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Nueve millones de fantasmas

Sin amigos, sin un lugar donde vivir, sin identidad oficial. No es fácil ser un apátrida

Cuando millares de civiles huyeron de la sangrienta guerra civil en el estado centroasiático de Tayikistán hasta la vecina Kirguizistán a principios de los años 90, muchos no sabían que se estaban encaminando hacia un doble problema.

De un golpe, algunas de estas personas no sólo se convertirían en refugiados, sino que debido a una cruel coincidencia, estaban también por convertirse en apátridas, gente que no tiene un país al que oficialmente pueda llamar patria, civiles a los que ningún estado reconoce como ciudadanos. Ambos países habían alcanzado recientemente su independencia a raíz del colapso de la antigua Unión Soviética en 1991. A medida que luchaban por edificar un estado viable y plenamente soberano, Kirguizistán aprobó una ley sobre ciudadanía poco después de su independencia, mientras que Tayikistán aprobó la suya en 1994. Los ciudadanos recibían la nacionalidad en su país respectivo sólo si tenían la residencia permanente el día en que cada ley entró en vigor. Los civiles que huyeron de las luchas en Tayikistán entre estas dos fechas se precipitaron a una pesadilla legal. Aunque el origen étnico de muchos de ellos era kirguiz, habían llegado demasiado tarde a Kirguizistán como para reclamar la nacionalidad. Cuando Tayikistán introdujo su propia ley de ciudadanía un poco más tarde, en un momento en que muchos civiles se encontraban aún alejados del país en calidad de refugiados, tampoco pudieron solicitar la nacionalidad tayika. Bienvenidos al bizantino y a menudo oscuro inframundo del apátrida, donde la gente no sólo no tiene un país que pueda considerar suyo o el derecho a un pasaporte, sino tampoco el mínimo acceso a derechos básicos normales como la educación, la salud, la libertad política o incluso la posibilidad, al carecer de documentación, de enterrar oficialmente a sus allegados fallecidos. “No son personas, son fantasmas políticos, sin un hogar, país o identidad legal”, comenta un experto en apatridia.

Un refugiado de Tayikistán recibe un nuevo pasaporte para su familia en Kirguizistán. FOTO: ACNUR/J.LYNCH/DP/RUS•2002

La situación de los 10,4 millones de refugiados del mundo es bien conocida y aunque el problema de los desplazados sigue siendo materia de gran controversia, hay un extenso cuerpo de leyes internacionales, regionales y nacionales que tratan de atajar este problema de proporciones globales. Cada vez se presta más atención a la situación de un grupo afín de desarraigados, las aproximadamente 20-25 millones de personas desplazadas en el interior de sus propios países.

Grandes cantidades

Pero a pesar de que el número de apátridas a nivel global es también enorme -las conjeturas más ajustadas estiman que puede haber hasta nueve millones de personas abandonadas a su suerte por el sistema político global de naciones-estado -, este problema recibe mucha menos atención y es incomprendida en general.

Existen instrumentos legales internacionales que se ocupan de los apátridas. La Declaración Universal de los Derechos Humanos subraya que “Todos tienen derecho a poseer una nacionalidad”. Pero aunque 145 países han firmado la Convención sobre los Refugiados de 1951 y/o su Protocolo de 1967, sólo 55 naciones han firmado la Convención de 1954 relativa al Estatuto de Apátrida y menos incluso, 27, la Convención de 1961 para la Reducción de la Apatridia.

Dado que las disputas sobre ciudadanía desencadenan en ocasiones desplazamientos y éxodos de refugiados, y que algunos de los problemas de refugiados-apátridas se superponen, en 1974 la Asamblea General de la ONU se dirigió al ACNUR, como lógico interlocutor ante la ausencia de organizaciones dedicadas a este grupo, y pidió a la agencia que suministrara una pequeña ayuda legal a los apátridas. Hace siete años asignó el mandato al ACNUR de ampliar su papel en la contención y eliminación del problema de los apátridas a nivel global.

Después de instruir a más de 1.400 de sus trabajadores en materia de apatridia, la organización ayudó a formar una red global de abogados, jueces y responsables gubernamentales y no gubernamentales. El ACNUR participó directamente, junto con más de 60 gobiernos, en la redacción o corrección de sus leyes de ciudadanía y con organizaciones regionales como la Unión Africana con objeto de promover resoluciones destinadas a los apátridas.

A principios de este año, solicitó a un total de 192 países que intentaran por primera vez desarrollar una visión global sobre los apátridas: los problemas a los que se enfrentan los países, las leyes y proyectos que ya han aprobado y la ayuda que pudieran necesitar del ACNUR. Los resultados se conocerán a finales de año.

Desde sus primeros trabajos en Europa oriental y central, ayudando a grupos como los descendientes de los 250.000 tártaros de Crimea deportados por Stalin en 1944, la agencia ha extendido sus actividades a otras partes del mundo que necesitan ayuda.

En el techo del mundo, unas 80.000 personas de origen nepalí huyeron de la vecina Bután hace más de una década (desde entonces el número se ha elevado a 112.000). El gobierno butanés asegura que sólo un ínfimo número de este grupo de personas son ciudadanos butaneses y que eventualmente se les permitirá repatriarse, con lo que la gran mayoría se precipitará al limbo legal de la apatridia a menos que se alcance un compromiso.

Al otro lado del planeta, en el hemisferio occidental, entre 250.000 y 500.000 personas de origen haitiano que viven en la República Dominicana se encuentran en una situación parecida. A los hijos de estos haitianos o de matrimonios mixtos entre haitianos y dominicanos se les suele negar su inscripción en el registro de natalidad, lo cual les priva de cualquier reconocimiento oficial. Cada cierto tiempo, reúnen a un grupo de niños y los expulsan sin contemplaciones al otro lado de la frontera, en Haití.

Durante la última guerra entre Etiopía y Eritrea, en el Cuerno de África, el Gobierno arrestó a casi 100.000 personas de orígen eritreo en Addis Abeba y los expulsó a Eritrea.

Existen pocos recursos financieros y humanos para ayudar a estos grupos y a los demás apátridas. El ACNUR, por ejemplo, sólo tiene un experto sobre apatridia a jornada completa. Si los gobiernos no se muestran benévolos, millones de personas podrían convertirse en parias permanentes.

En Kirguizistán se han decidido a echar una mano. El país ha modificado su ley de ciudadanía y ha ofrecido a muchos de los refugiados-apátridas legales que huyeron de Tayikistán una nueva nacionalidad y un nuevo comienzo. Al menos se ha erradicado un pequeño foco de sufrimiento.