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El estatuto de Timor Oriental, la mitad oriental de una isla situada en el este del archipiélago indonesio, está en litigio desde hace tiempo. Durante 450 años fue la colonia más lejana y desatendida de Portugal. En 1960, cuando otras colonias accedían a la independencia, la Asamblea General de la ONU situó a Timor Oriental en la agenda internacional al incorporar la colonia a su lista de «territorios no autónomos». La caída del régimen de Caetano en Portugal, en abril de 1974, dejó vía libre para que Timor Oriental accediera a la independencia, gobernado por el izquierdista FRETILIN (Frente Revolucionária do Timor-Leste Independente). Sin embargo, en vez de dejar que los acontecimientos siguieran su curso, el régimen resueltamente anticomunista del general Suharto en Indonesia apoyó un golpe de Estado contra el FRETILIN. Al fracasar la intentona, Suharto emprendió una invasión en toda regla en diciembre de 1975, y en julio de 1976 se anexionó el territorio como provincia número 27 de Indonesia. La ocupación indonesia La ocupación de Timor Oriental por las fuerzas armadas de Indonesia dio lugar a graves y generalizadas violaciones de derechos humanos. De una población que antes de 1975 era de unas 700.000 habitantes, se calcula que más de 170.000 civiles de Timor Oriental murieron en las primeros seis años de régimen militar.iv El Consejo de Seguridad y la Asamblea General de la ONU se negaron reiteradamente a reconocer la ocupación y pidieron la retirada de Indonesia, pero todo fue en vano. Para los aliados occidentales del general Suharto, en particular los Estados Unidos, el régimen era un baluarte estratégico fundamental en el sudeste de Asia, y las potencias occidentales vendían al gobierno de Indonesia moderno armamento para combatir la insurgencia. Durante años, el estatuto de Timor Oriental continuó en litigio. ¿Era la provincia número 27 de Indonesia? ¿Seguía siendo un territorio no autónomo que debía ejercer aún su derecho a la autoderminación? Entre noviembre de 1982 y mayo de 1998, los sucesivos Secretarios Generales de la ONU mantuvieron conversaciones regulares con los gobiernos de Indonesia y Portugal sobre Timor Oriental, pero no se lograron avances efectivos. A excepción de Australia, ningún país occidental importante otorgó su reconocimiento de jure a la anexión consumada por Indonesia en julio de 1976. Al terminar la Guerra Fría, la posición de Timor Oriental comenzó a cambiar. Los periodistas extranjeros pudieron acceder con más asiduidad al territorio y difundieron llamativas informaciones sobre la brutalidad de la ocupación. Los fotógrafos occidentales captaron la imagen de las tropas indonesias matando a tiros a más de 250 integrantes de un cortejo fúnebre en un cementerio de la capital de Timor Oriental, Dili, en noviembre de 1991. Las fotografías, transmitidas a todo el mundo, desmintieron la pretensión gubernamental de que la población de Timor Oriental había aceptado la integración en Indonesia. El régimen recibió un nuevo golpe diplomático con la concesión del premio Nobel de la Paz de 1996 al obispo católico de Timor Oriental, Carlos Belo, y a José Ramos Horta, principal portavoz de la resistencia timorense en el extranjero. Cuando el general Suharto se vio obligado a dimitir, en mayo de 1998, en plena crisis económica y en medio del descontento político generalizado, el control de Indonesia sobre Timor Oriental perdía firmeza. El referéndum de 1999 y sus secuelas El nuevo gobierno del presidente B. J. Habibie actuó con rapidez para resolver el problema de Timor Oriental. En mayo de 1999, Indonesia y Portugal acordaron delegar en el Secretario General de la ONU la responsabilidad de celebrar una «consulta popular» para determinar si la población local prefería una autonomía limitada o la independencia plena. En junio de 1999, el Consejo de Seguridad aprobó la creación de la Misión de las Naciones Unidas en Timor Oriental (UNAMET), cuya función era supervisar el referéndum y la posterior transición hacia la autonomía o la independencia plena. Sin embargo, el gobierno de Indonesia insistió en conservar la responsabilidad sobre la seguridad en el período previo a la votación y durante el eventual período de transición. A pesar de la tensa situación y del ambicioso calendario, la UNAMET logró registrar a 451.792 posibles votantes de una población de Timor Oriental que superaba los 800.000 habitantes. El 30 de agosto, más del 98% de las personas inscritas acudieron a las urnas, y de éstas el 78,5% rechazaron la propuesta de autonomía y se pronunciaron a favor de la independencia. En cuanto se hicieron públicos los resultados, el 4 de septiembre, comenzaron los asesinatos, las violaciones, el pillaje y los incendios por parte de los grupos de milicias opuestas a la independencia y de las