Estos refugiados eran diferentes en muchos aspectos de los previstos en la Convención de la ONU sobre los Refugiados de 1951. En la mayoría de los casos, eran personas que habían huido de su hogar no por miedo a la persecución, sino por la guerra y la violencia asociadas al proceso de descolonización. La mayor parte no quería integrarse en el país de asilo, sino regresar a su país cuando éste lograra la independencia o cuando el entorno fuera más seguro. En lugar de ocuparse de los refugiados individuales caso por caso, el ACNUR trataba ahora con flujos masivos de refugiados.

En este capítulo se estudia cómo en 1967 un nuevo Protocolo suprimió los límites geográficos y temporales de la Convención de la ONU sobre los Refugiados de 1951 y la hizo aplicable universalmente. En 1969, la Organización de la Unidad Africana adoptó una convención regional sobre los refugiados, en la que amplía la definición de refugiado para abarcar no sólo a quienes huyen de la persecución, sino también a quienes huyen de la guerra y de la violencia en sus comunidades.

El capítulo 3, dedicado al Asia meridional, examina la crisis de refugiados de Bangladesh que propició la primera intervención del ACNUR en el subcontinente indio. En 1971, la guerra que desembocó en la independencia de Bangladesh provocó la huida de aproximadamente 10 millones de refugiados bangladeshíes a la India, en lo que constituyó el mayor desplazamiento de refugiados de la segunda mitad del siglo XX e hizo que el ACNUR interviniera en la mayor operación de emergencia humanitaria que había realizado hasta entonces. Durante la crisis, el Secretario General de la ONU pidió al ACNUR que actuase como «punto de convergencia» para coordinar la asistencia humanitaria de la ONU y de otras organizaciones internacionales. Esto fue un antecedente del concepto de «organismo principal» que se utilizaría en años posteriores. Tras el fin de las hostilidades, el ACNUR ayudó a organizar la repatriación masiva de refugiados a Bangladesh. La mayoría de los refugiados retornó antes del final de febrero de 1972. En 1973, el ACNUR desempeñó también un papel decisivo en la organización del movimiento de un gran número de personas entre Bangladesh y Pakistán, uno de los mayores intercambios de población de la historia.

Aunque el capítulo está dedicado sobre todo a la crisis de refugiados de Bangladesh, también hace una breve descripción de la situación de los refugiados tibetanos en la India, de la intervención del ACNUR a favor de los rohingyas de Birmania que huyeron a Bangladesh, y del papel que desempeñó el ACNUR en la asistencia a los asiáticos expulsados de Uganda por el presidente Idi Amin en 1972.

La ampliación de la protección de los refugiados

El capítulo 4 aborda la huida de refugiados de Camboya, Laos y Vietnam que se produjo tras las convulsiones políticas que afectaron a esos países a mediados de la década de 1970. El éxodo de Indochina se prolongó más de veinte años, durante los cuales más de tres millones de personas huyeron de sus países. A diferencia de las crisis de refugiados de Argelia y Bangladesh —que habían ido seguidas de operaciones de repatriación a gran escala—, se consideró que la opción preferente para la mayoría de los refugiados indochinos era el reasentamiento, como lo había sido para los de Europa en los años cincuenta. En total, con la asistencia del ACNUR, fueron reasentados en otros países cerca de 2 millones de indochinos, de los cuales alrededor de 1,3 millones lo fueron en los Estados Unidos.

El ACNUR desempeñó un destacado papel en la ayuda que recibieron los refugiados durante esta crisis masiva y prolongada. La organización amplió enormemente el ámbito de sus actividades durante este período: intervino en la construcción y administración de campamentos de refugiados para camboyanos, laosianos y vietnamitas, y contribuyó a la imposición de innovadoras medidas antipiratería y de rescate marítimo, destinadas a proteger a los «refugiados del mar» vietnamitas. Entre 1975 y 1980, el presupuesto del ACNUR se incrementó pasando de 76 millones de dólares de EE UU a 510 millones; su personal también aumentó más del doble.

Durante los años ochenta, a los gobiernos occidentales les comenzó a preocupar el gran número de indochinos que llegaban a sus países, a los que, con el tiempo, llegaron a considerar inmigrantes económicos más que refugiados. Bajo la presión de estos gobiernos, los Estados de la región adoptaron finalmente varias medidas para controlar las salidas y facilitar la repatriación. El éxodo indochino puso a prueba los límites de la disposición de los Estados occidentales a dar asilo, incluso a personas que huían de regímenes comunistas.

