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Entrevista a Carlos Boggio, nuevo Representante del ACNUR en España

«La contribución de España al ACNUR debe ser proporcional a su papel en la escena internacional»

Por Rafael Coloma

El nuevo Representante del ACNUR en España, Carlos Boggio, atesora una enriquecedora combinación de experiencia en el trabajo con refugiados (casi tres décadas de sus 55 años de vida) y sensibilidad hacia los problemas de este colectivo, al que él mismo entró a formar parte en 1975, cuando obtuvo asilo político en Suecia y Francia. Diplomado en Trabajo Social, dos años antes se había trasladado a Chile para ejercer como docente universitario, aunque hubo de abandonar este país a raíz del golpe de Estado. De vuelta a Argentina, ingresó en la Comisión Católica para los Refugiados, atendiendo a los miles de chilenos huidos del régimen de Pinochet, trabajo que acabó poniendo en peligro su integridad física y le obligó a cruzar el Atlántico.

En 1981 se incorporó al ACNUR, donde ha desempeñado numerosas funciones tanto en la sede central de la organización en Ginebra como en sus oficinas sobre el terreno. Ha sido,

 

por ejemplo, responsable de los programas para América Central, México y Cuba del Bureau Regional para América Latina y el Caribe; responsable de la asistencia y repatriación de los refugiados nicaragüenses en Honduras; jefe de misión en Guatemala, culminando durante su mandato el proceso de reintegración de los refugiados procedentes de México, y miembro de la Misión de Verificación de los Acuerdos de Paz en el mismo país. Precisamente, comenta el propio Boggio, «mi designación como Representante en España puede dar continuidad a una trayectoria profesional vinculada siempre a América Latina, debido a la especial sensibilidad española hacia ese continente».

—En general, ¿cómo ve la actitud de España hacia la problemática de los refugiados?

—España es un país con tradición de asilo. Su legislación articula claramente el procedimiento para la concesión del estatuto de refugiado y el papel que corresponde al ACNUR en tal proceso. Por otro lado, las autoridades se han mostrado generosas y sensibles al problema de los refugiados, ayudando a financiar los programas de la agencia. No hay que olvidar que el Alto Comisionado se nutre mayoritariamente de las aportaciones de los gobiernos y donantes particulares. En este sentido, desearía que, en los cuatro años de mi mandato, la contribución de España se intensificara, de manera que escale posiciones entre los países donantes, pasando del puesto 19 que ocupa actualmente a uno similar al de otras naciones europeas y proporcional a su papel en el escenario internacional.

«He detectado una gran
sensibilidad de la opinión
pública española hacia el
drama de los refugiados
palestinos, la situación en Colombia y el auge de la inmigración procedente de África».

¿Y, en lo que se refiere a la sociedad civil, qué ha percibido hasta ahora?

—Recientemente tuve el honor de inaugurar la conferencia sobre refugiados de guerra organizada por la Universidad Autónoma de Barcelona y allí constaté el enorme interés de la opinión pública por los problemas de la gente obligada a huir de sus países. En particular, he detectado una gran sensibilidad hacia el drama de los refugiados palestinos, aunque el ACNUR sólo brinda asistencia a aquellos para los que la UNRWA no tiene competencia (United Nations Relief and Works Agency), y hacia la situación en Colombia, por la frecuente violación de los derechos humanos que padece y por la ruptura del diálogo entre el Gobierno y la guerrilla.

«Otro tema que está captando la atención de la sociedad civil española —continúa Boggio— es el auge de la inmigración, sobre todo de ciudadanos procedentes del África subsahariana, que llegan en pateras no sólo a Ceuta y Melilla, sino también a las islas Canarias. Para el ACNUR, éste es un motivo de gran preocupación, pues, aunque se trate de flujos migratorios, ajenos al mandato de la organización, cabe la posibilidad de que entre ellos se encuentren solicitantes de asilo genuinos. Por ello, hemos de velar para que estas personas no sean devueltas a sus países de origen o de tránsito sin que se les haya dado la posibilidad real de pedir asilo y que sus casos hayan sido estudiados adecuadamente.

Hablando de migraciones, ¿cree que España corre el riesgo de sufrir brotes de racismo y xenofobia como los que están surgiendo en otros países europeos?

—Por desgracia, muchas veces se asocian fenómenos como la delincuencia o el desempleo con la llegada de inmigrantes y solicitantes de asilo, olvidando que estos trabajadores acceden a puestos marginales en el mercado laboral que, normalmente, se niegan a aceptar los nacionales del país de acogida. En el caso específico de los refugiados, conviene recordar también que, según las estadísticas, la mayor carga la soportan los países más pobres
del planeta. África tiene seis millones, Asia ronda los ocho millones... En comparación, el número de refugiados en los países desarrollados es mucho menor. De ahí que el ACNUR haga un llamamiento a las naciones más ricas para que, por un lado, mantengan una política de tolerancia y puertas abiertas a los solicitantes de asilo, y por otro, se muestren solidarias en un doble aspecto: contribuyendo a financiar los proyectos en favor de los refugiados en los países más pobres y ayudando a que la agencia de la ONU para los Refugiados y otras organizaciones humanitarias así como las ONG, asistamos a los refugiados para que rehagan sus vidas en sus países de origen. Un ejemplo bien claro es el plan de repatriación de refugiados afganos desde Pakistán e Irán puesto en marcha a primeros de marzo, que prevé el regreso a sus hogares de algo más de un millón de personas en 2002. El ACNUR solicitó 271 millones de dólares a la comunidad internacional, y de momento ha recibido sólo 171 millones. Pues bien, si no se produce una actitud más generosa de los países donantes, es bastante probable que, para junio de este año, se agoten los recursos para esta repatriación.