fuerzas de seguridad. No es posible saber cuántas personas murieron en ese período, pero al término de 1999 se habían denunciado ante la policía civil de la ONU más de 1.000 ejecuciones extrajudiciales. La Relatora Especial de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU informó a finales de 1999 del descubrimiento de más de 100 cadáveres, aunque las organizaciones no gubernamentales locales informaron sobre un número superior de víctimas.v Las infraestructuras del territorio habían sido destruidas. Sometido a las presiones diplomáticas de la comunidad internacional, el gobierno de Indonesia accedió a permitir la intervención de una fuerza militar multinacional bajo el mando de Australia. El 20 de septiembre comenzó a desplegarse en Timor Oriental la Fuerza Internacional en Timor Oriental (INTERFET). En el plazo de 32 días, la INTERFET había protegido todo el territorio y el enclave de Oecussi (Ambeno), perteneciente a Timor Oriental pero situado en Timor Occidental. El 19 de octubre, la Asamblea Consultiva Popular, órgano constitucional supremo de Indonesia, reconoció formalmente la votación favorable a la independencia. En el plazo de una semana, el Consejo de Seguridad de la ONU estableció la Administración de Transición de las Naciones Unidas en Timor Oriental (UNTAET) para velar por la seguridad y supervisar la transición del territorio a la independencia. La protección de los desplazados La violencia en Timor Oriental en el período previo y en los días que siguieron al referéndum originó el desplazamiento de unas 500.000 personas. Se calcula que unas 250.000 se convirtieron en desplazadas internas en Timor Oriental, mientras unas 290.000 huyeron a Timor Occidental. La mayoría de los desplazados internos estuvieron en escondrijos en las montañas o en zonas controladas por la resistencia entre el 4 de septiembre y el despliegue completo de la INTERFET a mediados de octubre. Las tropas de la INTERFET ayudaron a las organizaciones humanitarias a llevar ayuda de emergencia a las personas que permanecieron en Dili. A medida que la INTERFET controlaba una extensión mayor de territorio, los suministros de ayuda de emergencia se distribuyeron en otros núcleos de población importantes. Parte de la ayuda se lanzó desde aviones a las zonas inaccesibles. A finales de octubre, la mayoría de los desplazados internos habían regresado a sus hogares. El ACNUR asumió el papel principal en la prestación de asistencia a largo plazo a los retornados. La mayoría de las personas que huyeron a Timor Occidental acabaron en campamentos construidos apresuradamente cerca de la capital de Timor Occidental, Kupang, o de la ciudad fronteriza de Atambua. Estos refugiados estaban a merced de los grupos de milicias contrarios a la independencia, que restringieron el acceso de los organismos internacionales a los campamentos. Las condiciones en los campamentos eran deficientes. Escaseaban los alimentos, el agua, los servicios sanitarios y la asistencia sanitaria. El monzón de noviembre de 1999 agravó aún más las terribles condiciones de vida y provocó un aumento de las dolencias y las muertes causadas por enfermedades transmitidas a través del agua. El ACNUR organizó la repatriación de refugiados a Timor Oriental. Sin embargo, los que decidieron repatriarse corrían peligro debido a la presencia de las milicias opuestas a la independencia. Los sospechosos de ser partidarios de la independencia fueron despojados de sus pertenencias personales. Se cometieron violaciones y asesinatos. Al principio, el personal del ACNUR tuvo que entrar en los campamentos acompañado de escoltas militares y policiales plenamente armadas para sacar de ellos a quienes habían manifestado su deseo de repatriarse. Finalmente, el acceso a los campamentos mejoró, si bien los problemas de seguridad continuaron. Muchos familiares de milicianos no se mostraron dispuestos a retornar; otras personas que deseaban regresar no pudieron hacerlo debido a la constante intimidación de los grupos de milicias. Los primeros vuelos de la repatriación voluntaria fueron organizados por el ACNUR el 8 de octubre, pero la mayoría de sus destinatarios estaban demasiado intimidados por las milicias para aprovecharlos. A partir del 21 de octubre, barcos alquilados por el ACNUR transportaron a más de 2.000 personas a la semana de vuelta a Timor Oriental, en una operación que más adelante contó con la asistencia de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). A finales de 1999, más de 130.000 personas habían retornado voluntariamente, 85.000 de ellas en virtud de programas de retorno organizado. Pero los milicianos continuaban presentes en los campamentos y frenaban los retornos mediante una campaña continua acerca de la situación y de presuntas atrocidades en Timor Oriental. |
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