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La reconstrucción de Kosovo El 9 de junio de 1999, la República Federativa de Yugoslavia aceptó formalmente un plan de paz que exigía la retirada de todas las fuerzas serbias de Kosovo, el retorno seguro y libre de todos los refugiados y desplazados y el establecimiento de una misión de la ONU, que fue autorizada en virtud de la Resolución 1244 del Consejo de Seguridad. El 12 de junio comenzó a desplegarse en Kosovo la KFOR (Fuerza de Kosovo), bajo el mando de la OTAN y con participación de tropas rusas. Los refugiados comenzaron a regresar de inmediato. En el plazo de tres semanas habían retornado 500.000 personas, y al término de 1999 lo habían hecho más de 820.000 albanokosovares (entre ellos personas que habían salido de la provincia antes del 24 de marzo). Los que regresaron volvieron a una sociedad en la que no existían una administración civil, ni una fuerza policial ni un sistema judicial y legal en funcionamiento, y donde se había producido una destrucción masiva de propiedades. Los retornados se enfrentaron también al peligro de las minas terrestres, las bombas trampa y los artefactos explosivos sin detonar. Decenas de miles de hogares de Kosovo habían sido destruidos o habían sufrido graves desperfectos, por lo que el ACNUR y otras organizaciones humanitarias pusieron en marcha con carácter inmediato un programa de rehabilitación a gran escala. Sin embargo, la prestación de asistencia material a los albanokosovares que regresaron fue sólo uno de los muchos desafíos que entrañó la consolidación de la paz en Kosovo. La sociedad entera estaba gravemente traumatizada por la guerra y por los acontecimientos de los años que precedieron al conflicto, y la situación de seguridad en Kosovo continuó siendo inestable. Los fondos destinados a la campaña aérea de la OTAN habían sido muy cuantiosos, pero, en comparación, la inversión después de la guerra —tanto en términos políticos como económicos— resultó una vez más mínima.
Mientras tanto, la huida de serbios de Kosovo a otras regiones de la República Federativa de Yugoslavia ha sometido a una tensión adicional a un país que ya sufría los prolongados efectos de las sanciones internacionales y de los bombardeos aéreos. Antes incluso de esta última afluencia, la República Federativa de Yugoslavia acogía a más de 500.000 refugiados procedentes de Croacia y de Bosnia y Herzegovina, por lo que es el país de la región que más refugiados acoge. Temas de interés: "Timor Oriental: el precio de la independencia" Los límites de la acción humanitaria en épocas de guerra En la última década del siglo XX, las organizaciones humanitarias que operaron en países devastados por la guerra salvaron miles de vidas e hicieron mucho para mitigar el sufrimiento humano. Sin embargo, una de las lecciones fundamentales de la década fue que, en situaciones de conflicto, la acción humanitaria puede ser manipulada fácilmente por las partes en guerra, y puede tener la consecuencia no buscada de afianzar la posición de autoridades abusivas. Asimismo, los suministros de ayuda aportados por las organizaciones humanitarias pueden pasar a alimentar las economías de guerra, contribuyendo de ese modo a sostener y prolongar la guerra. En los últimos diez años se han aprendido también lecciones importantes en relación con el empleo de fuerzas militares para proteger a víctimas civiles de la guerra. En un informe sumamente crítico sobre la caída de Srebrenica, presentado ante la Asamblea General de las Naciones Unidas en noviembre de 1999 por el Secretario General, Kofi Annan, se resumían las más importantes: La lección fundamental de Srebrenica es que, ante cualquier intento deliberado y sistemático de aterrorizar, expulsar o asesinar a toda una población, es preciso recurrir resueltamente a todos los medios necesarios para frustrarlo y demostrar la voluntad política de aplicar las medidas que corresponda hasta su conclusión lógica. En los Balcanes ha sido necesario aprender esta lección no una, sino dos veces en estos últimos diez años. En ambos casos, en Bosnia y en Kosovo, la comunidad internacional trató de concertar un arreglo negociado con un régimen inescrupuloso y sanguinario. En ambos casos, fue necesario el uso de la fuerza para poner freno a la matanza y la expulsión premeditada y sistemática de la población civil.42 Con harta frecuencia durante la década de 1990,
se dejó que organizaciones humanitarias como el ACNUR se ocuparan
de problemas de naturaleza esencialmente política. En todos los
casos, los límites de la acción humanitaria quedaron claramente
demostrados. Como subrayó la Alta Comisionada Ogata con creciente
insistencia a lo largo de esta década, las operaciones de ayuda
de emergencia no deberían considerarse un sucedáneo de
la acción política oportuna y firme para afrontar las
causas fundamentales del conflicto.43
Referencias
2 The New York Times, 17 de abril de 1991. 3 N. Morris, A. Witschi-Cestari, «Meetings at US European Command», mission report, Stuttgart, 3 de mayo de 1991. 4 A. Roberts, Humanitarian Action in War: Aid, Protection and Impartiality in a Policy Vacuum, Adelphi Paper 305, International Institute for Strategic Studies/Oxford University Press, diciembre de 1996, p. 41. 5 C. Faubert, «Repatriation in Situations of Armed Conflicts - The Case of Northern Iraq», ACNUR, 20 de febrero de 1992. 6 Alta Comisionada S. Ogata, memorándum al personal, 6 de mayo de 1991. 7 Alta Comisionada S. Ogata a Secretario General J. Pérez de Cuéllar, carta, 17 de mayo de 1991. 8 D. McDowall, The Kurds: A Nation Denied, Minority Rights Publications, Londres, 1992. 9 D. Keen, The Kurds in Iraq: How Safe is Their Haven Now?, Save the Children, Londres, 1993.
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