Ley pretende acabar con despojo de tierras en Colombia

miércoles 08. septiembre 2010 15:00 Antiguedad: 1 year

Por Michaela Cancela-Kieffer

BOGOTÁ, 8 Set 2010 (AFP) - El gobierno colombiano lanzó un ambicioso plan de restitución de tierras a campesinos desplazados por la violencia y despojados de sus terruños, con riesgo de enfrentarse con los grupos armados ilegales, especialmente de ex paramilitares, que robaron millones de hectáreas.

Si el presidente Juan Manuel Santos lo logra "pasará a la historia", escribe la revista Semana, resumiendo en una frase el tamaño del proyecto de ley sobre restitución de tierras presentado al Congreso el martes.

Y es que en Colombia, los analistas del conflicto armado concuerdan en que el reparto desigual de la propiedad agraria es la raíz de la violencia.

"Ha habido dos grandes olas de concentración y acaparamiento: la violencia de los años 1950 y luego, a partir de los años 1990 hasta principios de este siglo, con la expansión paramilitar", explicó León Valencia, ex guerrillero del Ejercito de Liberación Nacional (ELN) y especialista en el conflicto.

Tras la primera ola, surgieron las guerrillas. El tema agrario "era el discurso principal de Manuel Marulanda Vélez cuando fundó (en 1964) la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), explicó Valencia a la AFP.

Luego, llegó la "segunda ola", en los años noventa, cuando las milicias de extrema derecha, creadas para defender a los terratenientes de las guerrillas, también tomaron el control de millones de hectáreas.

Legiones de campesinos tuvieron que huir. Y así las cosas, las guerrillas engrosaron sus filas con las personas desalojadas y sin ocupación.

Se estima que entre 3,2 y 4,2 millones de personas han sido desplazadas por el conflicto en Colombia, segundo país del mundo con mayor número de desplazados después de Sudán y uno de los más desiguales de América Latina, donde 64% de la población rural vive en la pobreza.

A estos desplazados se les robó entre 1,2 y 5,5 millones de hectáreas en unos 15 años. El gobierno de Santos promete devolver a los campesinos despojados "500.000 hectáreas cada año como mínimo", hasta 2014 cuando termina su mandato.

Un gran desafío si se tiene en cuenta que en todo el gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010) sólo se restituyeron 60.000 hectáreas.

"Desde el punto de vista ético, jurídico e histórico, es una responsabilidad del Estado colombiano", explicó en un encuentro con periodistas extranjeros el ministro de la Agricultura Juan Camilo Restrepo, no sin admitir que para ello enfrentará un "inventario interminable de dificultades".

El propio Ministerio de Agricultura se encargará de la investigación, para luego entregar una "certificación" a los verdaderos dueños, que podrán reclamar su predio ante tribunales agrarios creados especialmente.

Además, "la carga de la prueba será invertida", es decir que le corresponderá al propietario reciente probar que es el legítimo dueño.

Sin embargo, no falta escepticismo ante el proyecto, porque, como subraya Valencia, "hacer una reforma agraria en medio de un conflicto" es difícil.

Desde 2003 se han desmovilizado más de 50.000 miembros de grupos armados, pero aún siguen activos unos 10.000 ex integrantes de esos grupos -en su mayoría ex paramilitares-, según la Corporación Nuevo Arco Iris, que dirige Valencia.

Por eso, la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), considera que en este proceso "es prioritario asegurar la vida y la integridad física de las personas desplazadas".

"Entre 2007 y marzo de 2010 han sido asesinados 1.499 desplazados", dijo a AFP la portavoz de esta organización en Colombia, Francesca Fontanini. Y según datos de Naciones Unidas, habría "al menos doce líderes víctimas de homicidio por haber reclamado la restitución de sus tierras".

Ante este reto, el gobierno promete recurrir a la fuerza pública para garantizar la protección de los propietarios legítimos.

Por ello, las tierras se restituirán de manera "secuencial". "No se puede manejar el problema en todo el país de manera simultánea", dijo Alejandro Reyes, asesor del gobierno en este proyecto.

Pero antes, el Congreso, de mayoría oficialista, deberá aprobar la ley. "El 30% de los senadores tiene nexos con los paramilitares", aseguró el legislador Jorge Robledo, del izquierdista Polo Democrático Alternativo, quien en consecuencia se preguntó: "¿cómo la van a aprobar?".

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AFP

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