El sistema judicial de inmigración canadiense en acción. ACNUR/V.BOYD/CAN•1989

Los refugiados pueden cambiar las leyes. Un hombre llamado Singh solicitó asilo en Canadá a principios de los años 80 alegando el temor a ser perseguido en la India. Lo entrevistó un agente de inmigración
y se envío la transcripción oficial a un jurado en otra ciudad. Los encargados de tomar la decisión jamás lo vieron; nunca le escucharon describir sus experiencias o hablar sobre su temor a ser perseguido si lo devolvían a la India. Rechazaron su demanda basándose únicamente en el acta de su entrevista y otra documentación.

La historia de Singh no acabó ahí. Recurrió la sentencia y, en 1985, el Tribunal Supremo de Canadá decretó que, para que el procedimiento fuese justo, se debía permitir al solicitante hablar directamente con el jurado de asilo; lo cual era especialmente necesario si, como en este caso, la credibilidad del solicitante se encontraba en entredicho.

En aquellos momentos (y todavía hoy en muchos países occidentales), los agentes de inmigración o justicia entrevistaban y tomaban una primera decisión sobre las peticiones de asilo. Los juicios y los tribunales administrativos se reservaban para revisar las decisiones de los funcionarios gubernamentales por medio de una apelación. Algunos de los organismos de apelación tenían autoridad para escuchar el testimonio directo del solicitante, otros se limitaban a revisar las pruebas escritas.

A partir de la decisión adoptada en el caso Singh, Canadá eligió un camino radicalmente distinto. Todos los solicitantes con posibilidades de obtener asilo tendrían ahora derecho a una vista ante un jurado de dos miembros de la Junta de Inmigración y Refugio (IRB), asegurándose así que tuviesen el máximo de oportunidades de explicar por qué temían ser perseguidos. Si los miembros del jurado no se ponían de acuerdo, la petición se decidiría en favor del solicitante.

A éste se le garantizaba, además, un amplio abanico de medidas de protección, incluido el derecho a asesoramiento y un intérprete, así como el derecho a ser escuchado, previa presentación de todas las pruebas documentales y razones escritas justificando una decisión negativa.

Por otro lado, no se designó a nadie para ejercer el papel institucional de actuar en contra de la solicitud. Un funcionario neutral de atención al refugiado ayudaría a los miembros de la junta preparando las pruebas documentales e interrogando al solicitante. Tanto éste como el funcionario tendrían acceso
a un centro de documentación con información sobre derechos humanos y países de todo el mundo. Ambos podrían también someter las pruebas a arbitraje.

BUEN FUNCIONAMIENTO

Por lo general, el sistema canadiense ha funcionado con éxito. Sin embargo, pese a todas las garantías procesales, existen ciertas cualidades inherentes a la experiencia del refugiado que siempre van a presentar un desafío para el más astuto y concienzudo de los encargados de tomar la decisión.

Además de la inexorable presión que supone el número creciente de casos que exigen una resolución rápida y eficaz, el encargado de tomar la decisión debe enfrentarse a la extraordinaria realidad de escuchar las demandas de los refugiados.

La realidad más terrible es que, a menudo, es muy difícil distinguir entre un refugiado auténtico y otro falso.

Los miembros de la junta tienen que oír historias de sufrimiento humano todos los días. De vez en cuando es el horror: violaciones, palizas, encarcelamientos, torturas, amenazas de muerte al solicitante o a su familia. A veces sobrepasa la imaginación. Recuerdo una superviviente tutsi del genocidio de Ruanda cuya casa fue invadida por una banda de hombres blandiendo machetes y a la que abandonaron creyéndola muerta. Recuperó el sentido y se encontró los cadáveres de su familia esparcidos a su alrededor.

El trabajo de los miembros es decidir la credibilidad y la verdad de cada historia, y si los temores del solicitante se ajustan a la definición de la Convención sobre Refugiados.

Es un privilegio maravilloso para los miembros de la junta, si se considera que un solicitante dice la verdad, informar a alguien que verdaderamente tiene temor a ser perseguido de que se encuentra a salvo y ha encontrado asilo.

Muchos refugiados se ganan además el respeto de los funcionarios. Lo que cuentan es algo más que una historia de opresión. Sus historias son a menudo un triunfo del espíritu humano, de la voluntad de sobrevivir, de aguantar, de mantener un sentido de dignidad personal en las circunstancias más degradantes.

Otra realidad menos placentera en este drama diario se produce cuando un miembro no cree al solicitante o descubre que su temor a ser perseguido carece de fundamento.

A veces su historia no se ajusta a la definición de refugiado, ha habido un cambio de circunstancias o el daño que dice temer no encaja en la definición de persecución. Otras veces la historia se exagera y el solicitante sólo está huyendo de la pobreza, la miseria y la opresión en general. En ocasiones se ha fabricado la historia, pero parece real porque el solicitante es el perseguidor mas que el perseguido. También puede ocurrir que la historia sea, simplemente, falsa.

REALIDADES TERRIBLES

La realidad más terrible es que, a menudo, es muy difícil distinguir entre un auténtico refugiado y otro falso. Ahí es donde está el mayor desafío. La mayoría de las solicitudes caen en un terreno intermedio donde la evidencia es ambigua y la certidumbre, esquiva. Los miembros de la junta disponen de numerosas herramientas para valorar la credibilidad: están bien preparados, tienen conocimientos e información sobre el país de origen y un centro de investigación para buscar información concreta sobre el solicitante.

Pero las dificultades siguen siendo enormes. Los solicitantes no suelen ser buenos testigos. Pueden tener un nivel muy bajo de educación, estar confusos, traumatizados, no ser capaces de expresarse, estar asustados. Sus realidades culturales y sociales pueden ser totalmente distintas a las de un miembro de la junta.

Hay preguntas que no entienden y dan la sensación de ser evasivos. Hablan a través de un intérprete, que siempre desvirtúa la inmediatez de su testimonio y en ocasiones crea una verdadera confusión. Los acontecimientos que describen ocurrieron en países lejanos en medio de disturbios civiles y a veces son imposibles de documentar.

Tanto los auténticos como los falsos solicitantes de asilo utilizan medios ilegales para venir a Canadá. Irónicamente, mientras que muchas personas carecen de los documentos adecuados, algunos solicitantes "ilegales" con dinero disponen de todos los papeles necesarios, ya que han sobornado a agentes corruptos o a contrabandistas en su país.

En resumen, los miembros de la junta ven a diario a personas que cuentan historias imperfectas de horribles abusos personales que pueden ser o no verdad y que no son fácilmente verificables por los métodos normales y objetivos. Su trabajo es escuchar detenidamente y tomar rápidamente una decisión justificada, dentro de la ley y las normas del derecho natural. Es una tarea difícil y que exige humildad pero que -y estoy seguro de que Singh estará de acuerdo- merece la pena.

*PETER SHOWLER es el Presidente de la Junta de Inmigración y Refugio de Canadá.