1 . 4 El plan de indemnizaciones para los refugiados de Alemania de la posguerra


Poco después de la fundación de la República Federal de Alemania, en 1949, comenzó el debate sobre la indemnización a las víctimas de la persecución nazi. Rara vez se empleó la palabra «reparación» o Wiedergutmachung, en alemán (literalmente, «hacer el bien de nuevo»), puesto que había una coincidencia general en que ninguna cantidad económica podría compensar los horrores del Holocausto.

Las primeras leyes de la República Federal definieron como «perseguidos», a los fines de indemnización y compensación, a aquellas personas que hubieran sufrido a causa de su raza, religión u opinión política. El resto, aun cuando hubieran estado en un campo de concentración o trabajado como mano de obra esclava, no estaba incluido en esta definición, sino en la de personas «lesionadas por motivos de nacionalidad» (Nationalgeschädigte, en alemán, o national persecutees, en inglés: «perseguidos nacionales»).

Había decenas de miles de «perseguidos nacionales»: polacos, ucranianos, bielorrusos, serbios, checos, eslovacos y personas de otros países que habían sido internados o deportados para trabajar como mano de obra esclava en fábricas alemanas. La vida de la mayoría de estos supervivientes había quedado hecha añicos: tenían la salud rota, sus familias habían sido desarraigadas y dispersadas, y sus casas habían resultado dañadas o destruidas. Tras la guerra, muchos se dirigieron a América del Norte o del Sur, a Sudáfrica y a Australia. Sin embargo, sus nuevos países de residencia no aceptaron sus demandas porque no eran ciudadanos de esos países cuando se produjo la persecución.

Las primeras negociaciones sobre indemnizaciones se centraron en los perseguidos por motivos religiosos. La Conferencia sobre Reclamaciones Materiales Judías contra Alemania (la «Conferencia de Reclamaciones»), fundada en 1951, agrupó a numerosas organizaciones judías y, en el siguiente medio siglo, intervino con energía a favor de las víctimas judías del nazismo. Los demás grupos de víctimas, como los roma (gitanos) o los comunistas, carecieron de una organización similar, que tampoco tuvieron los «perseguidos nacionales».

La primera Ley de Indemnizaciones de la República Federal de Alemania, promulgada en 1953, dispuso el pago de cantidades limitadas a determinados «perseguidos nacionales» cuya salud resultó gravemente deteriorada y que se habían convertido en refugiados antes de determinadas fechas. Las leyes posteriores, de 1956, no proporcionaron a este grupo ninguna ayuda adicional.

En 1957, los gobiernos occidentales comenzaron a negociar con el gobierno alemán de Bonn las indemnizaciones de sus respectivos ciudadanos. Aunque se habló de un fondo mundial que incluiría a los «perseguidos nacionales», finalmente se decidió que la cuestión de la compensación debería esperar a que hubiera un tratado de paz formal. Mientras tanto, Alemania mantendría conversaciones con el ACNUR sobre los refugiados que habían sufrido a causa de su nacionalidad.

El fondo de solidaridad

En 1960, Alemania y el ACNUR concluyeron un primer acuerdo, en virtud del cual el Alto Comisionado administraría un «fondo de solidaridad» de 45 millones de marcos alemanes aportados por el gobierno alemán para los «perseguidos nacionales» que se convirtieron en refugiados antes del 1 de octubre de 1953. En los cinco años siguientes, el ACNUR pagó cantidades de entre 3.000 y 8.000 marcos a alrededor de 10.000 personas.

Mientras tanto, otros posibles beneficiarios huyeron a Occidente, y en 1965, el fondo se había agotado. Al año siguiente, el ACNUR y Alemania firmaron un acuerdo adicional en el que se ampliaba el plazo al 31 de diciembre de 1965 y se añadían al fondo otros 3,5 millones de marcos. Sin embargo, las indemnizaciones reclamadas siguieron siendo superiores al dinero disponible, y esta cantidad se agotó enseguida.

Fue una difícil tarea decidir quién debía recibir las modestas cantidades puestas a disposición del ACNUR. El personal del Alto Comisionado seleccionó solicitudes de supervivientes de todo el mundo. Muchos adjuntaban fotografías tomadas antes de la deportación y de comenzar a trabajar como mano de obra esclava en Alemania. Otros incluían certificados médicos, presupuestos familiares escritos a mano o facturas no pagadas. Las cantidades relativamente pequeñas disponibles para la distribución no eran en modo alguno proporcionales a la persecución que habían sufrido estas personas. Sin embargo, se consideró que era muy importante demostrar a las víctimas que no habían sido olvidadas.

En 1980, la Conferencia de Reclamaciones comenzó a negociar con la República Federal de Alemania la creación de un nuevo fondo para los perseguidos judíos que no huyeron a Occidente hasta después de 1965. El ACNUR solicitó a su vez nuevos fondos para los «perseguidos nacionales» que se convirtieron en refugiados con posterioridad a 1965.

Las negociaciones iniciadas por la Conferencia de Reclamaciones desembocaron en la creación de tres nuevos fondos por un valor total de 500 millones de marcos alemanes destinados a las víctimas definidas en la legislación alemana, con exclusión de los «perseguidos nacionales». Para éstos, se estableció un nuevo fondo de 5 millones de marcos administrado por el ACNUR. No obstante, se constató enseguida que no sería suficiente. La emigración procedente de Europa oriental, especialmente de Polonia, aumentaba, y en la nueva oleada de refugiados había muchas personas con derecho a recibir indemnización. En 1984, Alemania entregó al fondo administrado por el ACNUR otros 3,5 millones de marcos. En mayo de aquel año, se habían recibido más de 1.100 nuevas solicitudes y se esperaba que llegasen más, todas ellas de supervivientes que se habían convertido en refugiados después de 1965.

Las cartas que llegaron al ACNUR demostraban que los solicitantes seguían sufriendo los efectos de la persecución. Muchos tenían la salud tan deteriorada que no podían trabajar. Ninguna cantidad de dinero podría reparar el daño infligido, pero las víctimas querían que se reconociera su sufrimiento, aun cuando hubieran superado ya la edad de jubilación.

La asistencia del ACNUR a los refugiados por medio del fondo de solidaridad finalizó en 1993. Para entonces, el gobierno de la República Federal había pagado, a través del fondo administrado por el ACNUR, 59 millones de marcos a refugiados y ex refugiados que habían sido víctimas de la persecución nazi.