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“Hoy estamos aquí y MAÑANA DESAPARECEMOS”
Los indígenas y los pobres de Colombia sufren los rigores del conflicto
por William Spindler
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En las profundidades de la selva amazónica,
los laboratorios clandestinos transforman las hojas de coca en
cocaína. Poderosos sindicatos del crimen, enfrentados a
las guerrillas y a los grupos paramilitares, luchan por el control
de este lucrativo comercio con destructivas campañas militares
de quema de tierras o de asesinatos. |
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Algunos campesinos han abandonado sus aldeas y pueblos y un número cada vez mayor ha huido a las ciudades, más grandes y un poco más seguras.
Las organizaciones no gubernamentales calculan que desde 1985, al menos tres millones de personas han sido desalojadas de sus hogares (el gobierno sostiene que esta cifra es demasiado elevada), convirtiéndose en desplazados internos dentro de Colombia o en refugiados en los países vecinos. Más de 200.000 personas han sido asesinadas en el interminable ciclo de violencia generado por el ejército, las atrincheradas élites terratenientes y los grupos irregulares armados, que se disputan el territorio, el poder y la riqueza, no sólo de Putumayo, sino de muchas otras partes del país.
Duramente golpeados
En esta carnicería continua, las poblaciones indígenas de
Colombia y sus zonas más pobres han pagado un precio especialmente
alto. Los pequeños grupos étnicos no sólo se enfrentan
a la extinción y a verse desplazados, sino a la pérdida
permanente de su forma de vida y de sus culturas centenarias.
En los semiabandonados pueblos del sur de Putumayo, un líder indígena
se queja: “Desgraciadamente para nosotros, nuestras tierras tienen
un gran valor estratégico para los grupos armados. Han matado a
muchos miembros de nuestras comunidades. Intentan reclutar a nuestros
jóvenes mediante la persuasión o la fuerza. Muchas familias
han quedado desplazadas”.
El territorio de la etnia de los cofán, en la zona fronteriza con
el vecino Ecuador, se encuentra también en peligro. Pero “la
tierra es lo más importante de todo”, según un representante
cofán. “Si perdemos nuestro territorio, desaparecemos como
cultura, como comunidad. Perdemos a nuestros hijos, lo perdemos todo.
Nos empobrecemos. Nos entristecemos. Nos volvemos unos vagabundos. Hoy
estamos aquí y mañana desaparecemos”.
En el norte, muchos de los 20.000 integrantes del grupo étnico
de los sikwanis (guahibo), que viven en la zona fronteriza con Venezuela,
huyeron la primavera pasada de los combates entre paramilitares y guerrillas
de las FARC, el mayor de los grupos de izquierda colombianos.
El año pasado un tercio de los 4.500 componentes del pueblo de
los kankuamos se vio desplazado de la región de Sierra Nevada de
Santa Marta. Allí, los orígenes del universo descansan sobre
cuatro pilares, cada uno de los cuales pertenece a uno de los principales
grupos étnicos de la región, y el violento desalojo de los
kankuamos ha perturbado el delicado equilibrio cultural, según
la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC).
Los tule (kuna), los bari, los embera y otros grupos de las regiones de
Sierra Nevada, Naya y Chocó han sufrido también las presiones.
Respuesta
Los grupos locales, asistidos por el ACNUR, han empezado a responder.
La agencia para refugiados ayuda a la Organización Zonal Indígena
del Putumayo (OZIP), que a su vez proporciona ayuda práctica, asesoramiento
legal y formación a individuos y autoridades locales (cabildos)
y estudia las propias culturas indígenas.
Los implicados en esta ayuda recogieron sus frutos cuando OZIP consiguió
negociar un acuerdo con el Gobierno para compensar a las comunidades locales
por abandonar voluntariamente el cultivo de 6.000 hectáreas de
coca.
Los médicos indígenas, conocidos por mambear la coca, utilizan
esta misma hoja de manera benéfica, tratando a las víctimas
traumatizadas del conflicto con métodos consagrados por la tradición.
