ACNUR/ A. Ibarra; G. Fayoux; W. Spindler
La muerte del dirigente kankuamo Freddy Arias, el desplazamiento de 1,200 indígenas Emberas en marzo y el ataque contra una comunidad wayuú en abril, son ejemplos recientes de la crisis humanitaria que enfrentan los pueblos indígenas como consecuencia del conflicto colombiano.
Casi 20 mil indígenas contabilizados como desplazados por la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), sólo en los últimos cuatro años, testimonian la fuerza con que el conflicto interno está golpeando a esta población. Más de 350 indígenas han sido asesinados desde el año 2002 y decenas de miles están sufriendo controles, bloqueo de alimentos e incluso de movimientos en ciertas zonas.
El ACNUR está trabajando con representantes del Estado, con las organizaciones indígenas nacionales y locales y con las autoridades tradicionales indígenas, para mitigar los efectos del conflicto sobre las poblaciones, reducir sus niveles de riesgo, visibilizar su situación y lograr respuestas más eficientes frente a situaciones que, al menos en un caso —el de los indígenas kankuamos en la Sierra Nevada de Santa Marta— han sido calificadas como ‘exterminio’.
Además de proyectos en el ámbito nacional, los esfuerzos del ACNUR por apoyar a los pueblos indígenas se concentran en cinco zonas del país donde tiene oficinas: la Costa Caribe, el Urabá, y los departamentos de Chocó, Nariño y Putumayo.
Acciones nacionales
Con el apoyo del ACNUR, la Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC, ha construido desde el año 2001 un banco de datos sobre violaciones a los derechos humanos de los indígenas, con énfasis en los crímenes contra miembros de los pueblos indígenas y su desplazamiento forzado.
Se han promovido también normas de atención diferencial para el desplazamiento indígena.
Gran parte de la labor de acompañamiento a comunidades del ACNUR se hace con indígenas. Esta población también recibe especial atención en el proyecto de documentación de la Registraduría Nacional apoyado por ACNUR.
En Bogotá el ACNUR ha apoyado el trabajo de organización de la Mesa Indígena, organización que reúne a más de 50 familias de 10 grupos étnicos diferentes.
Costa Caribe
La situación más delicada la viven los pueblos de la Sierra Nevada de Santa Marta. Se han contabilizado casi cien asesinatos de indígenas kankuamos sólo en los dos últimos años, y se estima que unos 1.700 kankuamos (de un total de entre 5 y 7 mil) han sido forzados a abandonar sus hogares a consecuencia del conflicto. Arhuacos, wiwas y koguis también están sufriendo esta crisis humanitaria.
Desde el año 2000 el ACNUR realiza acompañamiento a los pueblos de la Sierra, y ha intervenido ante el Estado para mejorar la protección que se les brinda. En el 2003 se iniciaron campañas de documentación como parte del proyecto ACNUR-Registraduría Nacional.
En octubre de 2003 el ACNUR dio apoyo para la realización del Foro del Pueblo Arhuaco, donde se denunció la crisis humanitaria en la Sierra. La presencia del Sistema de Naciones Unidas en la zona se ha fortalecido desde entonces y el ACNUR ha realizado nuevos esfuerzos para visibilizar la situación.
El ACNUR ha acompañado a los desplazados y refugiados wayuus tanto en Colombia como en Venezuela.
Chocó
En el Chocó, el desplazamiento en marzo de 1200 emberas que huían de enfrentamientos entre los grupos armados alertó sobre cómo el conflicto se aproxima a los últimos santuarios de estos pueblos. Muchas comunidades enfrentan prolongadas situaciones de bloqueo.
El ACNUR realiza misiones periódicas de verificación de las condiciones en diferentes zonas y para acompañar a las poblaciones, al tiempo que insiste ante las autoridades para que tomen medidas específicas de protección para las poblaciones indígenas, y para que la asistencia tome en cuenta sus particularidades culturales.
La difusión de los derechos de los pueblos indígenas y de la población desplazada ha contribuido a fortalecer la capacidad de respuesta de las comunidades. También se han desarrollado campañas de documentación para comunidades indígenas en los últimos años, mejorando su capacidad para exigir sus derechos.
Un proyecto de mejoramiento de los sistemas de producción de las comunidades indígenas en las zonas altas de los ríos Andáguida y San Juan se encuentra en sus primeras etapas.
Urabá
En esta zona el ACNUR ha realizado permanente acompañamiento a las comunidades emberas y tules. Se han visibilizado sus desplazamientos así como los bloqueos y asesinatos de sus miembros. Como en otras zonas, se ha dado prioridad a los indígenas en el trabajo de documentación que realiza la Registraduría Nacional con apoyo del ACNUR.
Un trabajo importante se hace con la Organización Indígena de Antioquia (OIA) en la creación de una Red de Mujeres Indígenas en el Urabá, para incrementar su influencia en la toma de decisiones.
ACNUR y la Corporación Opción Legal también iniciaron la primera fase del proyecto de Pedagogía y Protección para la Niñez, que ya beneficia a cerca de 40 mil niños en todo el país, con docentes y gobernadores de 23 comunidades indígenas en el Bajo Atrato del Urabá.
Recientemente, la agencia comenzó a trabajar con el Cabildo Mayor Indígena del Bajo Atrato para enfrentar los suicidios de indígenas jóvenes, que se han reportado desde el año anterior. Ayuda profesional de jaibanás (lideres espírituales) indígenas y actividades lúdicas hacen parte del esfuerzo.
Putumayo
Más de 150 comunidades indígenas del departamento del Putumayo están sufriendo las consecuencias de la lucha por territorio entre los grupos armados. De acuerdo con la Organización Zonal Indígena del Putumayo, OZIP, entre 1996 y 2003, 147 indígenas fueron asesinados y cerca de 300 familias se vieron obligadas a desplazarse, mientras que se ha denunciado que muchas comunidades están sufriendo bloqueos.
El principal aliado del ACNUR al buscar respuestas ha sido la OZIP. El esfuerzo conjunto incluye visibilización de la crisis, fortaleciendo la oficina de Derechos Humanos de la OZIP y su base de datos sobre violaciones a derechos indígenas —lo que incluye un proyecto para formar periodistas comunitarios indígenas— y acciones para fortalecer mecanismos propios, como un Consejo de Justicia y Conciliación integrado por ancianos sabios y mujeres.
El ACNUR ha impulsado la creación de la Oficina Departamental de Orientación a la Población Indígena Desplazada, y la creación de oficinas de orientación en los municipios de Orito, Puerto Asís y Puerto Guzmán. En el resguardo de Yunguillo el ACNUR realiza acciones para fortalecer el tejido social y mejorar la seguridad alimentaria.
Nariño
De los desplazamientos masivos en el primer semestre de 2004 en Nariño, el 70% fue de poblaciones indígenas. La mayoría pasaron inadvertidos para las autoridades, en parte por lo alejado de las zonas en que se produjeron.
Además, los pueblos indígenas también han sido víctimas de bloqueos de suministros y, en ocasiones, de bloqueos a la movilización. El pueblo awa ha sido el más afectado.
Además de exponer ante las autoridades la gravedad del problema que enfrentan los grupos indígenas y la necesidad de protección especial para ellos, el ACNUR está trabajando con las organizaciones indígenas para generar procesos de fortalecimiento comunitario y formación en derechos.
En el municipio de Ricaurte, ACNUR participa en la reconstrucción del albergue indígena awa. También contribuye en la recuperación de la infraestructura física de la localidad de Magüí, una de las más golpeadas por el conflicto.