Día de los Pueblos Indígenas: Retos para la protección de su vida e identidad

lunes 09. agosto 2010 20:00 Antiguedad: 4 yrs

Comunicado de prensa emitido por la Oficina en Colombia de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH).

En el Día Internacional de Pueblos Indígenas el Sistema de Naciones Unidas en Colombia invita al nuevo Gobierno a continuar trabajando por el respeto y la implementación de los derechos de los pueblos indígenas, reconocidos especialmente por el Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

La ONU saluda la intención del nuevo Gobierno de luchar contra la pobreza y crear empleos con la meta de alcanzar la prosperidad para todos. Los cinco departamentos con el porcentaje más alto de población viviendo por debajo de la línea de pobreza o en situación de extrema pobreza (Bolívar, Cauca, Chocó, Córdoba y Nariño) coinciden con los que tienen una gran concentración de población indígena o afrocolombiana. Los pueblos indígenas deben ser incluidos con atención diferencial en los esfuerzos de luchar contra la pobreza y promover el desarrollo económico y social del país.

Cualquier planeación nacional de programas o proyectos de desarrollo económico y social debe respetar el derecho de los pueblos indígenas a decidir sus propias prioridades respecto a procesos de desarrollo que afecten a sus comunidades o territorios (art. 7 Convenio 169 OIT) y tener en cuenta sus planes de vida y aspiraciones al respecto.

La consulta previa para obtener el consentimiento previo, libre e informado de los pueblos indígenas y comunidades afrocolombianas es el instrumento que permite a los pueblos indígenas ejercer su derecho a la participación en las decisiones tanto de orden nacional como de orden local sobre estas cuestiones de desarrollo. La consulta estimula el diálogo intercultural y ayuda a prevenir conflictos sociales relacionados con el desarrollo. Las Naciones Unidas invitan a fortalecer el proceso legislativo iniciado por el anterior Ministerio del Interior y de Justicia y reitera las recomendaciones del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos y libertades fundamentales de los pueblos indígenas, James Anaya, y del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, de adoptar una ley, a través de la participación de los pueblos indígenas y afrocolombianos, que establezca claramente el derecho al consentimiento libre, previo e informado, de conformidad con el Convenio Nº 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, así como con las decisiones pertinentes de la Corte Constitucional. En vista de la perspectiva de crecimiento del sector de minería, el desarrollo efectivo de consultas para obtener el consentimiento previo, libre e informado de los pueblos indígenas y comunidades afrocolombianas que reciben los impactos de proyectos mineros, es de especial importancia.

Frente a la situación humanitaria y de derechos humanos

Los pueblos indígenas siguen siendo gravemente afectados por el conflicto armado interno y los homicidios de líderes indígenas por parte los grupos armados ilegales preocupan al Sistema de las Naciones Unidas. Para 2009 se reportó un aumentó del 63% en los homicidios con respecto a 2008, y llama la atención el repunte de nuevas masacres contra estas comunidades. Del mismo modo, la afectación de niños, niñas y adolescentes indígenas en 2009 aumentó. En 3 masacres que dejaron como resultado 51 víctimas indígenas Awá, 11 de ellos (22%), eran menores de 18 años. Así mismo, las amenazas y los señalamientos a líderes y representantes indígenas son frecuentes y algunas detenciones arbitrarias han sido realizadas sobre la base de falsas acusaciones.

Frente al desplazamiento indígena hay un incremento en los últimos seis años con respecto al resto de la población nacional entre 2006 y 2009. De acuerdo con las cifras oficiales, entre 2004 y 2009 se desplazaron 55.513 personas pertenecientes a pueblos indígenas, y el 70% de estos desplazamientos internos ha sido causado por la violencia. Se resaltan situaciones críticas en los departamentos de Guaviare, Caquetá, Arauca, Norte de Santander, Magdalena, Meta, Guainía, Vaupés y Putumayo.

