Roberto Meier
Representante en Colombia del Alto Comisionado
de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR

En 1997, cuando se iniciaba el trabajo de ACNUR en Colombia y cuando las autoridades nacionales diseñaban los instrumentos legales y de política para abordar el tema del desplazamiento, tuve la posibilidad de apoyar la estructuración de lo que luego el Congreso de la República convirtió en la Ley 387. Siete años después, mi primer acto público como nuevo representante del ACNUR en Colombia fue participar en una Audiencia Pública convocada por la Comisión de Derechos Humanos del Senado y la Cámara de Representantes para discutir un tema de gran urgencia: la situación de los derechos humanos en Altos de Cazucá.

El caso de Altos de Cazucá es una muestra del complejo escenario en el cual se encuentra la población desplazada que se asienta en las grandes ciudades colombianas y de lo que falta por hacer tras siete años de avances. Cada día, miles de personas que huyen de la violencia y la persecución de grupos armados irregulares se dirigen a la relativa seguridad de Bogotá y zonas aledañas tales como Altos de Cazucá. Muchos de ellos no pueden regresar a los hogares que se vieron obligados a abandonar pero, al mismo tiempo, enfrentan dificultades de integración en algunas de las zonas más pobres y deprimidas de la ciudad.

Frente al crecimiento de la población desplazada en las grandes ciudades, los problemas se van haciendo cada vez más complejos: marginalidad, escasas posibilidades de inserción económica y social y reducidas acciones efectivas de las autoridades locales. Al mismo tiempo, la presencia de grupos armados en las zonas marginales de las grandes ciudades y sus municipios de influencia genera mayor riesgo y vulnerabilidad para la población desplazada que llega a ellos. Las condiciones de seguridad en estas zonas no sólo reproducen los modelos de violencia de las zonas expulsoras, sino que adicionalmente producen nuevas dinámicas de violencia. En una visita reciente a Cazucá pude constatar el nivel de riesgo que tienen los habitantes del lugar y, en especial, el temor que tienen de denunciar esta situación. Lamentablemente, el conflicto parecería perseguir a sus víctimas.

Si bien el ACNUR no tiene un trabajo permanente en Altos de Cazucá, ha hecho seguimiento a la situación de la zona, ha promovido espacios de coordinación y ha reconocido el gran esfuerzo de las organizaciones sociales para alcanzar un mayor nivel de bienestar y de seguridad. Por eso estamos apoyando a las organizaciones sociales y de población desplazada en su proceso organizativo y, a través de la Corporación Opción Legal, estamos desarrollando un proyecto para mejorar el acceso a la educación para las niñas y niños desplazados.

Es imperativo que las autoridades reanuden sus esfuerzos para facilitar la integración y mejorar la seguridad de la población en Altos de Cazucá y otras zonas, así como su acceso a la educación, la salud y otros servicios básicos. En recientes encuentros con las autoridades, he podido comprobar que existe una clara voluntad política y un deseo de coordinar esfuerzos en busca de acciones que den resultados concretos. Un ejemplo, entre muchos, es la iniciativa de la Secretaría de Salud de Bogotá —a la que se ha sumado la Alcaldía de Soacha— de trabajar con distintas instancias públicas y con la comunidad internacional para desarrollar de manera coherente y efectiva programas de salud que beneficien a la población desplazada. La participación de la sociedad civil en estos esfuerzos es fundamental.

El ACNUR, por su parte, se compromete a desarrollar acciones más sistemáticas en Altos de Cazucá que busquen promover la protección de los derechos de la población desplazada y a facilitar espacios de interlocución y participación entre las autoridades locales y nacionales, la sociedad civil y la población desplazada.

Los alcaldes de 13 de las principales ciudades receptoras de población desplazada en Colombia y el director de la Red de Solidaridad Social (agencia del gobierno que coordina la atención a los desplazados) firmaron un acuerdo el 26 de julio en Bogotá para mejorar la atención en salud, educación y protección de líderes de la población desplazada. El acuerdo fue impulsado por la alcaldía de Bogotá y el ACNUR.

La agencia de cooperación para el desarrollo internacional de Estados Unidos (USAID) y el ACNUR renovaron un convenio para el financiamiento de una consultoría que apoya al gobierno de Colombia en la formulación, ejecución y evaluación de las políticas públicas de prevención y atención al desplazamiento forzado. La donación tiene un valor de 119,720 dólares y una duración de un año.

El 6 de agosto, el ACNUR presentó su Balance de la Política Pública frente al Desplazamiento Forzado para el período Agosto 2002-Junio 2004 ante un público compuesto en su mayoría por representantes de ONG, organizaciones de población desplazada y el Gobierno. El documento final estará disponible en el último trimestre del año.