A finales del mes de noviembre la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES), la Mesa Mujer y Conflicto Armado y el consorcio de agencias de cooperación PCS presentaron un estudio sobre el confinamiento de poblaciones, advirtiendo la profundización del fenómeno. Esta se atribuye a una combinación de factores que van desde la reestructuración del conflicto, hasta cambios en las estrategias de interacción de las fuerzas del Estado y los grupos armados con la población civil.

Según el informe, en los últimos dos años se han presentado situaciones asociadas al confinamiento de población civil en unos 131 municipios de Colombia.

El informe identifica dos modalidades de confinamiento: indiscriminado y selectivo. En el primero, los actores armados aíslan por completo a poblaciones enteras, sin permitir siquiera la atención médica urgente. En el informe se reportan situaciones de ese tipo generadas por la guerrilla en 10 departamentos, por los paramilitares en 7 departamentos y por el Ejército en tres departamentos. El ejemplo más conocido es el que sufrieron los habitantes de la cuenca del Jiguamiandó en 2003.

El bloqueo selectivo es menos visible, pero igualmente dañino. Los actores armados ejercen un control esporádico sobre la población y restringen el transporte de ciertos bienes. Imponen normas y cobran impuestos. La población restringe su movilidad para protegerse, pero también a raíz de amenazas reales o percibidas. El estudio profundiza en el efecto del confinamiento sobre diversas dimensiones de la vida de las personas, e incluye un llamado urgente para desarrollar acciones que eviten que se siga presentando.