5.2 Los refugiados mozambiqueños: el impacto sobre los países de acogida

Durante gran parte de la década de 1980, los mozambiqueños, que huyeron de su país en el curso de una guerra devastadora que comenzó en 1976 y que no finalizó hasta 1992, representaron la tercera población de refugiados del mundo, detrás de palestinos y afganos. Las consecuencias para los países vecinos que recibieron a la inmensa mayoría de estos refugiados fueron mucho más allá de las derivadas de proporcionarles protección.

El conflicto mozambiqueño se inició poco después de que el país obtuvo la independencia en 1975. Cuando Portugal abandonó apresuradamente sus colonias africanas tras la caída del régimen militar de Lisboa, en Mozambique se hizo cargo del poder el Frente de Liberación de Mozambique (Frente de Libertação de Moçambique, Frelimo), que libraba una guerra de guerrillas de baja intensidad contra los portugueses desde 1964. El conflicto enfrentaba a este gobierno del Frelimo con la Resistencia Nacional de Mozambique (Resistência Nacional Moçambicana, Renamo), grupo rebelde creado y apoyado por los gobiernos minoritarios blancos de Rhodesia y Sudáfrica.

Durante esta guerra, las fuerzas de la Renamo recurrieron cada vez más a tácticas despiadadas para controlar a la población en las zonas donde actuaban. A donde quiera que iban, aterrorizaban a la gente con homicidios, mutilaciones, violaciones y saqueos sistemáticos. A medida que ampliaban las zonas que controlaban, fue aumentando el número de mozambiqueños que huían. Por su parte, las fuerzas del Frelimo también recurrieron a medidas cada vez más brutales, lo que permitió que la Renamo obtuviera cierto apoyo popular.

La crisis de los refugiados alcanzó su punto culminante en 1992, cuando cerca de 1,7 millones de mozambiqueños se habían refugiado en los países vecinos, y al menos el doble eran desplazados internos. Algunas de las zonas abandonadas por quienes se convirtieron en refugiados quedaron prácticamente vacías. Por ejemplo, en varios distritos de la provincia mozambiqueña de Tete, huyó hasta el 90 por ciento de los habitantes. El conflicto, además de forzar el éxodo de alrededor de 5,7 millones de personas en total, se cobró, entre 1976 y 1992, la vida de más de un millón de mozambiqueños y dejó huérfanos a cientos de miles de niños.

Pero los mozambiqueños no fueron los únicos que sufrieron las consecuencias del conflicto. Los habitantes de los países limítrofes, que tuvieron que compartir con los refugiados sus escasos recursos, servicios sociales, y a veces hasta sus tierras, también se vieron afectados. Estos países de acogida fueron Malaui, Sudáfrica, Suazilandia, la República Unida de Tanzania, Zambia y Zimbabue.

Malaui abre sus puertas

El más afectado de estos países fue, con diferencia, Malaui, un país pequeño, empobrecido y densamente poblado que acogió a la mayor parte de quienes huyeron de Mozambique. En el punto álgido del éxodo tenía a no menos de 1,1 millones de refugiados, lo que equivalía al 10 por ciento de la población de Malaui.

Malaui no estaba preparado para hacer frente a una afluencia importante de refugiados. A mediados de la década de 1980, era el sexto país más pobre del mundo y uno de los menos desarrollados de África. El 50 por ciento de su población infantil sufría desnutrición y su tasa de mortandad infantil era la más elevada del mundo. Aunque en algunas zonas los refugiados llegaron a alcanzar incluso una proporción de tres a dos respecto de los habitantes locales, rara vez flaqueó la acogida que les dispensaron. Muchos de los primeros refugiados, que eran étnicamente similares a los malauis, se establecieron junto con la población local. Algunos pudieron obtener tierras para labrar, aunque otros dependieron de la ayuda internacional.

Durante los primeros diez años del conflicto de Mozambique, el gobierno de Malaui, que proporcionaba apoyo encubierto a la Renamo, se opuso a que los refugiados recibieran ayuda internacional e intentó atender a sus necesidades con las estructuras y servicios existentes, proporcionándoles acceso a las clínicas y a los hospitales locales, así como a sus limitados servicios sociales. Después, en 1986, el mismo año en que cedió a la presión de los gobiernos de los países vecinos para que pusiera fin a su apoyo a la Renamo, Malaui reconoció su incapacidad para hacer frente a la afluencia de refugiados y pidió ayuda al ACNUR.

