ACNUR manifiesta su preocupación por la situación humanitaria en las comunidades del Pacífico colombiano

BOGOTÁ, Colombia, 08 de marzo de 2017 (ACNUR) – La Agencia de la ONU para los Refugiados – ACNUR manifiesta su alta preocupación frente al incremento de situaciones de desplazamiento forzado y riesgo de desplazamiento que han afectado varias comunidades en las últimas semanas, en particular en la región del Pacífico colombiano, en la zona rural de Buenaventura y el Bajo Calima, en el departamento del Valle del Cauca; el Litoral del San Juan, Lloró, Alto Baudó, Domingodó en el departamento del Chocó; Timbiquí en Cauca; Santa Barbara de Iscuandé y la comunidad de El Pital (zona rural de Tumaco) en la costa pacífica nariñense, entre otros municipios, generando un alto riesgo para la integridad física y cultural de las comunidades. Resaltamos especialmente que han sido las comunidades afrodescendientes y los pueblos indígenas que habitan estos territorios quienes han sido principalmente afectados con estos desplazamientos.

De acuerdo con la información suministrada por autoridades locales, alrededor de 900 familias han sido víctimas de estos desplazamientos masivos. Los recientes combates en el Alto Baudó y en el Litoral San Juan son una muestra de las necesidades de protección que enfrentan estas comunidades. Durante los últimos años, la región de la costa pacífica se ha mantenido como una de las más afectadas por los desplazamientos masivos. De acuerdo al seguimiento de ACNUR, en el año 2016 se desplazaron 11.363 personas (3.068 familias) en esta región. En solo lo que va corrido del año, se han desplazado cerca de 3.549 personas (913 familias). En esta población, resultan especialmente afectadas las mujeres, los niños, niñas y adolescentes.

En el actual contexto de post acuerdo, las zonas tradicionalmente más afectadas por el conflicto armado presentan especiales riesgos por la disputa en el control que otros actores armados ilegales están ejerciendo sobre los territorios. ACNUR hace un especial llamado de atención a la necesidad de proteger a la población civil en este contexto y asegurar que estén dadas las condiciones de seguridad, voluntariedad y dignidad antes de adelantar eventuales procesos de retorno de las comunidades desplazadas.

ACNUR insta a las autoridades a fortalecer las medidas de atención, asistencia, prevención y protección dentro de los territorios afectados. Urge, así mismo, poner en marcha los planes de contingencia elaborados en el marco de los Comités de Justicia Transicional, así como la respuesta de otras instituciones nacionales.

ACNUR, que tiene presencia territorial a través de tres oficinas en la región pacífica, continuará apoyando a las autoridades y a las comunidades para atender los riesgos de protección que enfrentan y la necesidad de fortalecer una respuesta institucional integral frente a posibles escenarios de agudización de la violencia.