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Entre los menores más vulnerables figuran los huérfanos y los que están separados de sus familias. Ante la guerra, algunas familias envían a sus hijos a países lejanos para protegerlos. En ciertos casos, se aleja a los menores para eludir el servicio militar obligatorio, para que reciban una buena educación o para que pidan asilo político y preparen así el camino a otros familiares que se reunirán con ellos más tarde (véase recuadro 4.4). Como consecuencia, estos niños corren muchas veces un riesgo mayor de convertirse en víctimas de agresión y de explotación. La vida de estos menores suele interrumpirse en una etapa crucial de su desarrollo físico. La precariedad de la higiene y de los alimentos durante el período de desplazamiento tiene normalmente un efecto devastador sobre los índices de mortandad de los muy jóvenes. Los asentamientos para refugiados, construidos apresuradamente y superpoblados, ofrecen más amenazas para su salud. En su condición de refugiados, lo más habitual es que los niños de más edad se vean obligados a asumir responsabilidades adicionales en la familia, convirtiéndose en su sostén económico o en cuidadores de los adultos incapacitados o de sus hermanos menores. Al mismo tiempo, siguen desarrollando su identidad y su capacidad de aprendizaje, aunque han de hacerlo lejos de sus comunidades de origen y separados de su cultura familiar. No menos de 300.000 menores de 18 años —algunos incluso de sólo siete u ocho años de edad— participan directamente en conflictos de todo el mundo. Algunos son voluntarios, pero en países como Afganistán y Sri Lanka, así como en varias naciones de África, los menores son obligados a tomar las armas. Los niños refugiados corren un riesgo especial de ser víctimas de este reclutamiento forzado, pues los grupos armados suelen utilizar a los menores como porteadores, cocineros, mensajeros, informadores o soldados de infantería. Es frecuente que la participación de niños y adolescentes en los programas de educación se vea interrumpida tras el desplazamiento. En una situación de emergencia, las necesidades educativas de los refugiados menores de edad no suelen tener gran prioridad, y podrían resentirse debido a la limitación de recursos. La educación y la formación profesional son cruciales para niños y adolescentes, al proporcionarles los conocimientos necesarios para tener una vida independiente y productiva. También constituyen un importante mecanismo de protección frente al reclutamiento forzado en las fuerzas armadas y otras formas de explotación. El reconocimiento de las necesidades de los menores La Convención de la ONU sobre los Derechos del Niño de 1989, posiblemente el más completo de todos los tratados internacionales de derechos humanos, ha sido firmada y ratificada por todos los Estados miembros de la ONU salvo los Estados Unidos y Somalia. A los efectos de la Convención, se entiende por niño «todo ser humano menor de dieciocho años de edad, salvo que, en virtud de la ley que le sea aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad» (artículo 1). Sin embargo, el artículo 38 establece la edad mínima de 15 años para el reclutamiento en las fuerzas armadas. Un protocolo facultativo actualmente en negociación eleva a 18 años la edad mínima para el reclutamiento obligatorio en las fuerzas armadas y prohíbe su participación en las hostilidades. La Carta Africana sobre los Derechos y el Bienestar del Niño Africano, de 1990, que entró en vigor a finales de 1999, ya establece la edad de 18 años como edad mínima para el reclutamiento y para la participación en las hostilidades. La protección de los niños en las sociedades devastadas por la guerra ocupa desde hace unos años un lugar destacado en la agenda de la ONU. En 1994, el Secretario General de la ONU encargó a Graça Machel, viuda del presidente de Mozambique Samora Machel, que realizase un estudio sobre la repercusión de los conflictos armados sobre la infancia, y en 1997, nombró un Representante Especial para la Infancia y los Conflictos Armados. Otros organismos internacionales han tratado recientemente de proteger a los menores de los efectos de los conflictos armados. El Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, de 1998, considera crimen de guerra reclutar o alistar a niños menores de 15 años en las fuerzas armadas nacionales o utilizarlos para participar activamente en las hostilidades. En junio de 1999, la Organización Internacional del Trabajo aprobó el Convenio nº. 182, sobre la Prohibición de las Peores Formas de Trabajo Infantil y la Acción Inmediata para su Eliminación, que incluye la prohibición del reclutamiento forzado u obligatorio de niños para su utilización en conflictos armados. Más recientemente, el Secretario General de la ONU elevó a 18 años la edad mínima para los participantes en las operaciones de mantenimiento de la paz de la ONU. Entre las organizaciones de la
ONU, el Fondo de la Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) tiene
la responsabilidad principal de asistir a los niños. Al abordar
las necesidades especiales de los desplazados y refugiados menores
de edad, el ACNUR actúa en estrecha cooperación con
el UNICEF, la UNESCO y otras organizaciones especializadas, como
la Alianza Internacional Salvemos a los Niños. Los principales
motivos de preocupación del ACNUR incluyen la salud infantil,
las necesidades especiales de los adolescentes y de los menores
separados, la prevención de la explotación sexual,
la prevención del reclutamiento en las fuerzas armadas, y
la educación para niños y niñas. Aunque los
menores constituyen una categoría que preocupa especialmente
al ACNUR, los programas destinados a asistirlos y protegerlos sólo
serán eficaces si se llevan a cabo como parte de programas
más amplios encaminados a abordar las necesidades de familias
y sociedades en su conjunto. | ||||
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