—Otro proceso que se está desarrollando en Europa es el de la armonización de las políticas de asilo en el seno de la UE.

—Así es. El ACNUR aporta asistencia técnica y nuestra oficina en España sigue activamente este proceso, manteniendo un diálogo continuo con el Gobierno al respecto. Así, bajo la presidencia española de la Unión Europea, se ha adoptado la primera directiva que afecta directamente a los sistemas de asilo y versa sobre las condiciones de acogida de los solicitantes de asilo. Ha sido un paso muy significativo hacia la armonización de las políticas de asilo en Europa que ha supuesto un destacado esfuerzo de consenso, liderado por la Presidencia española. No obstante, al ACNUR le queda la preocupación de que esta nueva Directiva todavía permite márgenes muy flexibles para su aplicación concreta en cada país. Si bien el objetivo es crear estándares mínimos para una aplicación común y la misma forma jurídica de la directiva permite en sí misma un cierto margen en cuanto a la manera de aplicar la norma en cada país, al ACNUR le hubiera gustado que determinados derechos quedaran reflejados de manera más específica, como por ejemplo el derecho de los solicitantes de asilo a trabajar. Confiamos en que las discusiones de las próximas directivas, sobre todo la referente a la definición de refugiado, se basen en un consenso enmarcado en la Convención de Ginebra de 1951 y en las prácticas positivas de algunos de los estados miembros, incluyendo España, cuya legislación en este ámbito contiene numerosos aspectos positivos.

«Conviene recordar
que, según las
estadísticas, la mayor carga, en lo que a refugiados se refiere, la soportan los países más pobres del planeta. De ahí que hagamos un llamamiento a las
naciones más ricas para que mantengan una política de tolerancia y puertas abiertas».
—Precisamente, el que sí parece superado ya es el reciente debate sobre la vigencia de esta Convención...

—Sí, afortunadamente el proceso de consultas globales que, por iniciativa del ACNUR, se inició a lo largo del año pasado en todo el mundo, con la implicación de países, organizaciones no gubernamentales y académicos, tuvo uno de sus momentos álgidos en diciembre en Ginebra con una reunión de ministros de todos los estados firmantes de la Convención. Éstos reconocieron la vigencia de la Convención mediante una Declaración firmada, que recogía las conclusiones fundamentales de las diversas reuniones del Comité Ejecutivo, así como regionales y de expertos, que tuvieron lugar a lo largo del año 2001, lo que demuestra la validez plena de este eje vertebral de la protección de los refugiados. Como resultado del proceso, se adoptará este año la llamada «Agenda para la Protección», que, reflejando las anteriores conclusiones y una vez haya sido discutida a mediados de este año en el marco del Comité Ejecutivo, servirá para orientar la acción del ACNUR e inspirará los objetivos de los Estados, las ONG y otros actores en el ámbito de la protección.

También se ha debatido mucho en los últimos meses sobre la seguridad del personal humanitario, una cuestión que usted ha padecido personalmente.

—Lamentablemente, los conflictos de hoy en día son, sobre todo, conflictos en el interior de los países, no entre estados, y se caracterizan, entre otras cosas, por la falta de respeto hacia los emblemas de Naciones Unidas u organizaciones como la Cruz Roja Internacional. En mi caso, durante el proceso de repatriación de refugiados guatemaltecos, antes de la firma de los acuerdos de paz en este país, tuvimos que detener más de una vez los convoyes en los que trasladábamos a estas personas y pedirles que se pusieran a salvo debajo de los autobuses al verse atrapados en medio del fuego cruzado entre el ejército y la guerrilla.

«La Convención sobre los Refugiados
contiene salvaguardas
y es clarísima en su
rechazo a la concesión
del estatuto de refugiado a cualquier persona implicada en un acto terrorista. Y si un
solicitante de asilo ya
reconocido como tal
participa en un crimen
de esta naturaleza, la
pérdida de su estatuto
es inmediata».
—Da la impresión de que su experiencia en Guatemala le ha marcado especialmente.

—Sí; porque fueron seis años participando en una de las experiencias más gratificantes para un funcionario del ACNUR: el final de un proceso de refugio, la repatriación. Los 56 funcionarios propiciamos, en un tiempo relativamente corto, el regreso de 43.000 refugiados guatemaltecos. A cambio, una vez firmada la paz, tuvimos que asistir con horror e impotencia a dramáticos acontecimientos como el asalto de un grupo de soldados a una aldea del noreste del país, saldado con el asesinato de once personas, mujeres y niños en su mayoría, y más de 30 heridos. Los autores de la masacre fueron condenados a penas irrisorias y, tras recurrirse la sentencia, el juicio sigue sin prosperar.

