4 . 1 Conferencias internacionales sobre refugiados indochinos
La conferencia de Ginebra de 1979
A mediados de 1979, de los más de 550.000
indochinos que habían solicitado asilo en el sudeste de
Asia desde 1975, unos 200.000 habían sido reasentados y
350.000 permanecían en países de primer asilo en
la región. En los seis meses precedentes, por cada individuo
que pasaba al reasentamiento, tres más habían llegado
a los campamentos. A finales de junio de 1979, los Estados miembros
de la Asociación de Naciones del Asia Sudoriental (ASEAN)
anunciaron que no aceptarían nuevas llegadas. Las «expulsiones»
de barcos de las aguas territoriales de los países del
sudeste asiático estaban en su apogeo y el asilo corría
peligro. «Es evidente que el problema ha ido por delante
de las soluciones», afirmó el Alto Comisionado, Poul
Hartling.i
Los días 20 y 21 de julio de 1979, 65
gobiernos respondieron a la invitación del Secretario General
de la ONU y asistieron a una conferencia internacional sobre los
refugiados indochinos. Los compromisos internacionales que contrajeron
fueron varios e importantes. Las promesas de reasentamiento en
todo el mundo pasaron de 125.000 a 260.000 personas. Vietnam accedió
a tratar de poner fin a las salidas ilegales y, en su lugar, a
promover salidas ordenadas y directas. Indonesia y Filipinas se
comprometieron a establecer centros de procesamiento para acelerar
el reasentamiento, y los nuevos compromisos económicos
con el ACNUR totalizaron unos 160 millones de dólares en
efectivo y en especie, duplicando con creces el total de los cuatro
años anteriores.
Aunque no se adquirieron compromisos formales
en relación con el asilo, la reunión refrendó
los principios generales de asilo y no devolución. Como
afirmó el Secretario General en su discurso de apertura,
los países de primer asilo esperaban que ningún
refugiado permaneciera en ellos durante más tiempo que
el período especificado. De este modo se formalizó
un quid pro quo (asilo temporal o «primer» asilo en
la región por reasentamiento permanente en otros países)
o, como alguien lo calificó, «una costa abierta por
una puerta abierta».
Se puso fin en gran medida a las«expulsiones»
de barcos vietnamitas que intentaban huir. Las tasas de llegadas
en la región descendieron espectacularmente al imponer
Vietnam fuertes sanciones por las salidas clandestinas, y un pequeño
goteo de salidas directas comenzó desde Vietnam. Más
de 450.000 refugiados indochinos fueron reasentados desde campamentos
del sudeste de Asia en el lapso de 18 meses. De 1980 a 1986, a
medida que los reasentamientos superaban en número a las
decrecientes llegadas, las autoridades de refugiados comenzaron
a hablar con creciente optimismo acerca de la solución
de la crisis regional.
En 1987-1988, sin embargo, las llegadas de vietnamitas
se dispararon de nuevo y se hizo evidente que el antiguo consenso
no se mantendría. Los países occidentales, ante
la corriente en aumento de solicitantes de asilo que llamaba a
sus puertas, y convencidos de que los indochinos que llegaban
no merecían ya automáticamente el estatuto de refugiados,
redujeron gradualmente el número de personas reasentadas
y aplicaron criterios más selectivos. El acuerdo de 1979
(asilo temporal seguido de reasentamiento en un tercer país)
había dejado de ser válido. El Alto Comisionado,
Jean-Pierre Hocké, señaló a este respecto:
«El paso del tiempo ha erosionado progresivamente el consenso
en el que se ha basado nuestro enfoque de la cuestión de
los refugiados indochinos».ii
La conferencia de Ginebra de 1989 y el
Plan General de Acción
En junio de 1989, diez años después
de la primera conferencia sobre los refugiados indochinos, se
celebró en Ginebra otra conferencia. En esta ocasión,
los 70 gobiernos presentes aprobaron un nuevo enfoque regional
al que se daría el nombre de Plan General de Acción
(PGA). El PGA representó un importante esfuerzo multilateral
para resolver el problema de los refugiados vietnamitas. Fue uno
de los primeros ejemplos de una situación en la que el
país de origen se convirtió en actor fundamental,
junto con otros países y actores de la región y
de otras regiones, a la hora de ayudar a resolver una gran crisis
de refugiados.
