3 . 2 La expulsión de asiáticos meridionales de Uganda

El decreto promulgado en 1972 por el presidente de Uganda, Idi Amin, por el que se ordenaba la salida del país de la población ugandesa de origen asiático meridional, desencadenó un éxodo masivo. Mientras miles de asiáticos ugandeses intentaban encontrar países que los aceptaran, el ACNUR y otras organizaciones desempeñaron un papel importante en la ayuda a los que fueron expulsados.

Los asiáticos meridionales del África oriental se habían establecido en la región mucho tiempo atrás y eran de diversa condición. Había hindúes, musulmanes, sijs y cristianos procedentes de diversas zonas del subcontinente indio. Sus orígenes iban desde los comerciantes de la época precolonial hasta los peones y artesanos llevados por los británicos para construir los ferrocarriles, pequeños comerciantes, personas llevadas para dotar de personal a la administración pública y limpiadores y vendedores de algodón que después pasaron a otras áreas de la economía.

Cuando Uganda obtuvo la independencia en 1962, a los asiáticos que vivían en el país se les ofreció la opción de convertirse en ciudadanos ugandeses. Aunque algunos aceptaron, muchos prefirieron conservar su pasaporte británico y la opción de un asentamiento futuro en el Reino Unido. A comienzos de la década de 1970 había unos 75.000 asiáticos meridionales en Uganda. Más o menos la mitad eran titulares de pasaportes británicos, un tercio eran ciudadanos ugandeses o estaban en espera de que sus solicitudes de ciudadanía fueran aprobadas, y el resto eran ciudadanos indios, paquistaníes o kenianos. Durante el período colonial, los asiáticos habían sido blanco de estallidos de hostilidad, en gran medida porque controlaban sectores importantes de la economía. Después de la independencia, la animadversión cobró impulso a medida que el nacionalismo africano estimulaba las demandas de «indigenización», en un intento de reparar la exclusión de los africanos de las estructuras del poder económico y político. Este tipo de iniciativas se vieron por primera vez en la vecina Kenia, y coincidieron con las restrictivas medidas de admisión introducidas por el Reino Unido en 1968 en el contexto de la creciente preocupación por la inmigración procedente de las antiguas colonias.

En Uganda, los intentos llevados a cabo en la década de 1960 por el régimen del predecesor de Amin, Milton Obote, para transferir el control del comercio de los asiáticos a los africanos, agudizaron las tensiones entre las distintas comunidades. En parte como reacción a esas iniciativas, la mayoría de los asiáticos acogieron favorablemente el acceso al poder de Amin a comienzos de 1971. Sin embargo, a medida que la situación económica se deterioraba, el descontento entre la población urbana y en el seno de las fuerzas armadas impulsó a Amin a buscar un chivo expiatorio de los males económicos del país. A finales de 1971, Amin convocó una reunión de miembros destacados de la comunidad asiática y les reprochó su dominio de sectores de la economía y su falta de integración.

En agosto de 1972, Amin anunció de improviso que todos los no ciudadanos de origen asiático meridional debían salir del país en el plazo de tres meses. Más adelante ordenó la salida de todos los asiáticos, incluso de los que fueran ciudadanos ugandeses. Posteriormente retiró este edicto, pero muchas de las personas que habían solicitado la ciudadanía vieron rechazada su solicitud y se convirtieron de hecho en apátridas. Se hicieron varias excepciones, en particular para profesionales, pero el clima de inseguridad y hostigamiento que reinaba provocó un éxodo masivo al acercarse la fecha límite.

Más de 50.000 asiáticos salieron de Uganda entre la orden de expulsión y la fecha límite de noviembre. Otros habían huido antes. Después de esa fecha, sólo quedaron en Uganda unas 200 familias asiáticas. Se constituyó la Junta de Custodia de las Propiedades de los Asiáticos Partidos para supervisar la disposición de los bienes de las personas expulsadas. A menos que hubieran logrado transferir el dinero o los bienes al extranjero antes de trasladarse a otros países, los asiáticos que huyeron de Uganda llegaron a sus nuevos países de acogida con poco para volver a empezar.

El papel del ACNUR y de la comunidad internacional

A medida que la crisis se desarrollaba, el Reino Unido accedió de mal grado a no aplicar su cupo anual de inmigración y permitió la entrada de un total aproximado de 29.000 asiáticos ugandeses, en su mayoría titulares de pasaportes británicos. Al mismo tiempo, el gobierno del Reino Unido pidió a otros países que aceptasen a asiáticos expulsados. Finalmente, unos 6.000 asiáticos ugandeses, muchos de ellos titulares de pasaportes británicos, se asentaron en Canadá, y unos 1.500, incluidos algunos de nacionalidad indeterminada, se establecieron en los Estados Unidos.

Para salir de Uganda, los asiáticos necesitaban un documento de viaje válido, un país de asilo temporal o permanente y medios para viajar. Para aquellos asiáticos que carecían aún de alguno de estos elementos imprescindibles al acercarse el plazo fijado, una misión de la ONU, de la que formaba parte un representante del ACNUR, voló a la capital ugandesa, Kampala, y negoció una evacuación de emergencia. El Comité Internacional de la Cruz Roja accedió a entregar documentos de viaje a las personas que los necesitaban, y el Comité Intergubernamental para las Migraciones Europeas (precursor de la Organización Internacional para las Migraciones) organizó el transporte a países de reasentamiento temporales o permanentes.

El ACNUR pidió ayuda a la comunidad internacional en forma de ofrecimientos de reasentamiento permanente y fondos para transportar y prestar asistencia a las personas en tránsito. La respuesta fue positiva y, en menos de dos semanas, unas 3.600 personas fueron trasladadas en avión a alojamientos de tránsito en Austria, Bélgica, España, Italia y Malta. Además del Reino Unido, Canadá y los Estados Unidos, ofrecieron lugares de reasentamiento permanente Australia, Austria, Bélgica, Dinamarca, Noruega, Nueva Zelanda, los Países Bajos, Suecia y Suiza. La India y Pakistán acogieron a unos 10.000 expulsados, aunque muchos no se establecieron de modo permanente en esos países. Los gobiernos y organizaciones no gubernamentales proporcionaron alojamiento, alimentos y asistencia médica a las personas en tránsito, corriendo el ACNUR con los gastos.

Hasta la década de 1980 no se consiguió cierta reparación en la propia Uganda. El proceso fue lento al principio, pero finalmente varios miles de asiáticos regresaron a corto o a largo plazo para reclamar o vender muchas de las propiedades confiscadas tras la expulsión.