7 . 4 Los solicitantes de asilo haitianos

Desde la década de 1970, el trato que los sucesivos gobiernos de los Estados Unidos han dispensado a los inmigrantes que llegaban por mar ha restringido gravemente el acceso de los haitianos a los procedimientos de asilo. Las estadísticas del gobierno estadounidense indican que, entre 1981 y 1991, más de 22.000 haitianos fueron interceptados en el mar y que sólo a 28 de ellos se les permitió la entrada en los Estados Unidos para cursar peticiones de asilo.

El ACNUR, otras organizaciones humanitarias y grupos de defensa de la causa de los refugiados han afirmado reiteradamente que la interceptación y devolución de los solicitantes de asilo haitianos por parte de los Estados Unidos —sin que se apliquen los procedimientos apropiados para identificar a aquéllos que tienen temores fundados de persecución— podría llevar a la devolución forzada a un lugar inseguro, lo que está prohibido en virtud del artículo 33 de la Convención de la ONU sobre los Refugiados de 1951. En los primeros años de la década de 1990, grupos de defensa de los Estados Unidos impugnaron ante los tribunales federales la política de interceptación del gobierno, y la cuestión fue apelada hasta la más alta instancia judicial de los Estados Unidos, el Tribunal Supremo. En 1993, el Tribunal Supremo dictaminó que la obligación contraída por los Estados Unidos en virtud del artículo 33 no era de aplicación fuera del territorio estadounidense, donde los haitianos eran interceptados.v En cambio, el ACNUR mantiene que el principio de no devolución es de aplicación en cualquier lugar donde el Estado pueda actuar.vi En 1997, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la Organización de los Estados Americanos, no coincidió con la posición del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, pues declaró que las garantías previstas en el artículo 33 también son de aplicación fuera de las fronteras nacionales.vii

Algunos grupos de defensa han afirmado que, debido a su papel destacado en los asuntos internacionales, las acciones del gobierno estadounidense para con los haitianos han contribuido a menoscabar el principio de asilo en otros lugares de todo el planeta. Sostienen que si el país más rico del mundo puede impedir la entrada de los solicitantes de asilo, los países pobres, mal equipados para manejar las grandes afluencias de refugiados, deberían poder hacerlo también. En la década de 1980, mientras los Estados Unidos apoyaban los esfuerzos del ACNUR para impedir que los países del sudeste de Asia repatriaran por la fuerza a los refugiados del mar vietnamitas, al menos uno de los gobiernos implicados respondió que lo que hacía no era diferente de lo que los Estados Unidos estaban haciendo con los haitianos.

Doble rasero

En las décadas de 1960 y 1970 hubo una gran diferencia entre el trato que las autoridades estadounidenses dispensaban a los solicitantes de asilo procedentes de Cuba y el que daban a los que llegaban de Haití. Algunas voces críticas afirmaron que el gobierno de los Estados Unidos trataba a los cubanos como refugiados porque huían de un gobierno comunista, mientras que a los haitianos los consideraba migrantes económicos, pese a la evidencia manifiesta de persecución generalizada en Haití. A menudo se señala, en particular por parte de dirigentes políticos afronorteamericanos, que las personas que llegaron de Cuba eran en su mayoría blancas, en tanto que las que venían de Haití eran sobre todo negras.

Durante 30 años, Haití fue gobernado por dos severos dictadores: primero, por François Duvalier (llamado «Papa Doc»), de 1957 a 1971, y después por su hijo Jean-Claude Duvalier («Baby Doc»), de 1971 a 1986. El primer presidente del país elegido democráticamente, el ex sacerdote Jean-Bertrand Aristide, tomó posesión de su cargo en febrero de 1991, pero fue depuesto siete meses más tarde por un golpe de Estado militar. En julio de 1993, los dirigentes militares, ante las sanciones y las presiones internacionales, accedieron a renunciar pero no lo hicieron. Permanecieron en el poder hasta finales de 1994, cuando la intervención de los restableció el gobierno de Aristide.

Los haitianos que huían de la represión política, las violaciones generalizadas de derechos humanos y el deterioro de la situación económica habían comenzado a llegar a Florida por mar a comienzos de la década de 1970. Muchos solicitaron asilo, aunque la mayoría de las solicitudes fueron denegadas. Otros fueron absorbidos en la creciente comunidad haitiana de Miami.

En 1978, el gobierno de los Estados Unidos comenzó a aplicar el «Programa de Haití», cuyo objetivo era disuadir a los solicitantes de asilo y a los inmigrantes haitianos de entrar en los Estados Unidos. Los críticos consideraron que se trataba de un programa para denegar a los haitianos unas vistas justas y acelerar su deportación. De hecho, los tribunales estadounidenses pusieron fin al programa en 1979 y ordenaron nuevas vistas para los solicitantes de asilo haitianos rechazados que aún permanecían en los Estados Unidos.

Las llegadas de barcos haitianos aumentaron en 1979 y se aceleraron de forma espectacular en 1980, el mismo año en que más de 125.000 cubanos llegaron a los Estados Unidos durante el «puente marítimo de Mariel». Inmediatamente después, muchos haitianos se beneficiaron de las presiones ejercidas sobre el gobierno de los Estados Unidos para que tratara equitativamente a haitianos y cubanos. A los haitianos que llegaron se les concedió un estatuto especial de «candidatos» que les permitía quedarse en el país mientras se resolvía su estatuto, pero que, a diferencia de los cubanos, les impedía solicitar la residencia permanente.

