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La tortura, las desapariciones y los homicidios fueron generalizados, especialmente en los primeros meses de gobierno de la junta militar. Se calcula que más de 4.000 personas murieron y alrededor de 60.000 fueron detenidas, aunque la mayoría de ellas por breve tiempo. El Parlamento fue clausurado y se hicieron purgas de presuntos simpatizantes de la izquierda. Un informe del ACNUR de aquel entonces relacionaba la situación de Chile con el período fascista que sufrió Europa durante la década de 1930.iii Refugiados que estaban en Chile Para el ACNUR, el golpe de Estado perpetrado en Chile, así como el período subsiguiente, plantearon considerables retos. Chile ya acogía a muchos miles de refugiados y exiliados políticos que habían buscado refugio en ese país en los años anteriores. A mediados de 1972, el gobierno de Allende calculaba su número en alrededor de 5.000. Muchos habían llegado tras la elección de Allende en 1970, bien huyendo de gobiernos de derechas, bien para apoyar lo que consideraban una experiencia socialista única. Dos días después del golpe, el Alto Comisionado Sadruddin Aga Khan telegrafió al nuevo ministro de Relaciones Exteriores, contraalmirante Ismael Huerta Díaz, pidiendo al gobierno que cumpliera sus obligaciones contraídas en virtud de la Convención de la ONU sobre los Refugiados de 1951 y su Protocolo de 1967, que el gobierno de Allende había ratificado en 1972.iv Si Chile no hubiera sido parte en estos instrumentos, las negociaciones del ACNUR con el nuevo gobierno habrían sido, sin duda, infructuosas. El 20 de septiembre de 1973, se abrió una oficina del ACNUR en la capital, Santiago. Ese mismo mes, el gobierno permitió la creación de un Comité Nacional de Ayuda a los Refugiados (CONAR). Las iglesias y las organizaciones de voluntarios que lo integraban crearon 26 centros de recepción de refugiados, 15 en Santiago y 11 en provincias, donde se proporcionaba asistencia a los «refugiados bajo mandato», tramitando sus documentos y gestionando su traslado a países de reasentamiento. A finales de septiembre, se habían inscrito en estos centros 600 refugiados, y el 23 de octubre su número era ya de 1.022. Varios cientos de refugiados más que carecían de alojamiento fueron albergados en diferentes momentos en una vivienda bajo la protección de la embajada suiza, con el consentimiento del gobierno chileno. La casa suiza dio asilo a cientos de refugiados incluidos en el mandato del ACNUR que habían sido excarcelados y contra los que se habían dictado órdenes de expulsión, que estaban a la espera de ser resasentados en otros países. La mayoría eran brasileños, uruguayos y bolivianos. El CONAR actuó bajo los auspicios del ACNUR, que le ofreció ayuda para resolver los problemas de los refugiados. En marzo de 1974, de las 3.574 personas que se habían inscrito en los registros del CONAR, 2.608 se habían reasentado en unos 40 países. De ellas, 288 fueron repatriadas a sus países de origen. Además, alrededor de 1.500 habían huido ilegalmente a Perú y a Argentina. De los gastos realizados por el CONAR durante este período, por un importe total de 300.000 dólares de EE UU, aproximadamente 215.000 dólares fueron aportados por el ACNUR. El exilio de los chilenos Desde el principio, el régimen de Pinochet utilizó el exilio como parte de su estrategia para redibujar el mapa político de Chile y eliminar así sus tradiciones políticas anteriores. Fue tal el número de personas detenidas que el principal estadio de fútbol de Santiago se convirtió en un centro de detención multitudinario provisional. Las expulsiones se llevaron a cabo en aplicación del Decreto Ley 81, de noviembre de 1973, que confería al régimen una autoridad prácticamente incondicional para expulsar a ciudadanos. A partir de diciembre de 1973, se permitió que los detenidos en aplicación del estado de sitio que aún no habían sido condenados pidieran la libertad a condición de ser expulsados inmediatamente. En abril de 1975, el Decreto Ley 504 amplió la aplicación de estas medidas a los presos con condena. El Comité Intergubernamental para las Migraciones Europeas, el Comité Internacional de la Cruz Roja y el ACNUR, junto con las organizaciones no gubernamentales locales, desempeñaron un importante papel al posibilitar la salida del país de miles de chilenos. El ACNUR recibió también un gran apoyo de otras organizaciones de la ONU, sobre todo de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). A principios de octubre de 1973, el ACNUR estableció un procedimiento para determinar si una persona tenía un temor fundado de persecución en Chile, con independencia de que éste fuera su país de origen o su país de residencia permanente. Muchos refugiados necesitaban el procedimiento de tramitación más rápido posible porque temían ser detenidos o incluso perder la vida manos de las autoridades. Al igual que ocurrió con el éxodo húngaro ocurrido casi dos décadas antes, los refugiados