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ACNUR insta a los Estados a evitar la detención de los solicitantes de asilo
miércoles 11. mayo 2011 19:00 Antiguedad: 1 year
GINEBRA, 11 de mayo (ACNUR)- Imagina huir de la persecución en tu país, sobrevivir a un viaje difícil, llegar a un nuevo país a buscar asilo, para después ser arrojado en la cárcel. Suena como la peor pesadilla para un refugiado. Desafortunadamente esto es lo que sucede diariamente en muchos países en todo el mundo.
Mientras que muchos gobiernos están deteniendo cada vez más a los solicitantes de asilo, también hay una creciente conciencia de que esta práctica tiene un drástico impacto humano. El miércoles y jueves, funcionarios de organizaciones no gubernamentales, organismos de derechos humanos e investigadores de todos los continentes, se unieron para buscar alternativas a la detención de solicitantes de asilo, refugiados, migrantes y personas apátridas.
Una mesa redonda de expertos en Ginebra ha dado inicio a una serie de debates regionales organizados por la agencia de la ONU para los refugiados y la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ACNUDH), con el apoyo de la Coalición Internacional contra la Detención.
“La detención por lo general es un instrumento extremadamente impreciso contra la inmigración irregular. No existe evidencia empírica de que la amenaza de ser detenido evite la migración irregular o desincentive a las personas a pedir asilo”, dijo Erika Feller, Alta Comisionada Asistente para la Protección del ACNUR. “Las amenazas a la vida o la libertad en el país de origen sin duda son factores que empujan a un refugiado mucho más que cualquier desincentivo creado por las políticas de detención en los países de destino”.
La detención de los inmigrantes – a diferencia de la detención por razones penales o de seguridad - se refiere a la detención de refugiados, solicitantes de asilo, migrantes y apátridas en el momento de su entrada en un territorio o mientras esperan ser repatriados. Ejemplos típicos son las cárceles o los centros de recepción o detención cerrados, establecidos con este fin.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos indica que cada individuo tiene el derecho a la libertad y la protección contra la detención arbitraria. El Artículo 31 de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, establece que los Estados no deben imponer sanciones o restricciones de circulación innecesarias a los refugiados que se encuentran en su territorio ilegalmente.
“No es un crimen pedir asilo. Por lo tanto, la detención debe ser el último recurso y su necesidad y proporcionalidad debe determinarse individualmente”, dijo Alice Edwards, coordinadora jurídica de ACNUR. “El fracaso de muchos gobiernos en proporcionar o sistematizar alternativas a la detención puede poner sus políticas y prácticas en materia de detención en conflicto directo con el derecho internacional”.
Además de las implicaciones legales y de derechos humanos, la detención también conlleva costos de salud, sociales y financieros. El encarcelamiento, especialmente cuando es prolongado, puede causar severos problemas sicológicos y físicos e incluso puede llevar a la auto-lesión o al suicidio.
También puede dificultar el proceso de integración en su nuevo país para aquellos solicitantes de asilo que al final son reconocidos como refugiados y aumentar la resistencia hacia la repatriación voluntaria entre aquellos que no pueden quedarse. Algunos Estados se han visto obligados a pagar millones de dólares en compensación por sus prácticas de detención ilegal.
Los delegados en la reunión de Ginebra compartieron las buenas prácticas ejecutadas en todo el mundo sobre las alternativas a la detención y consejos prácticos en materia de selección, evaluación, gestión de casos individuales y grupos de personas, disposiciones legales, asistencia para el retorno y documentación. “La alternativa mejor en absoluto es la libertad – ninguna detención desde el principio o la liberación sin condiciones”, dijo Edwards, señalando que Filipinas libera a los solicitantes de asilo sin condiciones y les proporciona certificados que acreditan su condición.
Otras alternativas a la detención incluyen la liberación bajo condiciones, tales como el presentarse personalmente para la renovación de los documentos de identidad, o presentarse a la policía o a las autoridades de inmigración en intervalos regulares.
Algunos gobiernos eligen la liberación bajo fianza. En Canadá, en el marco del Programa de Libertad bajo Fianza de Toronto, una ONG financiada por el Estado se hace cargo de la liberación de las personas, a las cuales ofrece una gama completa de servicios, que incluyen la orientación en el sistema de asilo y servicios sociales de Canadá.
Los participantes son avisados que si no se presentan a las citas se emitirá una orden de arresto a nivel nacional en su contra. Este programa ha logrado un éxito considerable, con menos del 4 por ciento de prófugos. También evita los altos costos de la detención y permite que el gobierno ahorre aproximadamente 167 dólares canadienses (USD173) por persona por día.
Otra opción consiste en la liberación bajo supervisión o gestión de casos por parte de estructuras comunitarias (aunque a veces también por el Estado). Bélgica, por ejemplo, administra casas de acogida para familias de solicitantes de asilo que llegan con menores de edad, así como familias que esperan la repatriación. Allí se encuentran tutores para asesorar y preparar a las familias ante todas las situaciones posibles, desde la estancia legal a la repatriación. El ACNUR estima que alrededor del 30 por ciento de todos los detenidos en Bélgica en 2009 eran solicitantes de asilo. Hong Kong también cuenta con un programa similar.
“La ejecución de alternativas a la detención puede contribuir a hacer funcionar las políticas migratorias de manera más eficaz”, dijo Edwards, observado que menos del 10 por ciento de los solicitantes de asilo y personas en espera de repatriación se fugan si son liberados con la supervisión y estructuras adecuadas. “Más estrechamente los Estados colaborarán con las ONG y la comunidad para ejecutar estas alternativas, mayor será el beneficio para todos”.
ACNUR
