Colombia: Continúa peligro de extinción para algunos pueblos indígenas

viernes 06. agosto 2010 16:00 Antiguedad: 2 yrs

BOGOTÁ, Colombia, 6 de agosto de 2010 (ACNUR) - Dos desplazamientos, uno de indígenas Sicuani en la Orinoquía, y otro de los Wounaan desde el río San Juan hasta el puerto de Buenaventura en el Pacífico, están entre los últimos ejemplos de la difícil situación que, a pesar de nuevos esfuerzos del Estado por protegerlos, viven estos pueblos en varias partes de Colombia, a pocas horas de celebrarse, este lunes 9 de agosto, el Día Mundial de los Pueblos Indígenas.

Tras la alerta que realizó el Relator Especial de Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales de los Indígenas, Rodolfo Stavenhagen, en 2004 sobre el peligro de extinción de 12 pueblos indígenas, la preocupación por ese riesgo ha crecido y, en 2009, la Corte Constitucional colombiana solicitó al Gobierno diseñar y poner en práctica planes para la protección especial (salvaguarda) de 34 pueblos indígenas, en concertación con los mismos pueblos.

Desde entonces el Gobierno redobló sus esfuerzos buscando concertaciones con los pueblos para estos planes y para otros de “protección de derechos fundamentales”, además de invitar al País al Foro Permanente de las Naciones Unidas para Asuntos Indígenas.

Algunos planes de salvaguarda ya están finalizados, y otros en proceso. Ahora se requiere la ejecución. Tanto los Wounaan como los Sicuani afectados por desplazamientos esta semana están incluidos en la orden de la Corte.

Una líder Wounaan de la Asociación de Cabildos Indígenas del Valle del Cauca destacó que “para nosotros el plan de salvaguarda es muy importante porque la situación en nuestras comunidades está empeorando. Antes no se sembraba coca, ahora hay plantaciones por todas partes, y con ellas la presencia de los grupos, y la violencia, están creciendo. Cada vez nos podemos mover menos incluso para cazar o recolectar comida.”

Mientras en algunas zonas de Colombia la intensidad de la violencia disminuye, en otras aumenta, y los pueblos indígenas que viven allí sufren las consecuencias. Los homicidios y amenazas a líderes no son poco frecuentes, y están aumentando la penetración de las comunidades para realizar control social  y el empleo de minas antipersona por algunos grupos armados. Los homicidios reportados de indígenas crecieron 63 por ciento entre 2008 y 2009, y sólo los Awá perdieron 33 vidas en 3 masacres el año anterior.

Pueblos como los Wounaan y los Embera en el Chocó, los Awá y los Eperara-Siapidara en la Costa Pacífica de Nariño, o los Jiw, Nukak y Sicuani en la zona de los ríos Guaviare y Guayabero requieren especial atención. También hay creciente preocupación por el reclutamiento forzado de jóvenes indígenas, y por la violencia sexual cometida por grupos armados en zonas como el Guaviare y el Chocó. (En algunas zonas se sospecha que suicidios de jóvenes indígenas pueden estar relacionados con reclutamiento forzado y/o violencia sexual.

ACNUR y otras agencias de la ONU acompañan a las comunidades en varias de estas zonas, y entre 2008 y 2010 ACNUR ha puesto en marcha 11 proyectos prácticos de protección (suministro de agua potable, mejores en escuelas, albergues) dentro de su estrategia de prevención del desplazamiento.

El peligro de desaparecer física o culturalmente se mantiene, y en algunos casos aumenta, tanto  para los 34 pueblos que la Corte pidió proteger de manera especial como para otros no incluidos en esa lista, como los Jitnu en Arauca –en la frontera centro-oriental con Venezuela- o los 43 Pisamira que ACNUR encontró hace un año en los ríos del departamento de Vaupés, al sur oriente del país.

Pueblos nómadas o seminómadas como los Nukak, los Sicuani, los Jiw o los Jitnu sufren procesos de sedentarización e incluso confinamiento forzado por los grupos armados ilegales que ponen en peligro la misma capacidad de estas comunidades para acceder a los alimentos, a sus ciclos productivos (caza y pesca) y rituales, y  sus formas de organización social y parentesco.

El desplazamiento indígena hacia los centros urbanos es otro fenómeno que causa creciente preocupación, pues allí los retos para la preservación de la identidad cultural y las formas de organización social son aún más acentuados.

Como lo expresa Simón, un indígena Inga de 40 años procedente de las montañas del sur de Colombia, que vive ahora en Villavicencio, corazón de los llanos del oriente del país, “los niños que nacieron en Villavicencio ya no hablan inga, o si hablan les da vergüenza. Y esto no es culpa de los jóvenes: si nosotros pudiéramos hacer reuniones, si ellos pudieran participar continuamente a los encuentros  de nosotros los  ingas, sería más fácil sentirse parte de una comunidad y orgullosos de serlo.”

Nuevos elementos requieren atención a la hora de proteger los derechos indígenas. En ocasiones, los proyectos de desarrollo en sus territorios son fuente de conflicto, y también requieren atención especial cuando son propuestos para desarrollarse en zonas de alta violencia donde los grupos armados ilegales pueden intentar beneficiarse de ellos. La consulta previa sobre decisiones que tienen que ver con el desarrollo económico y social en sus territorios es el instrumento que permite a los pueblos indígenas ejercer su derecho a la participación en decisiones nacionales o locales sobre esos temas, además de ser la base para desarrollar respuestas a las necesidades específicas de los miembros de las comunidades, y de las mujeres y hombres de diferente edades. Por eso ACNUR acompaña también procesos de consulta previa con varios pueblos en diferentes lugares del país.

Para Terry Morel, Representante de ACNUR en Colombia, “hay muchos temas en los que avanzar para mejorar las condiciones de los pueblos indígenas en Colombia, pero el primero es proteger su propia existencia. Para ACNUR, que da énfasis a la prevención de las causas que generan desplazamientos, acompañar la aplicación de los planes de salvaguarda y los procesos de consulta previa es fundamental. Por eso mismo establecemos oficinas en los lugares más alejados del país, donde estamos más cerca de estas comunidades tan expuestas a la violencia”.

Gustavo Valdivieso en Bogotá, Colombia

ACNUR

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