Declaración de Cartagena sobre los Refugiados

Plan de Acción de Brasil: América Latina y el Caribe adoptan una hoja de ruta común para responder a las nuevas tendencias del desplazamiento y poner fin a la apatridia

El 2 y 3 de diciembre de 2014, los Gobiernos de América Latina y el Caribe se reunieron en Brasilia en ocasión del 30º aniversario de la Declaración de Cartagena sobre Refugiados de 1984, el más prominente instrumento regional sobre refugiados que amplió la definición de refugiado para América Latina y propuso nuevos enfoques para las necesidades humanitarias de las personas refugiadas y desplazadas con un espíritu de solidaridad y cooperación.

La Reunión Ministerial, organizada por el Gobierno de Brasil, culminó un proceso conmemorativo de un año conocido como Cartagena +30, que incluyó cuatro reuniones subregionales con la participación de gobiernos, organismos internacionales y regionales, las defensorías del pueblo y la sociedad civil, incluida la academia.  Estas reuniones preparatorias se realizaron en Buenos Aires, Argentina (el 18 y 19 de marzo) para los países del MERCOSUR; en Quito, Ecuador (el 9 y 10 de junio) para los países andinos; en Managua, Nicaragua (el 10 y 11 de julio) para los países de Mesoamérica; y en Gran Caimán, Islas Caimán (el 10 y 11 de septiembre) para la región del Caribe.

A la clausura de la Reunión Ministerial, 28 países y tres territorios de América Latina y el Caribe (Antigua y Barbuda, Argentina, las Bahamas, Barbados, Belice, Bolivia, Brasil, Islas Caimán, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Curazao, El Salvador, Ecuador, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Santa Lucía, Surinam, Trinidad y Tobago, las Islas Turcas y Caicos, Uruguay y Venezuela) adoptaron por aclamación la Declaración y el Plan de Acción de Brasil, acordando trabajar juntos para mantener los estándares de protección más altos a nivel internacional y regional, implementar soluciones innovadoras para las personas refugiadas y desplazadas, y ponerle fin a la difícil situación que enfrentan las personas apátridas en la región.

La Declaración y el Plan de Acción de Brasil se basan en los marcos regionales anteriores.  En 1994, la Declaración de San José sobre Refugiados y Personas Desplazadas se centró en el desplazamiento interno cuando la infraestructura humanitaria actual para responder al desplazamiento interno aún no se había establecido y antecedió a los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos de 1998.  En 2004, la Declaración y Plan de Acción de México para Fortalecer la Protección Internacional de los Refugiados en América Latina representó un excelente ejemplo de cómo fomentar y sostener la solidaridad regional y una cooperación efectiva, yendo más allá del lenguaje de una declaración y construyendo, por primera vez, un marco estratégico regional de protección y soluciones duraderas para refugiados.

La Declaración y el Plan de Acción de Brasil mantienen el mismo espíritu visionario y el alto nivel de aspiraciones en idear un nuevo marco regional por la próxima década, reconociendo las nuevas realidades que enfrentan América Latina y el Caribe, las mismas que obligan a las personas a huir y buscar protección.  Sus palabras reflejan los compromisos de los Gobiernos de América Latina y el Caribe para abordar humanamente las necesidades de los más vulnerables, así como los valores y contribuciones de la dinámica sociedad civil de la región con el apoyo del Consejo Noruego para los Refugiados quien coorganizó el proceso Cartagena+30 con el ACNUR.

