Redes comunitarias de refugiados ayudan a detectar la COVID-19 en Ecuador

El siguiente contenido corresponde a las declaraciones formuladas hoy por un portavoz de ACNUR en una rueda de prensa en el Palacio de las Naciones, en Ginebra.

Una familia de refugiados colombianos en Heyleen en los Andes ecuatorianos recibe ayuda de ACNUR, 17 de junio de 2020.   © ACNUR / Sebastián Narváez

Las redes comunitarias de refugiados están ayudando a detectar casos de COVID-19 en Ecuador, como parte de un Sistema de Vigilancia Epidemiológica Comunitaria (CESS) desarrollado por ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados.

El sistema está ayudando a garantizar la detección temprana y la derivación para el tratamiento de casos de COVID-19 entre la población de refugiados del país. Desde que se lanzó el sistema hace un mes, se han remitido más de 250 casos sospechosos a las autoridades sanitarias nacionales.

Aunque Ecuador otorga acceso a los servicios de salud pública a todos, independientemente de su nacionalidad o estado de residencia, el acceso no siempre es inmediato en la práctica. Algunos refugiados están alojados en zonas aisladas y remotas del país con servicios limitados, mientras que otros pueden desconocer sus derechos o temer ser multados por su situación irregular.

Esta innovadora estrategia de referencia de salud comunitaria se basa en las redes comunitarias humanitarias y de refugiados preexistentes del ACNUR para ayudar a identificar los casos de COVID-19 entre las comunidades de refugiados y migrantes.

La red está integrada por socios, organizaciones comunitarias y la sociedad civil, y complementa el Sistema de Vigilancia Epidemiológica existente del Gobierno para llegar mejor a los refugiados y migrantes, que tienden a moverse continuamente dentro del país.

ACNUR ha capacitado a seis organizaciones comunitarias dirigidas por refugiados y migrantes a nivel nacional para llevar a cabo vigilancia epidemiológica.

A través de líneas telefónicas directas, visitas domiciliarias y en la prestación de asistencia humanitaria, el personal del ACNUR y los de otras 50 organizaciones humanitarias y comunitarias ayudan a monitorear e identificar casos sospechosos de COVID-19 entre la población de refugiados y migrantes y sus comunidades locales de acogida.

Una vez que el punto focal de la red comunitaria identifica los casos sospechosos, la información se registra en una base de datos privada en línea y se envía una alerta a los servicios de salud pública para dar seguimiento al caso y brindar tratamiento clínico o asesoramiento según corresponda.

Hasta la fecha, se han reportado más de 113.000 casos confirmados de COVID entre los 17 millones de habitantes de Ecuador. Las cifras oficiales registran poco más de 500 casos de COVID entre refugiados y migrantes en el país.

Más allá de la identificación de síntomas, el Sistema de Vigilancia Epidemiológica Comunitaria también recupera información importante. Tiene en cuenta si las personas derivadas tienen acceso a equipos de bioseguridad, viven en alojamientos superpoblados y tienen otras necesidades o afecciones relacionadas que puedan requerir atención médica adicional, por ejemplo, mujeres embarazadas, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas. Esto es clave para permitir que las organizaciones humanitarias brinden asistencia personalizada.

ACNUR también ha lanzado iniciativas de salud comunitaria similares en toda América Latina, incluyendo a Colombia, Perú, Chile y Costa Rica.

Ecuador es el hogar de casi 70.000 refugiados reconocidos, la mayoría de Colombia, además de unos 400.000 refugiados y migrantes de Venezuela.

Los impactos de la pandemia de COVID-19 ahora están dejando a muchos en condiciones extremas, sin ninguna fuente de ingresos, en riesgo de quedarse sin hogar y con acceso limitado a servicios sociales y de salud.

Los datos del último análisis conjunto de necesidades realizado por el Grupo de Trabajo sobre Refugiados y Migrantes en Ecuador, que forma parte de la Plataforma Regional de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela (R4V), muestran que el 20 por ciento de los venezolanos encuestados con problemas médicos no pudieron acceder a la atención médica y 8 de cada 10 hogares encuestados estaban desempleados.

ACNUR está pidiendo apoyo internacional para ayudar a los países de acogida de refugiados, gravemente afectados por la pandemia de COVID-19, a responder a esta emergencia de manera inclusiva.

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