se repartieron por todo el mundo, acogidos por alrededor de 110 países, desde Islandia y Chipre hasta Kenia y Cabo Verde. Inicialmente, muchos chilenos huyeron a otros países de Latinoamérica, como Perú, Argentina y Brasil. Sin embargo, las oportunidades de encontrar empleo allí eran limitadas, y tras el golpe de Estado de 1976 en Argentina, el vecino más inmediato de Chile se convirtió en un destino especialmente poco atractivo. Otros países a donde se dirigieron refugiados chilenos en número destacable fueron Francia, Suecia, Canadá, México, Australia y Nueva Zelanda. El ACNUR también pidió a los países de Europa oriental que reasentaran a refugiados chilenos. Alrededor de mil se dirigieron espontáneamente a la República Democrática de Alemania (Alemania Oriental) y un número similar fue a Rumania, con la ayuda del ACNUR. Una cifra inferior de refugiados se desplazó a otros países de Europa oriental, como Bulgaria y Yugoslavia, el único país del bloque oriental con el que el ACNUR había mantenido hasta entonces relaciones significativas. El llamamiento del ACNUR a estos países fue algo novedoso, en una época en que la Unión Soviética aún mostraba un abierto recelo ante la organización. Asilo diplomático Muchas embajadas en Santiago recurrieron a la arraigada práctica latinoamericana de ofrecer protección diplomática a quienes estaban en sus terrenos. Pocos días después del golpe, más de 3.500 chilenos habían pedido asilo en las embajadas en Santiago, principalmente en las de Argentina, Francia, Italia, México, los Países Bajos, Panamá, Suecia y Venezuela. En diciembre de 1973, Harald Edelstam, el embajador sueco, fue expulsado del país por el papel especialmente activo que había desempeñado al proporcionar asilo diplomático. Ejerciendo su función de intermediario, el ACNUR prestó asistencia a estos solicitantes de asilo. A mediados de octubre, con la asistencia del ACNUR y el acuerdo del gobierno, se concedieron salvoconductos a 4.761 solicitantes de asilo, en su mayoría chilenos. En mayo de 1974, el Ministerio de Relaciones Exteriores había dado alrededor de 8.000 de estos salvoconductos.v Refugios temporales El Decreto Ley 1308 de 3 de octubre de 1973 constituyó una importante innovación en la práctica internacional moderna del asilo al crear dentro de Chile lo que conoció con el nombre de «refugios temporales» para refugiados extranjeros, garantizados por el propio gobierno chileno. En total había seis de estos refugios en el área de Santiago. Al principio, el régimen los respetó, pero un cable del ACNUR enviado a finales de 1973 señalaba que la situación de orden público que afectaba a los refugiados parecía sumamente tensa, sugería la posibilidad de que la junta quisiera cerrar estos refugios, e insistía en que se establecieran centros de tránsito fuera de Chile.vi Irónicamente, gran parte de los propios refugiados pidieron la misma medida. En abril de 1974, la oficina del ACNUR en Santiago calculaba que había aún en todo el país 15.000 personas detenidas por motivos políticos. Las restricciones sobre las libertades civiles y políticas seguían vigentes y continuaba sin haber un proceso legal significativo. Los seis refugios temporales siguieron funcionando en estas condiciones durante la mayor parte de 1974. Varios ciudadanos chilenos que estaban en espera de ser reasentados fueron alojados asimismo en un refugio temporal establecido bajo la protección de la ONU en virtud del Decreto Ley 1698 de 17 de octubre de 1974, que especificaba que dicho centro podría admitir a refugiados extranjeros, así como a familiares de refugiados chilenos en el exterior que estuvieran pendientes de la reunificación familiar. La admisión de chilenos en este refugio sólo se permitía tras recibir una autorización del Ministerio del Interior. La presencia de nacionales chilenos hizo que el ACNUR interviniera de forma creciente en casos de reunificación familiar, ocupándose de reasentar a las familias de los chilenos que ya habían obtenido asilo en otros países. La salida gradual de los refugiados hizo disminuir el número de refugios temporales. Al final de 1975, casi todos los refugiados extranjeros que no podían permanecer en Chile habían sido satisfactoriamente reasentados, y en abril de 1976 se clausuró el último refugio temporal que quedaba abierto. Un hito para el ACNUR La operación realizada por el ACNUR en Chile a partir de 1973 constituyó un importante hito en la historia de la organización, pues fue su primera operación de envergadura en Latinoamérica. Aunque no existen cifras exactas del número de personas que huyó al exilio en los años en los que el general Pinochet fue jefe del Estado, solamente el Comité Intergubernamental para las Migraciones Europeas permitió la salida de 20.000 personas en 1980. Otras fuentes calculan que el número total de quienes huyeron del régimen, ya fuera voluntariamente o expulsados, no fue inferior a 200.000 personas.vii
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