Contenido principal de la Declaración de Brasil y su Plan de Acción

La Declaración de Brasil “Un Marco de Cooperación y Solidaridad Regional para Fortalecer la Protección Internacional de las Personas Refugiadas, Desplazadas y Apátridas en América Latina y el Caribe” contiene el compromiso de mantener los más altos estándares de protección, reconoce los retos humanitarios que actualmente afectan a la región y hace propuestas innovadoras para abordarlos.  Estos principios se han convertido en programas específicos contenidos en el Plan de Acción de Brasil “Una Hoja de Ruta Común para Fortalecer la Protección y Promover Soluciones para las Personas Refugiadas, Desplazadas y Apátridas en América Latina y el Caribe dentro de un Marco de Cooperación y Solidaridad”.  Este Plan está dividido en ocho capítulos e incluye 11 programas estratégicos que serán implementados por los gobiernos que así lo decidan en el curso de la próxima década.  Entre los principales puntos se encuentran:

✓    El compromiso de mejorar los procedimientos de determinación de la condición de refugiado y la gestión de todos los temas relacionados con el derecho a solicitar y recibir asilo por medio del programa “Asilo de Calidad” que incorpora altos estándares de protección, incluidos aquellos desarrollados por el Sistema Interamericano.

✓    El reconocimiento de que las zonas de frontera son complejas y necesitan ser preservadas como espacios de seguridad y protección para todas las personas, nacionales y extranjeros; y la propuesta de establecer el programa “Fronteras Solidarias y Seguras” que aborda las necesidades de personas que residen, transitan o retornan a áreas fronterizas como parte de movimientos migratorios, incluidas las personas con necesidad de protección internacional.

✓    La voluntad y capacidad de la región para seguir ofreciendo soluciones innovadoras para las personas refugiadas, desplazadas y apátridas, apoyando a los países de la región que reciben altos números de refugiados y demostrando solidaridad con las crisis humanitarias internacionales.  El Plan de Acción incluye cuatro programas de largo alcance: tres de ellos plasman las soluciones duraderas tradicionales para los refugiados: “Repatriación Voluntaria”, “Integración Local” y “Reasentamiento Solidario”.  Un cuarto programa, de “Movilidad Laboral”, representa un mecanismo novedoso de cooperación y solidaridad regional que ofrece a los refugiados la posibilidad de beneficiarse de opciones migratorias existentes dentro de los marcos de integración regional, particularmente dentro del MERCOSUR.

✓    La necesidad de una respuesta a la urgente crisis humanitaria generada por personas que huyen de la violencia y la persecución por parte del crimen organizado transnacional y de violencia relacionada dentro del llamado Triángulo Norte de América Central.  Como en 1984, la región demuestra solidaridad con los países más afectados y hace un llamado a la comunidad internacional para responder a esta situación humanitaria y prevenir su expansión a través de tres programas específicos: “El Observatorio de los Derechos Humanos para el Desplazamiento”, el programa “Prevención”, y el de “Transito Digno y Seguro”.

✓    La participación, por primera vez en un proceso conmemorativo de Cartagena, de los países y territorios del Caribe como región con sus propios retos y particularidades.  El Plan de Acción incluye el programa “Solidaridad Regional con el Caribe” que podría llevar a establecer un Mecanismo Consultativo Regional para el manejo eficiente de los movimientos migratorios mixtos.

✓    El llamado para acabar con la apatridia dentro de la próxima década mediante la implementación del programa “Erradicación de la Apatridia”.  América Latina y el Caribe será la primera región del  mundo que participará oficialmente la Campana Global del ACNUR para Terminar con la Apatridia.

✓    El reconocimiento de los nuevos desafíos planteados por el cambio climático y los desastres naturales, así como por el desplazamiento causado por estos fenómenos, reafirmando las buenas practicas regionales de protección y socorro, y solicitando al ACNUR que promueva estudios profundos sobre la materia para apoyar la adopción de respuestas apropiadas tanto nacional como regionalmente.

✓    La suma importancia de la cooperación y solidaridad regional, mediante un alto nivel de coordinación, complementariedad y convergencia a nivel de mecanismos regionales y subregionales de integración.  El Plan de Acción dedica un capítulo a la cooperación regional y se refiere a los beneficios potenciales que podrían resultar de una ampliada cooperación Sur-Sur en el campo de la protección internacional.

Finalmente, la inclusión de un capítulo sobre implementación y seguimiento, que alienta a los países a establecer mecanismos de evaluación y seguimiento, y pide al ACNUR que elabore informes trienales de progreso y un informe final al cierre de la vigencia del Plan en 2014.

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