Los guías espirituales o taitas emplean también una enredadera
llamada yagé, que para el pueblo cofán es “un elemento
espiritual en nuestras vidas, cuyo uso ceremonial nos permite ofrecer
un modelo de vida a nuestra futuras generaciones”.
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Los documentos
de identidad son tan importantes como las medicinas y el alimento
en un país donde la ausencia de una adecuada documentación
puede resultar mortal a manos de los grupos armados o impedir que
la gente reciba la ayuda que necesita. |
Pero los tiempos han cambiado. Hoy, “sin
una cédula, simplemente no existes”, señala otro jefe
indígena. “Necesitamos documentos para estar a salvo, para
adaptarnos a las necesidades de la sociedad, para recibir cuidados sanitarios
básicos y educación del Gobierno. Sin documentos ni siquiera
podemos inscribir a nuestros muertos en el registro”.
Para mejorar esta situación, las poblaciones indígenas han
sido incluidas entre los destinatarios de los 140.000 carnets de identidad
distribuidos hasta el momento a desplazados internos y otros grupos de
civiles considerados especialmente en peligro, en el proyecto que llevan
a cabo la Oficina Nacional de Registro y el ACNUR.
Masacre
Junto con los grupos indígenas, se han visto especialmente amenazadas
otras zonas menos desarrolladas del país.
Chocó, una franja de selva tropical encajada entre las montañas
de los Andes y el Océano Pacífico al noroeste del país,
es la más pobre de todas.
La capital regional, Quibdó, ofrece amparo a más personas
desplazadas per capita -decenas de miles- que cualquier otra población
de Colombia.
Junto a las orillas de los cercanos ríos Atrato, San Juan y Baudó,
hay cientos de miles de civiles, especialmente afrocolombianos e indígenas,
atrapados en la maraña de la guerra. Las bandas armadas que controlan
los cursos de estos ríos no les permiten pescar, cazar o recoger
leña.
Los pistoleros interceptan e incautan los alimentos, las medicinas, el
combustible y otros suministros vitales.
Viajar es incluso peligroso. Al menos 600 personas han sido asesinadas
en los últimos años, según la principal asociación
afrocolombiana, ACIA.
Los habitantes de San Martín huyeron cuatro veces de los combates, pero, cuando en abril una unidad de la marina se enfrentó a los guerrilleros, se dispersaron por última vez. Aseguran que nunca más volverán a San Martín.
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La ciudad de Bojayá
apenas empieza a recuperarse de la peor tragedia ocurrida en la
sangrienta guerra de este país. |
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Los maestros de la escuela urbana
La Gloria, situada en un distrito de clase obrera de Quibdó, han
recibido formación para responder a las necesidades específicas
de los niños desplazados que forman parte de los 1.200 estudiantes.
Se están reforzando las asociaciones escolares y de padres y construyendo
nuevas aulas.
En otra parte de la ciudad, un centro cultural para jóvenes desplazados
financiado por la agencia para refugiados promueve bailes, música,
teatro y literatura, y está siendo edificado por los propios jóvenes.
“No invertimos en infraestructura, sino en las propias comunidades”,
dice Jovanny Salazar, oficial sobre el terreno del ACNUR. “Queremos
que los propios jóvenes se construyan sus centros, que aprendan
conocimientos prácticos y organizativos y se ofrezcan alternativas
a sí mismos”.
Un proyecto pesquero cerca de Bojayá ayudará a 850 familias.
Se están reconstruyendo algunas de las casas destruidas en la ciudad
de Napipí. Al igual que los grupos indígenas del país,
otros desplazados de la región del Chocó están recibiendo
documentos de identidad.
Una lancha a motor de la ONU surca el río Atrato con regularidad,
proporcionando tranquilidad y un contacto con el mundo exterior a las
comunidades aisladas.
Pero a pesar de la ayuda, mientras el conflicto continúa, los hostigados
pueblos indígenas de Colombia lloran la destrucción del
país entero. Un líder regional de Naya se lamenta: “Colombia
es el país con mayor biodiversidad del mundo y el 75 por ciento
se encuentra en los territorios de los pueblos indígenas. Cuando
nos atacan, están atacando a toda la humanidad”. 
