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El desplazamiento forzoso en Colombia, el impacto en las mujeres

Por Leila Lima

Hay una conciencia creciente sobre la gravedad del conflicto y la crisis humanitaria en Colombia, cuya principal manifestación es el desplazamiento forzoso de personas, que sigue aumentando y es hoy la principal fuente de violaciones de derechos humanos en el país. Según fuentes oficiales, en 2001 el desplazamiento creció en un 43% en relación al año anterior. Más de 800 de los 1.100 municipios colombianos son expulsores y/o receptores de población desplazada. Las mujeres y las niñas pobres de origen rural representan uno de los grupos más afectados por este problema, al lado de indígenas y afrocolombianos. Para la población rural empobrecida, la solución más habitual es la huida a las ciudades. Se considera que entre el 30% y el 50% del total de desplazados se encuentran en las grandes urbes.

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS

La Red de Solidaridad Social (RSS), entidad coordinadora del Sistema Nacional    de    Atención    Integral   a    la    Población
Una funcionaria del ACNUR habla con una mujer desplazada en Barranca Bermeja.
DAVID SERRANO PASCUAL

 

Desplazada, estima que el número total de desplazados en Colombia se ha situado en 720.000 en los últimos cinco años. Los departamentos más afectados son los de Antioquia, Cundinamarca (Bogotá) Magdalena, Cauca Bolívar, Choco y César.

Las ONG, por su lado, registran en forma acumulada a cerca de dos millones de personas en los últimos 15 años. El documento CONPES (Consejo para la Política Económica y Social) 3.057, de noviembre de 1999, estimó que existían en Colombia 400.000 personas desplazadas forzosamente y que, desde 1996, se ha desplazado anualmente un número cercano a 25.000 familias (125.000 personas). Si a esta cifra se suma la estimación de la RSS sobre el desplazamiento, habría una cifra oficial acumulada de 525.000 y 720.000 desplazados con necesidad de atención en los años 2000 y 2001 respectivamente. Estos datos indican una tendencia creciente: el desplazamiento aumenta año tras año, empobreciendo y fragmentando el país.

Entre septiembre de 1995 y marzo de 2002, el Sistema Único de Registro de la RSS ha incluido a cerca de 524.000 personas, de las cuales 256.530 son mujeres, que representan el 49% del total de la población desplazada. El Sistema de Información sobre Población Desplazada por la Violencia en Colombia «RUT», del Secretariado Nacional de Pastoral Social, registró a más de 60.000 mujeres, de las cuales aproximadamente 25.000 son mestizas, 5.000 afrocolombianas y 700 indígenas. El 51,59% son niños y niñas. De este número, más de 16.000 son niños (52%) y 15.015 (48%) niñas.

Las principales causas del desplazamiento en 2001, según la RSS, son: amenazas generalizadas (47%), enfrentamientos armados (22%), masacres (9%), amenazas específicas (11%) y tomas de municipios (3%). Entre los presuntos autores del desplazamiento se encuentran las Auto Defensas Civiles (AUC) y/o los grupos paramilitares (entre el 46% y el 63%), los grupos guerrilleros (entre 12% y 13%), los agentes del estado (1,18%) y agentes desconocidos (entre 19% y 24%).

IMPACTO EN MUJERES Y NIÑAS

El impacto del desplazamiento en las mujeres y las niñas es muy significativo. Como señalamos anteriormente, las estimaciones sobre las desplazadas en Colombia apuntan a un porcentaje que oscila entre el 49% y el 58% del total de la población desplazada. Además, la suma de las mujeres, los niños y las niñas se acerca al 74% de la población desplazada colombiana con necesidad de atención específica, que puede llegar hasta un 80% en el caso de los asentados en centros urbanos grandes.

Más graves aún son las cifras referentes a las mujeres cabezas de familia. Los datos relativos a ellas varían entre el 34% y el 49,7%. De hecho, para muchas mujeres, el desplazamiento implica asumir la jefatura del hogar, dado el elevado número de viudas de la violencia, el desarraigo y los efectos de la fragmentación familiar. Un estudio de población desplazada en Bogotá señala que las mujeres cabeza de hogar eran en un 40% viudas que huyeron con sus hijos tras la muerte violenta de sus maridos y en un 18% habían sido abandonadas después de llegar a su destino.

