8 . 1 La apatridia y la ciudadanía en litigio


Como consecuencia de la desintegración de la Unión Soviética, Yugoslavia y Checoslovaquia, millones de personas tuvieron que confirmar un nuevo estatuto de ciudadanía. Un ciudadano de la antigua Checoslovaquia, ¿era ahora checo o eslovaco? Una persona nacida en Belgrado, criada en Sarajevo, casada con otra de Zagreb y residente en Liubliana, ¿era ciudadana yugoslava, bosnia, croata o eslovena? Los nuevos Estados surgidos de estas desintegraciones establecieron sus propios criterios de ciudadanía. En algunos casos, las personas que no cumplían esos criterios se convirtieron en «apátridas»; en otros, no lograron adquirir la ciudadanía en el país donde vivían.

Estas cuestiones no afectan en modo alguno a Europa exclusivamente, ni la desintegración de los Estados es la causa única de la apatridia. A veces puede ser el resultado de deficiencias en la legislación y en los procedimientos que regulan el matrimonio y el registro de nacimientos. En otros casos, políticas discriminatorias dirigidas contra las minorías u otros grupos o individuos conducen a la apatridia. En algunos casos, los gobiernos han aprobado leyes de ciudadanía que han surtido el efecto de marginar a sectores enteros de la sociedad. Los individuos afectados por los problemas de la apatridia o de la ciudadanía no definida carecen a menudo de una personalidad jurídica clara y, por tanto, tienen dificultades para contraer matrimonio, enviar a sus hijos a la escuela, trabajar, viajar o poseer bienes. El resultado es que la apatridia constituye a menudo una causa de desplazamientos de población.

No es posible confeccionar una lista de las personas apátridas del mundo porque, las más de las veces, lo que está en litigio es la ciudadanía o la nacionalidad no definida. Todos los países se ven afectados en mayor o menor grado porque en todos existen leyes para determinar quién es un ciudadano y quién no lo es, y los enfoques no siempre están armonizados entre unos Estados y otros.

Los cambios políticos que tuvieron lugar en Europa en la década de 1990 pusieron de manifiesto los problemas que se pueden suscitar cuando se plantean conflictos relacionados con el estatuto de nacionalidad. Cuando los Estados bálticos recuperaron la independencia, sus leyes de nacionalidad excluyeron a cientos de miles de personas de etnia rusa que vivían allí desde hacía décadas. Cuando muchos tártaros de Crimea regresaron a Ucrania, tras haber sido deportadas sus familias por Stalin en la década de 1940, algunos llegaron después de la fecha límite fijada para acceder automáticamente a la ciudadanía ucraniana, lo que creó dificultades para encontrar trabajo y vivienda. El violento desmembramiento de Yugoslavia desplazó a más de 4 millones de personas, y muchos archivos necesarios para documentar la ciudadanía fueron destruidos, lo que causó numerosos problemas. Cuando Checoslovaquia se dividió en dos repúblicas, se atribuyó la ciudadanía eslovaca a muchas personas que vivían en la parte checa, convirtiéndolas en extranjeras en su lugar de residencia habitual.

En Asia, los biharíes (musulmanes no bengalíes que se trasladaron a finales de la década de 1940 desde la India a lo que entonces era Pakistán Oriental) se consideraban a sí mismos ciudadanos paquistaníes y se negaron a adoptar la nacionalidad bangladeshí cuando Bangladesh obtuvo la independencia en 1971. Desde esa época, el gobierno de Pakistán se ha mostrado reacio a «repatriarlos», y más de 200.000 permanecen en campamentos de Bangladesh. En Myanmar, las restrictivas leyes de nacionalidad continúan impidiendo que muchos residentes, como los rohingyas, sean considerados ciudadanos del país. En Bután, las leyes de ciudadanía aprobadas en la década de 1980 excluyeron efectivamente de la nacionalidad butanesa a muchas personas de etnia nepalí. Unas 100.000 personas de etnia nepalí llegadas de Bután siguen viviendo en campamentos de Nepal.

En África, unas 75.000 personas fueron expulsadas de Mauritania en 1989-1990 como consecuencia de enfrentamientos interétnicos. Aunque la mayoría de ellas han regresado después, unas 30.000 permanecen en Senegal, al ser cuestionadas sus peticiones de ciudadanía por las autoridades mauritanas. En Zaire, como consecuencia de las disposiciones legales aprobadas en 1981, miles de banyarwandas perdieron de jure su ciudadanía. En Etiopía, como consecuencia de la guerra con Eritrea que comenzó en 1998, las autoridades expulsaron a 68.000 personas a Eritrea por ser nacionales de un Estado enemigo. Aunque ambos países expidieron documentos a estas personas, en diciembre de 1999 ninguno de los dos estaba dispuesto a aceptar la plena responsabilidad sobre ellas como ciudadanos.

En el Cercano Oriente, más de 120.000 kurdos que llevaban toda su vida viviendo en el nordeste de Siria no han podido adquirir la ciudadanía. En Kuwait, hasta 250.000 bidunes viven desde hace tiempo como una minoría sin nacionalidad efectiva. Muchos se vieron obligados a salir de Kuwait durante la crisis de 1991 en la región y ahora viven en Iraq y en otros países del golfo Pérsico. Por último, aunque los palestinos puedan no ser considerados apátridas puesto que técnicamente existe un Estado palestino desde la aprobación de la Resolución 181 (1947) de la Asamblea General de la ONU, unos 3 millones no han podido regresar a sus hogares y su personalidad jurídica ha sido cuestionada constantemente por el gobierno de Israel.

Existe una relación entre la apatridia y los flujos potenciales de refugiados, aunque es evidente que no todos los apátridas son refugiados. El ACNUR promueve la adhesión y la aplicación de la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas, de 1954, y la Convención para Reducir los Casos de Apatridia, de 1961. Estos instrumentos ofrecen un marco legal para evitar y reducir los casos de apatridia y para resolver conflictos entre Estados.

En 1995, el Comité Ejecutivo del ACNUR y, posteriormente, la Asamblea General de la ONU, pidieron al ACNUR que aplique su competencia al problema de la apatridia. Desde entonces, la organización se ha involucrado cada vez más en promover la prevención y la reducción de la apatridia mediante la difusión de información, la formación de funcionarios gubernamentales y el fomento de la cooperación entre otras organizaciones que trabajan en cuestiones relacionadas. El ACNUR ha alentado a los Estados a crear estructuras nacionales para que los apátridas puedan aspirar a tener representación y, cuando ha sido oportuno, ha colaborado con los Estados para establecer procedimientos que permitan a las personas apátridas adquirir la ciudadanía. Algunos Estados han hecho progresos importantes en los últimos años en el tratamiento de los problemas derivados de la apatridia y la ciudadanía en litigio. Hasta ahora, sin embargo, los problemas se han abordado caso por caso. Continúan produciéndose ejemplos de pérdida involuntaria de la nacionalidad, así como de discriminación que lleva a pérdida de la nacionalidad y expulsión, que a menudo son una causa fundamental de los flujos de refugiados. El desafío consiste en establecer un marco internacional armonizado para reconocer y responder sistemáticamente a los problemas de la apatridia.