Etíopes de regreso a Sudán. ACNUR/B.NEELEMAN/C.S.•ETH•2001

Los desprestigiados militares fueron a su vez expulsados en 1991. La mayoría de los refugiados regresó voluntariamente a su patria cuando un nuevo gobierno civil instituyó una reforma democrática y en 2000 el ACNUR aplicó las denominadas "cláusulas de cesación" de la Convención de Ginebra de 1951 a miles de etíopes que habían abandonado el país antes de 1991. Oficialmente, se anunció a los refugiados que ya no eran aspirantes a la protección internacional porque podían volver libremente sin temor de padecer ningún tipo de persecución.

Durante las crisis, la atención mundial suele centrarse en la "parte frontal" del problema: la huida de civiles, sus intentos de encontrar asilo y la reacción de los gobiernos. Las cláusulas de cesación, que reciben bastante menos atención, se concibieron para intentar poner orden en los "cabos sueltos" y encontrar soluciones a largo plazo en los momentos finales de las crisis.

Mientras se redactaba la Convención, el primer Alto Comisionado del ACNUR, G .J. van Heuven Goedhart, dejó claro que ambos planteamientos eran necesarios. La protección era vital, lógicamente, pero debía durar sólo lo absolutamente necesario. "El estatuto de refugiado", dijo en concreto, "no debe concederse más de un día de lo absolutamente necesario".

DOS ÁREAS

Las cláusulas de cesación nacieron en 1951. Cubren dos grandes áreas. Cuatro cláusulas abordan los grandes cambios en las circunstancias personales del refugiado, por ejemplo, si vuelve a casa voluntariamente u obtiene el pasaporte o la residencia en otro estado.

La segunda área, la cláusula de "circunstancias de cese", se aplica después de un cambio fundamental en las causas que obligaron a huir a un civil por primera vez, por ejemplo que su país de origen vuelva a tener democracia después de un período de guerra.

En esta última categoría, el ACNUR ha declarado la cesación para 15 grupos nacionales en los últimos 20 años, incluidos los etíopes que huyeron del país antes de 1991, los chilenos tras los logros democráticos en su estado y los namibios a partir de la independencia de este país sudafricano. En todo caso, sigue abierto un debate de baja intensidad sobre cuándo y cómo deben aplicarse las cláusulas de cesación, especialmente en circunstancias de huida en masa o cuando los estados otorgan la llamada "protección temporal" a los civiles huidos en vez de los derechos íntegros de la Convención.

Muchos países europeos y de otros continentes ofrecieron este tipo de asilo temporal a cientos de miles de civiles que huyeron de los Balcanes en los 90. Para garantizar y animar a que los gobiernos continúen con esta política de "puertas abiertas " en el futuro, algunos funcionarios sostienen que las cláusulas de cesación deben aplicarse con prontitud y liberalidad. Sus opositores contestan que los estados son ya de por sí reacios a ofrecer íntegramente los derechos de la Convención durante las situaciones de "protección temporal" y que podrían tomar esa "flexibilidad" como una luz verde para aplicar las cláusulas arbitrariamente contra las personas.

Existen otros debates. ¿No podrían, por ejemplo, muchos de los aproximadamente 3,5 millones de refugiados afganos, que son del mismo origen étnico que los talibanes actualmente en el poder, regresar a salvo a las partes pacificadas de ese país devastado después de pasar años en el exilio? El ACNUR ha mantenido enérgicamente que "cuando un tipo de guerra civil sustituye a otra, como en el caso de Afganistán, no se puede recurrir a la cesación".

Algunos funcionarios se estremecen ante las consecuencias de esta forma de pensar. "El sistema ha funcionado bien hasta ahora y debe usarse limitadamente", afirma un experto. "No podemos correr el riesgo de abrir una caja de Pandora y que nos salten toda clase de sorpresas desagradables".