«Bienvenidos al siglo XXI», reza en esta casa pintada por el Servicio Jesuita a los Refugiados en la localidad de Yondó. DAVID SERRANO PASCUAL

 

Los datos sobre niñez y desplazamiento son igualmente escasos. Según el Sistema de Información y Seguimiento al Desplazamiento —SISDES—, en 1998 el 13% de la población infantil desplazada correspondía a menores de 5 años, el 20% estaba entre 5 y 9 años, el 13% entre 10 y 14 años y el 9% entre 15 y 18 años. UNICEF estima que hay unos 6.000 menores, en su mayoría entre los 14 y los 18 años, vinculados a los grupos armados ilegales, muchos de los cuales pertenecen a familias y/o comunidades de desplazados. Evitar el reclutamiento del hijo o la hija por uno de los grupos armados es causa relativamente habitual del desplazamiento forzoso.

LOS DERECHOS DE LAS MUJERES

La Consulta con las Mujeres Desplazadas realizada por el ACNUR el año pasado, así como la importante visita de la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la Violencia Contra la Mujer, Radhika Coomaraswamy, permitieron calificar la información sobre las mujeres desplazadas. La Consulta trabajó los derechos de las mujeres desplazadas a la luz de los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos, recogiendo hondos testimonios sobre el impacto del desplazamiento en la situación de las mujeres campesinas. El informe de la Relatora reiteró que el desplazamiento presenta formas variadas de violencia contra las mujeres, como violencia sexual e instrumentalización de las mujeres en la guerra.

Si bien es cierto que las víctimas de la violación del derecho a la vida mediante ejecuciones extrajudiciales y masacres son mayoritariamente hombres, la violencia contra las mujeres y, en particular, la violencia sexual por parte de actores armados es práctica habitual en un contexto de degradación del conflicto y falta de respeto por el derecho internacional humanitario. La retención o secuestro temporal de mujeres para abusar sexualmente de ellas y la exigencia de trabajo doméstico sin contraprestación han sido también denunciadas en ocasiones.

Para muchas mujeres,
el desplazamiento
implica asumir la
jefatura del hogar,
dado el elevado número
de viudas de la
violencia, el desarraigo
y los efectos de la
fragmentación familiar.
Por otro lado, en los talleres desarrollados el año pasado por el ACNUR- Casa de la Mujer, el principal problema manifestado por las mujeres fue la escasez de recursos económicos y de subsistencia por las dificultades de inserción laboral tanto de ellas mismas como de sus parejas. Los hombres desplazados, por su parte, debido a su mayor movilidad geográfica y su mayor experiencia social y política, han enfrentado con más fuerza la crisis laboral y las rupturas con el tejido social de su entorno rural. Pero en la fase de reconstrucción de la vida familiar, las oportunidades para hombres y mujeres parecen invertirse: el impacto del desplazamiento se concentra para los hombres en su desempleo, situación que les despoja del papel de proveedor económico. Esto es incluso una de las causas más frecuentes de abandono de sus familias. En contraste, las mujeres parecen mejor preparadas para continuar las rutinas de las labores domésticas.

Otro ángulo de la violencia contra las desplazadas es la violencia intra-familiar, que se agudiza por efecto del trauma del conflicto y de las condiciones en las que viven los desplazados. Una encuesta publicada por PROFAMILIA en agosto de 2001 indica que una de cada dos entrevistadas ha sido agredida físicamente por su cónyuge y que, entre las mujeres embarazadas, el 20% fue objeto de violencia física durante el embarazo. Según la Encuesta Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, en Colombia el porcentaje de violencia intra-familiar es del 47,2%, mientras que entre los desplazados alcanza el 62%. Los actores armados también suelen amenazar y ultrajar a las mujeres por ser solidarias con sus esposos o compañeros y por defender a sus hijos del reclutamiento forzoso.

Las mujeres, en especial las del ámbito rural, tampoco acceden fácilmente ni a la documentación personal ni al registro. Las desplazadas se ven especialmente afectadas al respecto. Según algunas encuestas hechas por el ACNUR, el índice de indocumentación entre las desplazadas es muy superior al de los hombres y al de la población colombiana. Como consecuencia, tienen mayores dificultades para obtener la propiedad de la tierra, el crédito, la vivienda y los servicios de educación y salud.

