Mientras las crisis en África subsahariana obligan a huir a cada vez más personas, ACNUR pide mayores esfuerzos para la ruta del Mediterráneo

Una familia de refugiados sudaneses de Darfur junto a su bebé recién nacido en su hogar en Trípoli, en Libia.   © ACNUR / Mohamed Alalem

ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, advierte que la comunidad internacional debe hacer más para salvar las vidas de las personas refugiadas que emprenden las arriesgadas rutas hacia el Mediterráneo y publica hoy su plan de acción estratégico para 2021 y su correspondiente llamamiento para dar respuesta a esta situación.

Profundamente preocupado por la escalada de los conflictos y la magnitud de los desplazamientos en el Sahel, por los nuevos movimientos de población en África Oriental y el Cuerno de África, por el aumento de las llegadas por mar hasta las islas Canarias y por el fallecimiento registrado de al menos 1.064 personas en el Mediterráneo central y occidental solo en 2020, ACNUR solicita algo más de 100 millones de dólares (USD) para reforzar la protección a las personas refugiadas en los países africanos de la ruta hacia el Mediterráneo. Ofrecer alternativas seguras y viables a estos peligrosos viajes marcados por los abusos y la muerte es la prioridad absoluta.

Se estima que la violencia en el Sahel ha obligado a huir hasta ahora a 2,9 millones de personas. Ante la falta de perspectivas de paz o estabilidad en la región, es muy probable que se produzcan nuevos movimientos de población. Frente al desplazamiento prolongado, a las difíciles condiciones en los países de acogida limítrofes en los que buscaron protección, al impacto económico continuado de la pandemia de COVID y a la falta de alternativas viables, muchas personas siguen emprendiendo peligrosas travesías por mar rumbo a Europa. Es muy probable que persista el riesgo de trata y de abusos, tales como los secuestros a cambio de un rescate, el trabajo forzado, la servidumbre sexual y la violencia de género en manos de redes de trata y pandillas criminales.

“Escuchamos angustiosos relatos de primera mano de los abusos y la brutalidad que las personas refugiadas y migrantes padecen a lo largo de las rutas hacia el Mediterráneo. Muchas caen presa de redes de trata y tráfico de personas y sufren abusos, extorsión, violaciones y, en ocasiones, son asesinadas o abandonadas a su suerte para morir”, explicó Vincent Cochetel, Enviado especial de ACNUR para la situación en el Mediterráneo central.

“Muchas de estas personas están huyendo de la violencia y la persecución y presentan urgentes necesidades de protección. Es fundamental que reciban, en los países a los que huyen inicialmente, un apoyo y una protección que pueden salvarles la vida”.

La estrategia de ACNUR pretende incrementar la atención, la identificación y la asistencia a personas refugiadas a lo largo de la ruta, así como mejorar el acceso a educación y medios de vida en los países de asilo. También se da prioridad a la evaluación de las necesidades en materia de protección para las personas que se encuentran en zonas remotas y aisladas, y al aumento de la asistencia mediante ayuda económica en efectivo a personas refugiadas vulnerables en entornos urbanos.

Con objeto de reducir el recurso a peligrosas travesías a través de tierra y mar, ACNUR hace un llamamiento a los Estados para que refuercen las vías legales y seguras para las personas refugiadas, como por ejemplo la reunificación familiar, y para que fomenten el uso de los dos Mecanismos de Tránsito de Emergencia existentes en Ruanda y Níger para personas evacuadas desde Libia, con objeto de facilitar soluciones duraderas. En respuesta a los abusos denunciados, ACNUR pretende también ampliar el apoyo y los servicios a supervivientes y facilitar un mejor acceso a la justicia. También se redoblarán los esfuerzos para informar y alertar a las poblaciones desplazadas acerca de los riesgos de las travesías, así como sobre los servicios disponibles a nivel local.

En 2021 ACNUR espera identificar y asistir a más personas refugiadas a lo largo de estas rutas y en los países de acogida, además de reforzar el acceso y la prestación de protección para los supervivientes de abusos.

 

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