Ucrania: al entrar en el cuarto año de conflicto, persiste la incertidumbre para los desplazados

El siguiente contenido corresponde a las declaraciones formuladas hoy por un portavoz de ACNUR en una rueda de prensa en el Palacio de las Naciones, en Ginebra.

Raisa, jubilada de 79 años, atraviesa un puesto de control en la aldea de Marinka en el este de Ucrania. Raisa viaja para recoger sus pagos de beneficios sociales y acceder a la atención médica con su hijo discapacitado, lo que implica varios autobuses y esperar para cruzar la frontera de facto.  © ACNUR/Tania Bulakh

Mientras el conflicto en Ucrania entra en su cuarto año, cerca de 1,6 millones de desplazados internos ucranianos tienen importantes problemas para encontrar seguridad, vivienda adecuada y acceso a empleo.

El esporádico fuego cruzado en áreas cercanas a la línea de contacto continúa dañando las infraestructuras civiles, provocando nuevas necesidades humanitarias y creando riesgo de desplazamiento de población. La seguridad continúa siendo un importante motivo de preocupación para casi 800.000 personas que viven cerca de la línea de contacto en las regiones de Donetsk y Lugansk, en el este del país.

En junio de este año, el Servicio Estatal de Fronteras (SBGS) de Ucrania registró más de 1,1 millones de personas que cruzaron la línea divisoria en el este de Ucrania. ACNUR está preocupado por las dificultades relativas a la libertad de movimiento de los civiles, particularmente mientras cruzan la línea de conflicto. Frecuentemente hay largas filas y por ende, importantes retrasos en los puntos de control. Quienes esperan para cruzar tienen limitado acceso a servicios básicos, tales como agua potable, letrinas, albergues que les protejan de las condiciones climáticas y atención médica.

Esto crea una situación particularmente difícil para las personas con movilidad reducida o con necesidades específicas, tales como personas mayores y madres que efectúan el trayecto con niños. A principios de este año, ACNUR brindó asistencia técnica para mejorar las condiciones en todos los puntos de cruce y reducir así los periodos de espera en los mismos.

Desde inicios de 2016, cerca de 586.000 jubilados y personas mayores residentes en la zona de conflicto han dejado de tener acceso a sus pensiones como resultado de los procedimientos de verificación introducidos por el Gobierno de Ucrania. Esta decisión ha afectado a los grupos más vulnerables, ya que para muchos de ellos las pensiones y prestaciones sociales son su única fuente de ingresos.

Quienes viven en las áreas no controladas por el Gobierno deben registrarse como personas desplazadas internas ante las autoridades ucranianas para poder tener acceso a las pensiones y prestaciones sociales que legítimamente les corresponden.

ACNUR y sus socios abogan por garantizar que las personas desplazadas tengan pleno acceso a los servicios y prestaciones gubernamentales, incluidas pensiones y subsidios sociales, sea cual sea su lugar de residencia.

El desplazamiento sobre todo ha afectado a los grupos vulnerables, incluidas las más de 50.000 personas con discapacidad que se han visto obligadas a huir de sus hogares. Además de la falta de acceso a servicios básicos, estas personas a menudo se enfrentan a dificultades adicionales y discriminación a causa de su discapacidad, su origen étnico o sus creencias religiosas.

Por lo menos 40 comunidades que viven cerca de la línea divisoria tienen limitado acceso a los servicios médicos. Cerca de 150 centros de salud han resultado dañados desde el inicio del conflicto, y el personal médico ha abandonado el área.

Los niños en las zonas afectadas tienen limitado acceso a la educación debido a la situación de seguridad y al daño que han sufrido las escuelas. Por lo menos 700 colegios han sufrido daños desde el inicio del conflicto, de los que 55 se han visto directamente afectado desde el inicio del año. En 2017, 89 escuelas han podido ser reparadas con la asistencia de ACNUR.

El nivel de destrucción de las casas de los civiles ha sido significativamente más alto de lo esperado y, en algunas comunidades cercanas de la línea del frente, de 40 a 60 casas son dañadas cada semana. Más de 10.000 casas dañadas tienen que ser rehabilitadas. En 2017, ACNUR y sus socios en materia de cobijo han ayudado a reparar más de 1.000 alojamientos civiles, cifra que apenas representa una pequeña parte de las necesidades, ya que los continuos bombardeos y las peligrosas condiciones de seguridad dificultan el acceso a muchas zonas recién afectadas.

A principios de este año, ACNUR organizó en 10 regiones de Ucrania 123 grupos de discusión con la población afectada por el conflicto, incluyendo mujeres, menores huérfanos, personas con discapacidad y problemas médicos graves, y personas LGBTI. El informe con las conclusiones de estas evaluaciones participativas presenta informaciones de primera mano y testimonios directos de familias desplazadas.

Entre los problemas relacionados con la seguridad, el acceso a servicios básicos, vivienda, empleo y medios de vida, los residentes de las comunidades cercanas a las líneas de frente cuentan que las casas de civiles están siendo usadas con fines militares. El despliegue de combatientes y armas en áreas residenciales pone a la población civil en riesgo durante los combates.

ACNUR reitera su llamamiento a todas las partes involucradas en el conflicto para que aseguren la protección a los civiles y los asentamientos de civiles frente a las consecuencias de los combates y los bombardeos, así como para que restrinjan el uso de hogares de civiles para fines militares.

Consulta el informe con las conclusiones de la evaluación participativa, en su versión en inglés, aquí.