Inicialmente, el ACNUR trató de potenciar los esfuerzos del gobierno por facilitar ayuda a los refugiados por medio de los mecanismos existentes. El Programa Mundial de Alimentos (PMA) de la ONU facilitó ayuda alimentaria. Sin embargo, ni siquiera con esta contribución pudieron las instituciones locales comenzar a satisfacer adecuadamente las necesidades tanto de los habitantes locales como de los refugiados. Cuando el número de éstos se multiplicó en 1987, Malaui pidió al ACNUR que estableciera campamentos para los refugiados y ordenó a todos los refugiados que llegaron a partir de entonces que se trasladaran a ellos. El gobierno también prohibió a sus ciudadanos que proporcionaran tierras de cultivo a los refugiados. Finalmente, más de dos tercios de los 1,1 millones de refugiados que huyeron a Malaui se establecieron en los campamentos.

Aunque el alojamiento de los refugiados en campamentos facilitó la asistencia que les prestaban el ACNUR, el PMA y otras organizaciones, proporcionarles siquiera la atención y el mantenimiento básicos siguió siendo una tarea de enormes proporciones. Malaui, sin salida al mar, tenía un precario sistema de carreteras, y los camiones escaseaban. Muchos de los campamentos estaban situados en zonas a las que sólo se podía acceder por caminos de tierra en los que no podían circular vehículos pesados. El tráfico de éstos causó enormes daños en carreteras y puentes. Las organizaciones de ayuda de emergencia alquilaron muchos de los camiones disponibles en Malaui para el reparto de alimentos, lo que dificultó el transporte de sus productos a los agricultores y comerciantes locales. El ACNUR y el PMA tuvieron problemas para mantener reservas temporales debido a la precariedad del sistema de transporte y a la ausencia de lugares de almacenamiento suficientes. Como resultado, se produjeron interrupciones en el suministro de alimentos y un alarmante aumento de los índices de desnutrición entre los refugiados.

Aunque la mayoría de éstos no tenía acceso a la tierra, encontraron medios para generar ingresos. Más del 90 por ciento de los refugiados participaba en actividades económicas como la fabricación y venta de vasijas, el molido de maíz, la cría y venta de animales domésticos y la fabricación de cerveza. Muchos vendían o intercambiaban además sus raciones para obtener otros artículos de primera necesidad, como carne, verduras frescas y jabón. Los refugiados más pobres, algunos de los cuales ni siquiera tenían cartillas de racionamiento, sobrevivían cortando leña. La tala de árboles a gran escala en Malaui provocó una deforestación tan grande que el medio ambiente de este país sigue sufriendo sus consecuencias negativas.

La ausencia de conflictos abiertos entre los habitantes locales y los refugiados fue notable, teniendo en cuenta todo el tiempo que los segundos permanecieron en el país y su gran número. Sin embargo, en 1992, la larga estancia de los refugiados en Malaui había comenzado a tensar las relaciones con la población local. Los problemas se debían, principalmente, a la repercusión de su presencia sobre la economía, a consecuencias medioambientales como la deforestación, a la delincuencia y a otros problemas sociales. La sequía que sufrió la región en 1992 y principios de 1993 agravó la situación. Aunque la ayuda humanitaria destinada a los refugiados se distribuyó también entre los habitantes locales afectados por la sequía, aumentaron los robos en los almacenes y centros de distribución de alimentos. En algunos campamentos de refugiados se secaron los pozos, lo que provocó problemas sanitarios y un brote de cólera que se propagó entre la población local.

El precio oculto

Estas consecuencias representan el precio oculto que pagan los países que acogen a grandes poblaciones de refugiados, especialmente cuando estos países se encuentran entre los más pobres del mundo. Los refugiados pueden tener un impacto positivo en los países de acogida, pero en algunos casos su presencia tiene también consecuencias negativas de gran alcance que pueden afectar a la economía y al medio ambiente locales, así como al equilibrio social y político. También pueden tener repercusiones graves sobre la paz y la seguridad nacional, regional o internacional.

Por otro lado, los esfuerzos de desarrollo en los países de acogida pueden verse minados y distorsionados, pues la presencia de refugiados ejerce una gran presión sobre los suministros y servicios locales. A menudo las autoridades del país de acogida se ven obligadas a desviar fondos de proyectos generales de desarrollo para satisfacer las necesidades inmediatas de los refugiados en cuanto a alimentos, alojamiento y seguridad. En Malaui, un estudio patrocinado por el Banco Mundial concluyó que, incluso teniendo en cuenta la ayuda internacional facilitada por medio del ACNUR, entre 1988 y 1990 se habían dedicado alrededor de 25 millones de dólares de EE UU a asistencia para los refugiados, cantidad que se había desviado de otros proyectos.