PROGRAMAS «PLANOS»

Por lo general, los programas de atención humanitaria son «planos» y no contemplan las diferentes necesidades de hombres y mujeres. En el caso de las desplazadas, los servicios de salud tampoco son integrales, sino que tienden a concentrarse en su función reproductiva. La atención psicosocial es especialmente necesaria en el caso de las víctimas de abusos sexuales, torturas o tratos inhumanos o degradantes. Sin embargo, las mujeres suelen priorizar la atención de salud o la compra de medicinas para sus hijos y cónyuges.

El hacinamiento en que viven los desplazados contribuye a un altísimo índice de embarazos entre las adolescentes. Según la encuesta de PROFAMILIA, el 30% de las desplazadas de entre 13 y 19 años han estado embarazadas alguna vez. Actualmente, el promedio de hijos que concibieron las mujeres desplazadas que hoy tienen entre 40 y 49 años de edad es de 5,3 hijos (la tasa de fecundidad urbana es de 2,3 y la rural 3,8). Como resultado de ese hacinamiento, se registra también el incremento de las enfermedades de transmisión sexual.

El derecho de la población desplazada a la educación gratuita es vulnerado con frecuencia. Por lo general, las familias desplazadas no pueden solventar los costos de las matrículas, uniformes, libros y materiales. A la vez, algunos centros educativos niegan la inscripción escolar a los desplazados. Como consecuencia, sus tasas de escolarización son muy bajas. A esta situación se añade el hecho de que existen altos índices de trabajo infantil y, en el caso de las niñas, las barreras culturales, pues son ellas las responsables del cuidado de los hermanos y de la casa cuando sus padres salen a trabajar.

EL RETORNO

Organizaciones como la Red de Solidaridad ayudan a los desplazados a tramitar los papeles para su reconocimiento legal en Barranca Bermeja.
DAVID SERRANO PASCUAL

La alternativa del retorno no siempre es evidente en las condiciones del conflicto colombiano. En efecto, en el año 2001, el índice de retorno disminuyó en un 70% en relación al año anterior por la ausencia creciente de seguridad en las regiones de origen. Por lo general, los proyectos de estabilización socio-económica apoyan el regreso de comunidades a su lugar de origen (zona rural), existiendo muy pocas iniciativas en el ámbito urbano que tiendan a lograr la integración de los grupos de desplazados.

Uno de los temas más relevantes en la búsqueda de soluciones viables a los desplazados es el de la tierra. Con el ánimo de proteger los territorios de los grupos étnicos, algunas comunidades en la región de Urabá y Chocó, de origen afrocolombiano e indígena, recibieron sus títulos de propiedad colectiva. Sin embargo, en ambos casos, se ha podido comprobar que no fueron adecuadamente asegurados los derechos de acceso a la tierra de las mujeres. Una de las características específicas de estas poblaciones es que normalmente tienen una alta rotación de las parejas; si el derecho   a   la   explotación de la tierra colectiva se   registra o

asigna sólo a nombre del varón, la mujer y sus hijos quedan en una situación de absoluta precariedad con relación a la tierra cuando se produce el abandono o la separación de la pareja.

CONCLUSIONES

Las mujeres desplazadas en Colombia han demostrado una enorme capacidad de resistencia y de lucha. Sus niveles de participación en espacios de toma de decisiones son, por lo general, aún incipientes. De ahí la importancia de experiencias como las de las organizaciones de viudas desplazadas, de madres jefas de hogar, de organizaciones de base lideradas por mujeres desplazadas que, en diferentes partes del país, se vienen desarrollando. Es imperativo que las Naciones Unidas y el ACNUR apoyen de forma decisiva los procesos organizativos de las mujeres desplazadas, que, a traves estas experiencias, buscan alternativas de solución a sus cotidianos dramas. Son formas concretas de apoyar la participación política, la promoción de los derechos humanos, la institucionalidad y la gobernabilidad democrática en Colombia.

Leila Lima es ex-Representante
del ACNUR en Colombia

 

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