares en 1990.4 Esta última cifra multiplicaba por más de 12 el presupuesto total del ACNUR para ese año.
