Escenas como ésta condujeron a la convención de 1951 sobre los Refugiados. © BPK/DEU•1945

Las imágenes eran crudas y chocantes: en el corazón de Europa, decenas de miles de personas huían del terror y la muerte, provocados por su propio gobierno, debido a su origen étnico. Hombres, mujeres y niños, envueltos en mantas y acarreando cualquier posesión que cupiese en una bolsa o, si tenían suerte, en un carro destartalado o un tractor oxidado, entraban dando tumbos en los países vecinos en busca de un lugar seguro.

Estas imágenes eran extrañas reminiscencias de una época anterior, aunque no tenían el grano del blanco y negro de mediados de los 40; más bien, eran en color y se transmitían en directo a todos los hogares del mundo con televisor, hace tan sólo dos años, desde Kosovo y la región de los Balcanes.

Cinco décadas antes, la comunidad internacional vivía una tragedia similar como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, cuando millones de desplazados habían vagado hambrientos y sin destino fijo a través de paisajes y ciudades devastadas. Con un espíritu de empatía y humanitarismo, y con la esperanza de evitar un sufrimiento tan generalizado en el futuro, las naciones se habían reunido en la majestuosa ciudad suiza de Ginebra y codificado unos criterios internacionales vinculantes en torno al trato a los refugiados y a las obligaciones de los países con respecto a ellos.

La innovadora Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados ha ayudado posteriormente a que millones de civiles rehagan sus vidas y se ha convertido en "el muro tras el que los refugiados se encuentran a salvo", como dice Erika Feller, directora del Departamento de Protección Internacional del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR): "Es lo mejor que tenemos, a nivel internacional, para mitigar la actuación de los estados."

Pero en el 50 aniversario de su adopción, la Convención se está viniendo abajo según algunos de los mismos países que dieron vida al régimen de protección hace medio siglo. Se han multiplicado las crisis como la de Kosovo, arrojando a millones de personas a una precipitada huida en busca de refugio seguro. Los viajes intercontinentales son ahora más fáciles y el floreciente negocio del tráfico de seres humanos ha hecho aumentar el número de inmigrantes ilegales. Los estados aseguran que sus sistemas de asilo se están viendo desbordados por esta confusa masa de refugiados y emigrantes económicos y ahora exigen recortes legales. La Convención, dicen, es anacrónica, impracticable e irrelevante.

Los principios del tratado "son imperecederos", insistía recientemente el Primer Ministro británico, Tony Blair. Pero añadía que, "con el gran aumento de la emigración económica en todo el mundo, y especialmente en Europa, existe una necesidad evidente de establecer normas y procedimientos adecuados… El Reino Unido se ha puesto a la cabeza de los defensores de la reforma, no de los principios de la Convención, sino de su funcionamiento".

Ruud Lubbers, ex-Primer Ministro nombrado Alto Comisionado, ha advertido, sin embargo, que "muchas naciones prósperas con una economía fuerte protestan por el gran número de solicitantes de asilo, pero ofrecen demasiado poco para atajar las crisis de refugiados, por ejemplo, invirtiendo en la prevención de conflictos, en los retornos, en la reintegración ". En Europa, decía, "es un auténtico problema que los europeos quieran disminuir sus obligaciones hacia los refugiados… En cualquier caso, ningún muro es lo suficientemente alto como para impedir venir a la gente".

Este debate se desarrolla actualmente en el contexto de una serie de reuniones, denominadas "consultas globales", que el ACNUR, como guardián de la Convención, mantiene con los 140 países que han aceptado el instrumento original y el consiguiente Protocolo, y con otras partes interesadas. Sus resultados aún no están claros.