El PGA tenía cinco objetivos principales:
primero, reducir las salidas clandestinas mediante medidas oficiales
contra los organizadores de salidas en barco y promover el aumento
de las oportunidades de migración legal en virtud del Programa
de Salidas Organizadas; segundo, proporcionar asilo temporal a
todos los solicitantes de asilo hasta que se determinase su estatuto
y se encontrase una solución duradera; tercero, determinar
el estatuto de refugiado de todos los solicitantes de asilo de
conformidad con las normas y los criterios internacionales; cuarto,
reasentar en terceros países a las personas reconocidas
como refugiados, así como a todos los vietnamitas que estaban
en campamentos antes de las fechas límite regionales; y
quinto, asistir en el retorno de quienes no resultaran ser refugiados
y reintegrarlos en sus países de origen.iii
La tarea de ejecutar el PGA le correspondió
al ACNUR, en tanto que el respaldo económico provenía
de la comunidad donante. Se estableció un Comité
Directivo, presidido por el ACNUR y formado por representantes
de todos los gobiernos que asumían compromisos en virtud
del PGA, ya fuera de asilo, reasentamiento o repatriación.
Allí donde los compromisos de 1979 sobre
asilo eran de carácter general, los contraídos diez
años después eran más específicos.
Por ejemplo, se afirmaba: «Se concederá refugio temporal
a todos los solicitantes de asilo, que serán tratados de
manera idéntica sin tener en cuenta la forma en que han
llegado hasta que concluya el proceso de determinación
del estatuto». Estos compromisos se cumplieron en la mayor
parte de la región, aunque hubo excepciones. Tailandia,
entre otras cosas, puso fin a las «expulsiones» de
barcos de sus aguas territoriales, pero Singapur dejó de
permitir el desembarco de los casos de salvamento en el mar o
de llegada directa. En Malasia, durante gran parte de 1989-1990,
las autoridades locales tuvieron órdenes de desviar de
nuevo a aguas internacionales los barcos que llegasen.
Mediante el efecto conjunto de la falta de incentivos
en los campamentos (incluida la terminación de la asistencia
para la repatriación a personas llegadas después
de septiembre de 1991) y las campañas del ACNUR en los
medios de comunicación dentro de Vietnam, el PGA puso término
finalmente al flujo de solicitantes de asilo vietnamitas. En 1989,
unos 70.000 vietnamitas solicitaron asilo en el sudeste de Asia.
En 1992, sólo lo hicieron 41, y la cifra ha seguido siendo
insignificante desde esa fecha.
Cuando se celebró la conferencia que aprobó
el PGA, en 1989, un total de 50.670 refugiados vietnamitas anteriores
a la fecha límite residían en campamentos del sudeste
de Asia. Casi la cuarta parte de ellos habían sido rechazados
ya por al menos un país de reasentamiento, y otro 25% eran
casos de baja prioridad de acuerdo con unos criterios de reasentamiento
cada vez más restrictivos. A finales de 1991, prácticamente
todas estas personas habían sido reasentadas. De los vietnamitas
posteriores a la fecha límite, un total aproximado de 32.200
fueron reconocidos como refugiados y reasentados, frente a 83.300
cuyas peticiones fueron rechazadas y que regresaron a sus hogares.
En general, durante los ocho años de aplicación
del PGA, más de 530.000 vietnamitas y laosianos fueron
reasentados en otros países.