El capítulo 5 está dedicado a la década de 1980, cuando la Guerra Fría se intensificó y la implicación de las superpotencias en las guerras civiles de diferentes partes del mundo las convirtió en guerras por poderes de difícil resolución. Estos conflictos provocaron nuevas oleadas de refugiados y desplazados, especialmente en el Cuerno de África, Asia y Centroamérica. El país que produjo el mayor número de refugiados durante este período fue Afganistán. Tras la invasión soviética del país en 1979, la guerra hizo que, en última instancia, más de seis millones de afganos buscaran refugio en Irán y en Pakistán.

Ésta fue la década de los grandes campamentos de refugiados. Los Estados tenían evidentes intereses estratégicos para conceder asilo, pero mostraron poco interés por encontrar soluciones a largo plazo y duraderas para los refugiados. Por el contrario, éstos fueron utilizados como peones en los juegos geopolíticos destinados a desestabilizar a ciertos regímenes y a fomentar la rebelión en sus países de origen. Éste fue el caso de los muyahidín afganos en Pakistán, el Jemer Rojo camboyano en Tailandia, los movimientos de oposición de Eritrea y Etiopía con bases en Sudán y los rebeldes en Centroamérica. Fue en esta década cuando se generalizó el uso del término «combatiente refugiado».

El ACNUR siguió creciendo con rapidez durante esta década, al mismo tiempo que respondía por primera vez a emergencias importantes en tres continentes al mismo tiempo. En la tensa atmósfera de la Guerra Fría, el ACNUR tuvo que trabajar en situaciones muy politizadas. Durante este período, también comenzó a intervenir más en la asistencia a la población autóctona de las zonas afectadas por los refugiados.

Este capítulo también analiza la primera intervención significativa del ACNUR en América del Sur. El derrocamiento en Chile en 1973 del gobierno de Salvador Allende, elegido democráticamente, y la instauración de una junta militar en Argentina en 1974 produjeron miles de refugiados. En ambos casos, un número importante de ellos fue reasentado en Europa, América del Norte y otros lugares del mundo.

El capítulo 6 da cuenta del optimismo que suscitó el final de la Guerra Fría. Se llevaron a cabo varias grandes operaciones de repatriación y se abrigó la esperanza de que se pudieran hallar soluciones duraderas para muchos de los problemas de los refugiados del mundo. A partir de 1989, se establecieron una serie de operaciones de la ONU para la consolidación de la paz en Namibia, Camboya, El Salvador, Guatemala y Mozambique. En todos estos países, el ACNUR desempeñó un importante papel en la repatriación voluntaria de refugiados. A diferencia de las operaciones anteriores de repatriación, en las que la intervención del ACNUR finalizó poco después de que los refugiados regresaron a sus países, este capítulo expone cómo en Camboya, Mozambique y El Salvador, el ACNUR amplió su papel e intervino en diversas actividades de protección y asistencia para ayudar a los retornados y a otras personas a reintegrarse y reconstruir sus vidas.

El asilo cuestionado

El capítulo 7 examina la evolución de las políticas de asilo en el mundo industrializado, sobre todo en los países de Europa y de América del Norte. En las décadas de 1980 y 1990, comenzó a llegar a estos países un gran número de solicitantes de asilo, y las suspicacias acerca de los motivos de muchas de estas personas hicieron que los gobiernos adoptasen medidas cada vez más restrictivas para impedir su entrada. Gran parte de este capítulo está dedicado a analizar la repercusión que han tenido sobre los solicitantes de asilo las medidas adoptadas por los países de Europa para armonizar sus políticas y procedimientos de asilo. El capítulo prosigue examinando el desarrollo de las políticas de asilo en países como Australia, Nueva Zelanda y Japón.

Los cambios legislativos introducidos en algunos países industrializados han afectado negativamente a las posibilidades de los solicitantes de asilo de obtener el acceso a los procedimientos para la concesión de asilo y a la seguridad. En este capítulo se abordan varias cuestiones, como el tráfico ilegal y el contrabando de personas, el hecho de que los solicitantes de asilo —incluidos los menores no acompañados y los grupos familiares— permanecen confinados largos períodos en centros de detención y las dificultades que afrontan muchos refugiados para conseguir la reunificación familiar. Las medidas destinadas a impedir la entrada de inmigrantes en situación irregular en los países industrializados han hecho que en muchos casos se difumine la distinción, ya problemática, entre refugiados e inmigrantes económicos. Además, estas medidas han contribuido a menudo a la estigmatización de los refugiados como personas que tratan de eludir la ley.

Al mismo tiempo que se reconoce que los Estados tienen intereses legítimos para controlar el acceso a su territorio, en este capítulo se pone de relieve que los Estados tienen también la obligación internacional de proporcionar protección a quienes huyen de la persecución en sus países de origen y se insiste en que hay que preservar el derecho fundamental a buscar asilo, consagrado en la Convención de la ONU sobre los Refugiados de 1951.