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Garantizar los derechos de los marineros nómadas

Historias

Garantizar los derechos de los marineros nómadas

Un programa de documentación que cuenta con el apoyo de ACNUR pretende garantizar el acceso del pueblo indígena Sama Bajau a educación, atención sanitaria y alojamiento en Islas Filipinas.
25 Septiembre 2019
Wanita Arajani (segunda por la izquierda), de 70 años, con su familia en la comunidad de reasentamiento de Valle Vista en Filipinas.

Cuando era joven, Wanita Arajani vivía según las tradiciones de su pueblo nómada, que se desplazaba en barco desde Filipinas a Malasia e Indonesia y vivía del mar. Pocos iban a la escuela, aprendían a leer y escribir o tenían nacionalidad.


“Antes, tener un certificado de nacimiento no era importante ni una prioridad”, explica Wanita, que ahora es una abuela septuagenaria, sentada ante su casa de madera sobre pilones al este de la ciudad de Zamboanga, en Filipinas, donde ahora vive su familia.

Ese modo de vida cambió de golpe en 2013, cuando estalló el conflicto en Zamboanga después de que activistas armados trataran de reivindicar su autonomía. Los enfrentamientos resultantes empujaron a la familia y a miles de personas más a buscar refugio en centros de evacuación gestionados por el gobierno.

Los maestros de los centros de evacuación animaron a las familias a enviar a sus hijos e hijas a las escuelas cercanas. Fue entonces cuando Wanita se enteró de que su nieta iba a necesitar un certificado de nacimiento para poder continuar dentro del sistema educativo.

También aprendió que la documentación resultaría vital para que los miembros de la familia evitaran ser arrestados durante reconocimientos de seguridad, además de dar acceso a alojamiento y sanidad en las Islas Filipinas para esta comunidad marginada durante años.

“Nos ha resultado muy difícil acceder a los servicios y siempre temimos ser discriminados”.

“Nos ha resultado muy difícil acceder a los servicios y siempre temimos ser discriminados por ser Sama Bajau”, explica Wanita. “Pero cuando recibamos un certificado de nacimiento nos sentiremos más respetados y podremos vivir una vida con mayor dignidad. Me sentiré valorada como ciudadana”.

Filipinas es el único país del sudeste asiático que ha adoptado un plan de acción nacional contra la apatridia. Los Sama Bajau han sido identificados como una de las cinco poblaciones en situación de riesgo. Se estima que solo en Zamboanga viven entre 10.000 y 15.000 Sama Bajau, en torno al 85% de los cuales carecen de certificado de nacimiento.

Como parte de un impulso coordinado para resolver esta situación, la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) viene colaborando estrechamente con la comunidad, las autoridades del gobierno local y la Comisión Nacional de Pueblos Indígenas desde 2016.

Un proyecto piloto que cuenta con el apoyo de ACNUR y UNICEF, que dará comienzo en octubre, pretende inscribir a 1.500 miembros de la comunidad. En estrecha colaboración con las autoridades gubernamentales, entre ellas una unidad móvil del Registro Civil, se pretende que las familias reciban la documentación pertinente a mediados de diciembre.

“Cuando consigan sus documentos identificativos tendrán mejores oportunidades, en especial por lo que respecta al acceso a alfabetización y a una educación”, explica Meriam Palma, asociada de protección de ACNUR en el terreno cuyo trabajo se centra en cuestiones de apatridia.

“Para ellos, poder hacer valer sus derechos como tribu y como pueblo constituye una herramienta muy importante”, añade.

Antes de que este proyecto se pusiera en marcha, Wanita ya había conseguido un certificado de nacimiento para su nieta Pirina, de 15 años; lo necesitaba para terminar la escuela elemental y acceder al instituto.

Pirina, de 15 años, pertenece a la comunidad indígena Sama Bajau en el sur de Filipinas y corría el riesgo de ser apátrida. Ahora que posee la ciudadanía, puede asistir a la escuela secundaria.

“Soy la única de mi familia que ha terminado la enseñanza elemental”, cuenta Pirina: la fotografía de su graduación ocupa un lugar de honor en la pared del hogar familiar.

Cuenta que le encanta la escuela porque le gusta aprender y porque los maestros son buenos y amables con ella. También tiene claro cómo un certificado de nacimiento la ayudará en el futuro. “Será más fácil poder solicitar puestos de trabajo y encontrar un empleo”.

“Eres la esperanza de nuestra familia”, interrumpe su abuela. “Yo no sé leer ni escribir, todos nos aferramos a ti para que nos ayudes”.

Wanita también está emocionada porque el resto de su familia se pueda beneficiar muy pronto del proyecto piloto.

“El futuro se ve con más claridad. Es como si nos estuvieran dando una lámpara de aceite para iluminar el camino”. 

“Estoy muy contenta. Me siento en paz”, dice. “Aunque ya es demasiado tarde para mis hijos e hijas, voy a centrar todos mis esfuerzos en asegurar que todos mis nietos y mis nietas puedan ir a la escuela. Siento que es una nueva esperanza para que tengan una vida mejor. Mientras viva, haré todo lo posible por enviarlos a la escuela”.

Los Sama Bajau consideran al mar como su hogar y vivir lejos de él no es una opción. Se vieron obligados a desplazarse por aplicación de la Ley del Sistema de Áreas Nacionales de Protección Integral, que declaró una serie de zonas protegidas libres de construcciones, entre ellas la cosa en la que viven. Pero en tierra firme también es fundamental que tengan derechos.  

“El futuro se ve con más claridad. Es como si nos estuvieran dando una lámpara de aceite para iluminar el camino y traernos esperanza”, dice mientras esboza una gran sonrisa.

Millones de personas en todo el mundo están en situación de riesgo de apatridia, como Wanita, y millones más son apátridas no reconocidas por ningún país como ciudadanos. Esto puede suponer que cosas básicas que la mayoría dan por sentadas, como la libertad de movimiento, el acceso a tratamientos médicos, educación, busca de empleo o incluso comprar una tarjeta SIM para un celular, se conviertan en una lucha cotidiana.

Para saber cómo puede marcar una diferencia en las vidas de personas como ella, únase a la Campaña #YoPertenezco de ACNUR para acabar con la apatridia en el plazo de 10 años.

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