Ninguno de los países que acordaron aplicar
los procedimientos de determinación del estatuto de refugiado
era parte de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados
de 1951, con la excepción de Filipinas, y ninguno tenía
experiencia legislativa o administrativa en la determinación
del estatuto de refugiado. Sin embargo, los cinco lugares principales
de primer asilo (Filipinas, Hong Kong, Indonesia, Malasia y Tailandia)
aprobaron procedimientos por los que se concedía a los
solicitantes de asilo el acceso al ACNUR, una entrevista completa
para la determinación del estatuto de refugiado, los servicios
de un intérprete y la posibilidad de revisión por
una segunda autoridad. Además, en Hong Kong los solicitantes
tuvieron acceso a los tribunales para la revisión judicial.
En términos generales, más o menos el 28% de los
solicitantes de asilo vietnamitas que reclamaron el estatuto de
refugiado en virtud de los procedimientos del PGA tuvieron éxito.
Hong Kong, que entrevistó al máximo número
de solicitantes (60.275), registró también la tasa
más baja de aprobación (18,8%). La autoridad del
ACNUR para reconocer a los refugiados en virtud de su mandato
representó una importante red de seguridad para garantizar
que ninguna persona cuya petición fuera válida era
rechazada y devuelta a Vietnam.
Para alcanzar un consenso acerca de la repatriación a Vietnam,
los gobiernos que eran partes del PGA habían acordado en
1989 que «en primer lugar, se hará todo lo posible
para fomentar el retorno voluntario de [aquellas personas cuyas
solicitudes sean rechazadas] [...] Si, una vez transcurrido un
tiempo razonable, es evidente que la repatriación voluntaria
no progresa suficientemente hacia el objetivo deseado, se examinarían
alternativas reconocidas como aceptables en virtud de las prácticas
internacionales».iv
Aunque nadie lo dijo abiertamente, para la mayoría esto
significó en su momento el retorno involuntario.
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Hong Kong había comenzado el proceso
de «selección» de las personas que llegaban
un año antes que el resto de la región y,
en marzo de 1989, había organizado ya la primera
repatriación voluntaria a Vietnam en más de
una década. En los meses siguientes, sin embargo,
el gobierno decidió que el número de personas
que regresaban voluntariamente era insuficiente y recurrió
a medidas más extremas. El 12 de diciembre de 1989,
al amparo de la oscuridad, más de 100 policías
de Hong Kong escoltaron a un grupo de 51 hombres, mujeres
y niños vietnamitas hasta un avión que los
esperaba y que los trasladó a Hanoi. Las subsiguientes
protestas internacionales persuadieron a Hong Kong de aplazar
nuevas repatriaciones involuntarias pero, en una nueva iniciativa,
el Reino Unido, Hong Kong y Vietnam firmaron un acuerdo
en octubre de 1991 para aplicar un «Programa de Retorno
Ordenado».
Los países de asilo de la ASEAN
firmaron finalmente sus propios acuerdos sobre un Programa
de |
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Indochina: reasentamiento y repatriación,
1975-1997* |
Gráfico
4.1 |
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* La
tabla indica el reasentamiento o la repatriación
desde países o territorios de primer asilo.
** Incluye 367.040 camboyanos que no se contaron
como ingresos en los campamentos del ACNUR en Tailandia,
pero que regresaron bajo los auspicios del ACNUR
en 1992-1993, así como solicitantes de asilo
vietnamitas rechazados. |
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Retorno Ordenado, en virtud de los cuales
el ACNUR accedió a sufragar los gastos del transporte y
a proporcionar algún apoyo logístico, al tiempo
que insistía en que no participaría en movimientos
que implicaran el uso de la fuerza. Al final, sin embargo, la
distinción entre retorno voluntario e involuntario se difuminó
debido al aumento de las tensiones en los campamentos vietnamitas
y a los frecuentes estallidos de violencia en los campamentos
de Hong Kong. A partir de 1992, el ritmo de la repatriación
se aceleró y le correspondió al ACNUR coordinar
la asistencia para la reintegración y supervisar a los
más de 109.000 vietnamitas que finalmente regresaron a
sus hogares en virtud de los acuerdos del PGA.