El programa de interceptación

A finales de 1981, la nueva administración del presidente Ronald Reagan aprobó una serie de medidas que prepararon el terreno para la interceptación de haitianos en alta mar. El gobierno de los Estados Unidos acordó con las autoridades haitianas de Puerto Príncipe la devolución de los haitianos que salieran de su país ilegalmente. El presidente Reagan ordenó a la Guardia Costera estadounidense la interceptación de las embarcaciones que pudieran transportar a extranjeros indocumentados a los Estados Unidos. Si los guardacostas determinaban que los pasajeros intentaban entrar en los Estados Unidos sin documentación procedentes de un país con el que los Estados Unidos tuvieran un acuerdo de devolución de los inmigrantes ilegales, la Guardia Costera debía devolverlos a ese país. Haití era el único país con el que los Estados Unidos tenían ese tipo de acuerdo en aquellas fechas.

La administración de Reagan cursó a la Guardia Costera instrucciones de no devolver a las personas que pudieran ser refugiados. Pero los procedimientos que instituyó para identificar a los posibles refugiados a bordo de las embarcaciones de la Guardia Costera eran tales que resultaba sumamente difícil que cualquier persona reuniera las condiciones requeridas para entrar en los Estados Unidos a solicitar asilo.

Los Estados Unidos interrumpieron temporalmente el programa de interceptación después del golpe de Estado de septiembre de 1991 que derrocó al presidente Aristide. Su aplicación se reanudó un mes después, pero en esta ocasión, en vez de devolver a los haitianos interceptados a Haití, se los trasladaba a la base naval estadounidense de Guantánamo (Cuba) para ser «seleccionados». Según algunas organizaciones no gubernamentales de los Estados Unidos y al menos un juez federal de ese país, los haitianos vivían en la base de Guantánamo en condiciones semejantes a las de una prisión.viii Según las estadísticas del gobierno estadounidense, unos 10.500 de los 34.000 haitianos interceptados después del golpe de Estado de 1991 resultaron tener un temor creíble de persecución y se les permitió entrar en los Estados Unidos para solicitar asilo. Aunque sólo se le concedió asilo efectivamente a una minoría, a la larga la mayoría pudo quedarse legalmente en los Estados Unidos.

En mayo de 1992, el presidente George Bush ordenó de nuevo que todos los haitianos interceptados fueran devueltos a Haití, en esta ocasión sin pasar siquiera la somera selección de refugiados que antes se aplicaba. Aun cuando Bill Clinton criticó la política de Bush, tildándola de «cruel», mientras era aspirante al cargo, una vez elegido presidente continuó con ella. Pero esta política no disuadió a los haitianos de huir, y en 1992 la Guardia Costera interceptó a 31.400 haitianos. Aunque este número descendió a 2.400 el año siguiente, se disparó de nuevo hasta llegar a 25.000 en 1994, antes de caer a un promedio de 1.150 en los cinco años siguientes.

En junio de 1994, el presidente Clinton instituyó un nuevo y efímero procedimiento para los haitianos interceptados. Los Estados Unidos llevaron a cabo procedimientos completos para la determinación de la condición de refugiado a bordo del navío Comfort, anclado frente a la costa de Jamaica. Las personas a las que se concedía el estatuto de refugiado eran reasentadas en los Estados Unidos; las rechazadas eran devueltas a Haití. Se concedió el estatuto de refugiados a un número sin precedentes de los haitianos atendidos en el Comfort. El número de haitianos recogidos y en espera de entrevistas para determinar su condición de refugiados creció con tal rapidez —la Guardia Costera recogió a 3.247 en un día de julio— que los Estados Unidos dieron por terminada la tramitación a bordo. A continuación trasladaron a Guantánamo a los que aún quedaban en el Comfort y a todos los haitianos interceptados después. Las autoridades estadounidenses dijeron a los haitianos que podían permanecer allí en tanto en cuanto no fuera seguro para ellos regresar a Haití, pero agregaron que a ninguno se le permitiría la entrada en los Estados Unidos. En consecuencia, la Guardia Costera llevó a más de 21.000 haitianos a Guantánamo. Aunque al término de la operación la mayoría la mayoría fueron repatriados, a algunos se les permitió entrar en los Estados Unidos.

En septiembre de 1994, una fuerza multinacional con presencia mayoritaria estadounidense llegó a Haití y la junta militar haitiana renunció finalmente. El presidente Aristide regresó a Haití, seguido casi de inmediato por la mayoría de los haitianos que estaban en Guantánamo, que se repatriaron voluntariamente. En diciembre, el gobierno de los Estados Unidos comunicó a los 4.500 haitianos que aún permanecían en Guantánamo que era seguro regresar a Haití. Varios miles regresaron voluntariamente, pero los 4.000 que se negaron fueron devueltos en contra de su voluntad.

En octubre de 1998, el Congreso de los Estados Unidos aprobó la Ley de Imparcialidad en la Inmigración de Refugiados Haitianos, que permitió a los haitianos que hubieran llegado a los Estados Unidos antes del 31 de diciembre de 1995, y que hubieran solicitado asilo antes de esa fecha, solicitar la residencia permanente. Sin embargo, la política de interceptación en el mar continúa en vigor, impidiendo a la mayoría de las personas que abandonan Haití llegar siquiera a las costas estadounidenses.