En el 2009 de los casos reportados de restricciones a la movilidad se estima que alrededor de 40% hayan ocurrido en áreas de presencia de población indígena (Awá, Embera, Embera-Katío, Wounan, Nasa, Kankuamo, Yukpa, Sinú y Embera Chamí).

Entre las principales causas que generan aislamiento en las comunidades indígenas están la siembra de minas antipersonal por parte de actores armados ilegales y el desarrollo de confrontaciones armadas en sus territorios, así como el impedimento arbitrario al libre tránsito de personas y bienes por los actores armados. En este sentido, los controles de movilidad para acceder a cultivos de pancoger, para el autoconsumo e intercambio, logra la privación de alimentos en ocasiones hasta de 15 días, lo que pone en peligro la seguridad alimentaria y el estado nutricional de la población indígena, en especial de niños menores, madres gestantes y lactantes.

De otra parte, el Sistema de las Naciones Unidas, quiere recalcar las modalidades y los patrones de ocurrencia de la violencia sexual que forman parte de la guerra y de la acción militar, utilizada por miembros de grupos armados ilegales, y en ocasiones por miembros de la fuerza pública. En muchas ocasiones, esta violencia sexual es causa y consecuencia del desplazamiento forzado y tiene un componente de discriminación y racismo en el marco del conflicto. La ausencia de estadísticas y datos diferenciados, por razones de género y etnia hacen aún más invisible la problemática.

Frente a esta situación de desprotección, la respuesta de la administración de justicia y de la jurisdicción indígena son dos grandes retos.

El Sistema de las Naciones Unidas propone que el gobierno electo adopte medidas cautelares especiales para proteger la integridad y el derecho a la vida de los líderes indígenas que participen en consultas sobre proyectos económicos y defiendan el territorio indígena en los casos de procesos de consulta con comunidades en municipios para los cuales el Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la Defensoría del Pueblo ha identificado un riesgo de violencia elevado. En 2008 el SAT registró casos de amenazas, asesinatos selectivos, extorsión, reclutamiento forzado y violencia sexual contra miembros de 51 pueblos indígenas en 14 departamentos del país, donde entre los mayores factores de vulnerabilidad de los pueblos indígenas se distinguieron el desplazamiento, el reclutamiento forzado y las amenazas contra miembros de comunidades indígenas. Es preciso destacar que 14 de los 51 pueblos indígenas mencionados en los informes de riesgo del Sistema de Alertas Tempranas fueron priorizados por la Corte Constitucional en el Auto 004, y que 15 de ellos están en riesgo de extinción.

Respecto a los planes de salvaguarda étnica ordenados por la Corte Constitucional en su Auto 004 para 34 pueblos indígenas identificados como en riesgo grave de ser exterminados cultural o físicamente, preocupa al Sistema de las Naciones Unidas que aunque el Gobierno ya entró en contacto con varios pueblos e hizo un esfuerzo de concertación con algunos de ellos, hasta la fecha no se ha finalizado ni implementado ninguno de estos planes.  El nuevo Gobierno necesitará dar un impulso importante para cumplir con la orden de la Corte Constitucional y asegurar que los pueblos en cuestión reciban protección oportuna y de manera concertada. Más allá de los pueblos que nombró la Corte Constitucional, la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) identifica numerosos otros pueblos indígenas que presentan una situación de riesgo de extinción y que necesitan atención y protección urgente.

El Sistema de las Naciones Unidas en Colombia valora positivamente la intención del gobierno del presidente Juan Manuel Santos de presentar al Congreso la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial como mecanismo para reordenamiento territorial del país, incluyendo la reglamentación de la autonomía indígena, sus formas de gobierno y justicia, así como las transferencias directas a sus territorios. La ONU sugiere que la elaboración del proyecto de ley se realice de manera conjunta con las comunidades en cuanto ello representaría un importante avance en la protección de los derechos de los pueblos indígenas en cumplimiento con la Constitución Política.

OACNUDH Colombia


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