«Otro hecho verdaderamente impactante —recuerda— fue la presentación de dos informes históricos: la memoria de la Iglesia Católica sobre los años del conflicto armado, que denunciaba las atrocidades cometidas, y el informe de la Comisión de Esclarecimiento Histórico creada a iniciativa del Secretario General de la ONU. Estuve en la catedral cuando monseñor Gerardi hizo entrega del primer informe eclesiástico a los líderes de la población indígena, pero 48 horas después la emoción dio   paso   de nuevo a   la frustración, frustración, cuando   el obispo fue
asesinado brutalmente. Aunque, con mucha valentía, la justicia guatemalteca condenó el año pasado a varias personas implicadas en este crimen, al día de hoy sus inductores, los que dieron la orden de cometerlo, siguen sin ser identificados.

¿Es más enriquecedor, entonces, el trabajo sobre el terreno que en una sede de la organización?

—No necesariamente, porque se trata de tareas complementarias. En la sede no se produce la interacción con el mundo asociativo, con las ONG y, sobre todo, se carece del auténtico barómetro de nuestro trabajo, que es la asistencia directa a los refugiados. Sin embargo, el hecho de haber trabajado antes sobre el terreno aporta una experiencia y una sensibilidad muy importantes a la hora de gestionar los recursos, de manera que una respuesta ágil en la sede se traduzca en una respuesta ágil en el escenario de la crisis, con funcionarios que, conociendo la realidad sobre el terreno, agilicen la administración para acortar los plazos de asistencia al máximo, y con la mente siempre puesta en la necesidad urgente del beneficiario a quien va destinada la ayuda.

—El proximo 20 de junio es el Dia Mundial del Refugiado. ¿En que va a consistir la celebracion este año?

Como el año anterior, el objetivo es recordar la magnitud del drama de los refugiados a nivel mundial. Esta vez el tema central es la situación de las mujeres refugiadas, por su problemática particular. El 51% de los 22 millones de personas bajo la protección del ACNUR son mujeres, que, en muchas ocasiones, llevan el peso de la familia y presentan necesidades específicas de protección, asistencia, inserción socioeconómica, etc., a las que hay que dar respuestas adecuadas. En España nos estamos coordinando con todas las organizaciones que trabajan con refugiados y, entre otras actividades, organizaremos conjuntamente un acto central en Madrid con la lectura de un manifiesto común sobre la situación los refugiados, haciendo mención específica a las mujeres.

Acabada la entrevista, cuando se pregunta a Carlos Boggio por algún tema que, a su juicio, no haya surgido en el transcurso de la conversación y deba resaltarse, el Representante del ACNUR en España recuerda algunas críticas vertidas recientemente sobre la Convención de 1951 por su posible amparo a responsables de actos terroristas.

«El ACNUR explica Boggio, comparte la preocupación legítima de los estados por luchar contra el terrorismo y establecer mecanismos para erradicarlo, pero alerta sobre la importancia de que estas medidas no impidan que las personas en necesidad de protección internacional tengan acceso a un lugar seguro y a los procedimientos de asilo. La Convención sobre los Refugiados contiene salvaguardas y es clarísima en su rechazo a la concesión del estatuto de refugiado a cualquier persona implicada en un acto terrorista. Y si un solicitante de asilo ya reconocido como tal participa en un crimen de esta naturaleza, la pérdida de su estatuto es inmediata».



Tres grandes retos para cuatro años de mandato

Los tres grandes retos que afronta Carlos Boggio al frente de la Delegación en España del ACNUR son, a su juicio, los siguientes:

1. Abogar para que la interpretación y aplicación de la Convención de Ginebra se realice conforme a los principios internacionales universalmente reconocidos, y que no queden solicitantes de asilo sin la protección que merecen, y que ésta protección no se rebaje. Para ello será fundamental el proceso de armonización de las políticas de asilo en Europa, que tendrá una influencia directa sobre la aplicación de la Convención en todos los estados miembros. Desde España en concreto, se dialogará con el Gobierno para que éste contribuya a dicho proceso abogando por el mantenimiento de los elementos más positivos de la práctica y legislación de asilo en el futuro sistema europeo.

2. Promover el establecimiento en España de un programa de reasentamiento, en colaboración con el ACNUR y con las ONG, acogiendo una cuota anual de refugiados, «de manera que la misma generosidad que han demostrado las autoridades en su políitica de asilo se extienda a la acogida de personas que, habiéndose refugiado en otro país, no pueden permanecer en este por motivos de seguridad u otras razones relacionadas con la protección».

3. Fomentar una contribución mas activa del Gobierno español y los gobiernos autonómicos en los programas del ACNUR en todo el mundo, «desarrollando una sólida tarea de información pública para dar a conocer a la sociedad la situación de los refugiados y, en consecuencia, desencadenando una reacción receptiva de autoridades y particulares para financiar estos programas».

 

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