Desplazamiento en Centroamérica

La cifra de personas refugiadas y solicitantes de asilo del Norte de Centroamérica (NCA) ha aumentado en los últimos cinco años.

El empeoramiento en el crimen y la violencia, fomentados por los carteles de drogas y las pandillas, son responsables por este aumento, así como la fragilidad institucional y la creciente desigualdad.

En Nicaragua, la persecución política y las violaciones a los derechos humanos han provocado una nueva ola de desplazamiento a gran escala.

 

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Más de 353.000 personas

refugiadas y solicitantes de asilo del Norte de Centroamérica en todo el mundo (cifras gubernamentales para finales de 2018)


Más de 31.300

solicitantes de asilo en México solamente en 2019


Más de 245.000

personas desplazadas internas en Honduras y El Salvador (cifras gubernamentales)


Más de 80.000

solicitantes de asilo de Nicaragua en todo el mundo (cifras gubernamentales)

La difícil decisión que deben tomar miles de familias y jóvenes en Centroamérica es huir o morir. Ellos se ven obligados a dejar sus hogares y poner sus vidas en riesgo al realizar peligrosos recorridos, solo para poder encontrar a un lugar seguro para vivir. A menudo llevan solamente la ropa que tienen puesta, cargando serios traumas y con urgente necesidad de recibir apoyo.

“Teníamos nuestra propia panadería en El Salvador, hasta que llegaron las pandillas, y ya no pudimos seguir vendiendo nuestro pan. Nos amenazaron hasta que salimos del país”.

Raúl*, de 65 años, huyó con su familia desde El Salvador al vecino país de Guatemala

Un creciente número de personas de Centroamérica se están viendo obligadas a dejar sus hogares. A nivel mundial, la cifra de personas solicitantes de asilo de El Salvador, Honduras y Guatemala creció en un 20 por ciento en 2018. Ellas huyen de la violencia, las amenazas, la extorsión, el reclutamiento de las pandillas o la prostitución, así como de la violencia sexual y de género (VSG), agravados por la inestabilidad socio económica y la pobreza. Las personas lesbianas, gays, transgénero, e intersex, conocidas colectivamente como LGBTI, también están huyendo de la persecución. Muchas otras personas se desplazan dentro de su propio país o han sido deportadas de vuelta a sus países, a menudo llegando a situaciones de peligro.

Mientras tanto, la crisis política en Nicaragua desde abril de 2018 ha llevado a decenas de miles de personas a huir de la violencia y las violaciones de los derechos humanos, la mayoría a la vecina Costa Rica. A un año de la crisis, más de 80.000 nicaragüenses han abandonado su país en busca de un lugar seguro.

En general, más de 430.000 personas del NCA y Nicaragua han sido desarraigadas de sus hogares. Los países y comunidades de acogida en Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México y Panamá han estado haciendo todo lo posible para acoger a quienes se ven obligados a huir, más de 120.000 solamente en 2018. Con nuevas políticas para regularizar su estadía y permitir su rápida integración, miles de personas han podido comenzar de nuevo sus vidas. Sin embargo, este aumento constante de personas en busca de un lugar seguro está sobrepasando la capacidad de las comunidades de acogida, lo que limita los servicios, ya sobrecargados, que también sirven a la población local.

“Este proyecto para mí significa esperanza. A pesar de que tuvimos que dejar nuestro país, tenemos la oportunidad de hacer realidad un sueño en nuestras vidas”.

Isabel, hondureña de 56 años, que se está volviendo autosuficiente gracias a un proyecto de empleabilidad gubernamental y del sector privado en Guatemala.

¿Qué está haciendo ACNUR para ayudar?

Toda persona tiene derecho a vivir en condiciones de seguridad. Nadie debe ser obligado a dejar todo atrás, a enfrentar tragedias insondables o incluso a perder su vida, para encontrar un lugar seguro. Quienes temen la violencia y la persecución en su país de origen tienen derecho a buscar asilo, y trabajamos incansablemente en Centroamérica para que puedan hacerlo.

ACNUR trabaja con los siete gobiernos que lideran el Marco Integral Regional para la Protección y Soluciones (MIRPS), un enfoque nuevo y pionero para ayudar a las personas desplazadas a prosperar, no solo a sobrevivir, en el espíritu del Pacto Mundial sobre los Refugiados y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Trabajamos estrechamente con socios, incluyendo la sociedad civil y las parroquias, en comunidades desplazadas y de alto riesgo para aumentar su capacidad de recuperación y apoyar a quienes no tuvieron otra opción más que huir. También estamos alentando soluciones para las personas desplazadas internas, refugiadas, solicitantes de asilo y deportadas con necesidades de protección del NCA y Nicaragua.

Con este fin, nos esforzamos por ayudar a mejorar la capacidad de los países que reciben refugiados para brindar acceso a procedimientos de determinación de la condición de refugiado justos y eficientes. Estamos brindando apoyo a las redes y albergues seguros en Centroamérica y México para que la asistencia inmediata esté disponible para las personas que se desplazan y para que se identifique a las personas que necesitan protección internacional.

También trabajamos con otras agencias humanitarias y de desarrollo para asegurarnos de llegar a todas las personas en los países de origen, incluso a través de programas que buscan capacitar a las personas desplazadas internas, niños, mujeres, deportados con necesidades de protección, personas LGTBI y otras personas afectadas por la violencia. Brindamos apoyo vital y subsidios en efectivo para ayudar a las personas desplazadas a sobrellevar la situación.

Además, promovemos la integración local de los refugiados y solicitantes de asilo en sus países de acogida y les ayudamos a utilizar sus habilidades o aprender otras nuevas. También estamos invirtiendo en esfuerzos para frenar la xenofobia y promover la convivencia pacífica entre los desplazados y quienes les acogen.

“Siempre he sido una luchadora. No me quedaré quieta y ver cómo pasa mi vida frente a mí ”.

Sara *, una madre de 29 años y profesional en producción y distribución de alimentos, huyó a Guatemala con su esposo y su bebé. Se había unido a las protestas en Nicaragua y temía por la seguridad de su familia.

Para llevar a cabo este trabajo, ACNUR necesita una suma inicial de 44,5 millones de dólares en 2019 para continuar respondiendo a las necesidades inmediatas y persistentes de los desplazados internos, solicitantes de asilo, refugiados y deportados de NCA y Nicaragua. Estas actividades abarcan a los siete países más afectados, a saber, Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Panamá y México.