Hope Hanlan
Directora Oficina de las Américas del Alto Comisionado
de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR

El año 2004 marca el vigésimo aniversario de la Declaración de Cartagena sobre refugiados. Adoptada en 1984 por un grupo de eminentes juristas y expertos de los gobiernos de Belice, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá y Venezuela, que participaron a título personal.

La declaración es resultado de un Coloquio sobre Protección Internacional de Refugiados realizado en Cartagena de Indias, Colombia. La Declaración de Cartagena contiene varias recomendaciones importantes para el tratamiento humanitario de quienes tienen necesidad de protección, así como para la búsqueda de soluciones duraderas para ellos. Aún más significativo, sin embargo, es que la Declaración haya ampliado la definición de "refugiado" establecida en la Convención de 1951 para abarcar a aquellos que han huido de sus países porque sus vidas, su seguridad o su libertad están amenazadas por la violencia generalizada, agresión extranjera, conflictos internos, violaciones masivas de los derechos humanos u otras circunstancias que hayan deteriorado seriamente el orden público.

También es uno de los primeros documentos internacionales en expresar preocupación por la situación de las personas que sufren desplazamiento interno y en solicitar a las autoridades nacionales y las organizaciones internacionales a darles protección y asistencia.

La perdurable relevancia de la Declaración la confirman numerosas resoluciones de las asambleas generales de la ONU y la OEA, así como la inclusión de la definición ampliada de refugiados en la legislación nacional de diez países de Latinoamérica, además de otros dos que la aplican en la práctica.

La conmemoración del vigésimo aniversario de la Declaración tiene como trasfondo la creciente preocupación por la seguridad nacional, la lucha contra el terrorismo y los controles migratorios que están en aumento en las Américas, todo lo cual está impulsando la adopción de políticas de asilo restrictivas en algunas regiones. Al mismo tiempo, sin embargo, la aplicación de los estándares pragmáticos y de avanzada recomendados por la Declaración de Cartagena sobre Refugiados se hace hoy más necesaria que nunca para garantizar el tratamiento humanitario, por ejemplo de los colombianos necesitados de protección internacional, así como respuestas que tengan en cuenta los Principios Rectores de Naciones Unidas sobre Desplazamiento Forzado vigentes dentro y fuera de Latinoamérica.

En 1984 cerca de 150 mil refugiados centroamericanos estaban siendo asistidos en la región, y otros 1.8 millones de personas habían sido afectadas por el conflicto. Hoy, el conflicto colombiano ha inducido el desplazamiento, internamente o a través de las fronteras internacionales, de un número aún mayor de personas.

La Declaración de Cartagena es un acercamiento regional creativo y pragmático a la provisión de protección y a las soluciones duraderas, edificado sobre la generosa y longeva tradición del asilo en las Américas. El "espíritu de Cartagena" es tan necesario hoy como hace veinte años.

El Subsecretario General para Asuntos Humanitarios de la ONU, Jan Egeland, visitó Colombia del 5 al 9 de mayo. “La guerra en Colombia, alimentada por el narcotráfico, ha creado la crisis humanitaria más grave del hemisferio occidental, con más de 2 millones de personas desplazadas de sus hogares y varios grupos indígenas amenazados con la extinción”, dijo Egland, y advirtió que la situación humanitaria en Colombia está empeorando: “el gobierno colombiano en todos los niveles, los ciudadanos más adinerados y la comunidad internacional deben esforzarse mucho más para enfrentar lo que se ha convertido en una crisis humanitaria olvidada".

El Gobierno de Colombia presentó un Plan Nacional de Atención a la Población Desplazada con el que espera mejorar su respuesta, luego de que la Corte Constitucional declarara “inconstitucional” el estado de cosas en la respuesta del Estado frente a las necesidades de la población desplazada por la violencia. En su sentencia, la Corte buscó hacer coherentes los compromisos asumidos por el Estado en la legislación con el tipo de acciones desarrolladas en la práctica

La distribución de 35 mil prendas de vestir donadas por la empresa austríaca Palmers A.G permitió beneficiar a miles de familias desplazadas en varias regiones de Colombia. El ACNUR, la Red de Solidaridad Social y la Pastoral Social se aliaron para realizar la distribución

La Registraduría Nacional de Colombia presentó el 4 de mayo su nueva Unidad de Atención a Población Vulnerable, con la que entra en una nueva fase el proyecto de documentación de personas desplazadas o que habitan zonas afectadas por la violencia que realiza con ACNUR desde 2000, y que permitió entregar documentos de identidad a más de 175.000 personas. Otras agencias como Unicef y la OIM se han unido al proyecto, para el cual se espera continuar recibiendo el respaldo de la comunidad internacional.