Roberto Meier
Representante en Colombia del Alto Comisionado
de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR

En esta edición de Andares hemos querido hacer un reconocimiento al aporte valeroso que realizan día a día las organizaciones de la sociedad civil colombiana. En particular a las organizaciones de población desplazada y a las organizaciones no gubernamentales que defienden los derechos fundamentales de quienes se encuentran en situación de particular vulnerabilidad, como es el caso de la población desplazada por la violencia.

Las organizaciones de población desplazada y las ONG enfrentan múltiples dificultades para realizar una labor que ha sido esencial para apoyar a los más amenazados por el conflicto, para divulgar verdades incómodas y para mantener espacios en los que no opera la lógica de la confrontación, aún en las circunstancias más difíciles.

En el pasado el ACNUR ha manifestado su preocupación por el respeto al derecho a la vida y a la integridad física de miembros de ONG y de organizaciones de población desplazada. Hoy hacemos un llamado para que el Estado colombiano brinde las garantías suficientes a estas organizaciones. Consideramos un avance significativo que el Ministerio del Interior haya designado una subcomisión específica para tratar los casos de las y los líderes de población desplazada en su programa de protección.

En su sentencia T-025 de enero 2004 la Corte Constitucional respaldó la legitimidad que tienen las organizaciones de población desplazada (OPD) para representar los intereses de esta población, sea a través del uso de herramientas jurídicas o de la incidencia en espacios de debate público, y definió mecanismos para considerar sus propuestas en el momento de definir la política de atención a la población desplazada.

Proponemos a las instituciones del Estado aplicar tres criterios básicos en su relación con las organizaciones de población desplazada: pluralidad, para que el mayor número de organizaciones de población desplazada pueda tener acceso a espacios públicos de decisión de políticas; transparencia, para que todas y todos los líderes de estas organizaciones tengan capacidad de representar a sus organizaciones, conociendo claramente las reglas de juego para la representación y la participación en estos espacios, y continuidad, buscando que el proceso de interlocución entre organizaciones de población desplazada e instituciones del Estado sea permanente, sistemático en el tiempo.

Reconocemos los grandes esfuerzos que el Estado colombiano viene realizando desde la década de los 90 para responder a las necesidades de la población desplazada. Hemos visto con mucho agrado un mayor nivel de coordinación y complementariedad de estos esfuerzos con el trabajo que viene desarrollando la sociedad civil. Ayudar a consolidar esta cooperación es uno de los mayores desafíos para el ACNUR en Colombia.

En su reunión anual en Ginebra, el Comité Ejecutivo del ACNUR (EXCOM) eligió por unanimidad al embajador del Ecuador ante las Naciones Unidas, Hernán Escudero, como su presidente por un año. Después de Costa Rica, Ecuador es el país con el mayor número de refugiados colombianos reconocidos en América Latina.

Gracias a una contribución de 33 mil
dólares del gobierno de Alemania, 24 refugiados colombianos (18 mujeres y 6 hombres) están cursando estudios universitarios en Ecuador. Los beneficiarios de este programa deben ser refugiados menores de 28 años y tener buenas calificaciones académicas.

Entre el 8 y el 10 de noviembre se realizó en Bogotá el III Seminario de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES), con la participación de autoridades del Estado, la sociedad civil, el mundo académico y la comunidad internacional. El encuentro incluyó un debate público sobre las respuestas institucionales y sociales al desplazamiento forzado, así como varias propuestas que ayudarían a superar la crisis del desplazamiento.