4 . 4 Los menores no acompañados de Indochina


Cuando los refugiados camboyanos comenzaron a cruzar la frontera tailandesa en 1979, había entre ellos una gran proporción de niños y adolescentes menores de 18 años de edad, que parecían no tener familiares. A esos niños se les dieron los nombres de «menores no acompañados» o «niños separados». Desde el principio, se realizaron llamamientos internacionales urgentes para su reasentamiento en otros países. Pero su situación era compleja y la búsqueda de soluciones para ellos se convirtió en una cuestión sumamente controvertida.

Muchos de aquellos niños habían sido reclutados por la fuerza años atrás para servir en las brigadas juveniles del Jemer Rojo. Algunos habían perdido a su familia; otros habían sido separados de ella por los trastornos que siguieron a la invasión vietnamita de Camboya en 1978. Otros eran auténticos huérfanos, que habían perdido a ambos progenitores. Pero, tras una investigación más detenida, resultó que un número significativo de niños tenían familiares cercanos en Camboya, en algún lugar a lo largo de la frontera o incluso en el mismo campamento. Este era el núcleo de la controversia. En consecuencia, en diciembre de 1979 el ACNUR advirtió contra cualquier paso precipitado tendente al reasentamiento en terceros países y a la adopción permanente hasta que se hubieran hecho esfuerzos exhaustivos para reunir a los niños no acompañados o separados con sus familiares supervivientes en Camboya o en los campamentos fronterizos.

Un estudio realizado el año siguiente por la organización noruega Redd Barna y otras organizaciones no gubernamentales (ONG) encontró pruebas de que los padres de muchos de aquellos niños estaban vivos. Después de examinar más de 2.000 expedientes, Redd Barna llegó a la conclusión de que más de la mitad de los niños de los campamentos habían sido separados de sus padres por las circunstancias, no por la muerte. Algunos niños suponían que sus padres habían muerto basándose en la larga separación o en rumores infundados. Otros afirmaban falsamente que sus padres habían muerto, convencidos de que su condición de «no acompañados» facilitaría su reasentamiento en terceros países. El informe de Redd Barna llegaba a esta conclusión: «Los datos indican que la mayoría de los padres de los menores no acompañados continúan vivos en el interior de Kampuchea, por lo que las posibilidades de reunificación son considerables.»viii

El informe resultó acertado en relación con el primer punto, pero estaba equivocado en relación con el segundo. Durante la década siguiente, la política de la Guerra Fría frustró todos los intentos de reunificación familiar en el interior de Camboya. Aunque cientos de niños camboyanos no acompañados o separados se reunieron finalmente con miembros de su familia en campamentos fronterizos, la gran mayoría fueron reasentados efectivamente en terceros países, tanto si tenían familiares en ellos como si no.

El interés superior del niño

El marco del derecho sobre bienestar familiar e infantil en el que se basan las políticas sobre niños no acompañados o separados concede a los padres el presunto derecho y obligación de cuidar de sus hijos hasta que lleguen a la mayoría de edad. En el caso de un niño cuyos padres hayan muerto o no estén disponibles, el principio internacional unificador es promover «el interés superior del niño» proporcionado seguridad y cuidados temporales mientras se intenta la reunificación con un miembro de la familia o el acogimiento familiar por otro adulto responsable.

La pregunta es: ¿qué sucede cuando el principio de «unidad familiar» choca con el «interés superior del niño», como sucedía con harta frecuencia en Indochina? Aproximadamente el 7% de los vietnamitas que llegaron a países de primer asilo eran menores no acompañados. Algunos habían sido separados de los miembros de la familia durante los caóticos años de guerra o habían perdido a sus padres en el mar en el viaje de salida. Pero para muchos de los niños, la separación de los padres fue un acto deliberado. Nada menos que un tercio de ellos no huían tanto de la opresión política como de familias disfuncionales. En otros casos, los padres enviaban fuera a sus hijos con la esperanza de que se asegurasen una educación y una vida mejor en Occidente.

En los decenios de 1970 y 1980, cuando el estatuto de refugiado prima facie se aplicaba a prácticamente todos los refugiados del mar vietnamitas, el debate acerca de los menores no acompañados se centró en cómo se los podría proteger mejor en los campamentos de primer asilo y en cómo reasentarlos con éxito después. Pero con el establecimiento de procedimientos regionales para determinar su estatuto en aplicación del Plan General de Acción del ACNUR, la cuestión de la repatriación y la devolución de los menores a sus familias en Vietnam pasó a ser una cuestión fundamental.

En 1989, el ACNUR creó comités especiales en cada país de primer asilo para decidir caso por caso qué solución redundaría en el interés superior de cada menor no acompañado. Como integrantes de esos comités figuraban representantes del gobierno del país de acogida, del ACNUR y de otros organismo con experiencia en bienestar infantil. El ACNUR insistió en que la celeridad era esencial, pues la residencia prolongada en campamentos era perjudicial en potencia para los menores no acompañados, más aún que para los adultos o los niños acompañados por otros miembros de la familia. En noviembre de 1990 había 5.000 menores no acompañados en la región en espera de una decisión, y los procedimientos especiales suscitaban intensas críticas. Más de una ONG acusó al ACNUR de parcialidad en favor de la repatriación y de causar retrasos injustificados como medio para alcanzar ese objetivo.

Los menores no acompañados que fueron recomendados para el reasentamiento en el proceso de determinación de su estatuto (casi un tercio de los afectados) pasaron a comenzar una nueva vida. Los recomendados para la repatriación permanecieron en su mayoría en los campamentos. En realidad, los procedimientos especiales significaron que muchos menores estuvieron esperando más tiempo que cualquier otra persona. A finales de 1993, más de 2.600 menores que habían llegado a los campamentos cuando tenían menos de 16 años habían «superado la edad», lo que los incluía en los procedimientos normales para la determinación del estatuto establecidos para los adultos.